miércoles, 30 de octubre de 2013

Tren transpeninsular. Necesidad y oportunidad

Dulce María Sauri. El tema ha estado presente en los últimos siete años. El bautizado como “tren bala” en 2007, que habría de transportar en un abrir y cerrar de ojos turistas entre Mérida y Cancún, al paso del tiempo se volvió un modesto y realista “tren rápido”, que combinara carga y pasajeros. Bajo esta concepción obtuvo el beneplácito de dos candidatos a la Presidencia de la República en 2012. El triunfo de Enrique Peña garantizó su inclusión entre las 10 obras de arranque del sexenio, lo que llevó a los funcionarios de Comunicaciones y Transportes a contactar con las recién estrenadas autoridades estatales para iniciar el proyecto del Tren Transpeninsular (TT).

Parecía la oportunidad de Yucatán para contar con otra obra de infraestructura de gran impacto, como lo fue el puerto de altura de Progreso en la década de 1980 y la autopista de cuatro carriles a Cancún, en los 90. Estos grandes proyectos, concebidos como detonantes del desarrollo, salieron adelante a pesar de múltiples dificultades, entre las cuales su financiamiento no fue la menor. Ambas tuvieron una doble característica: por una parte, satisficieron una necesidad; por otro lado, puerto y supercarretera crearon una oportunidad para nuevas actividades económicas o el fortalecimiento de las que se venían realizando en condiciones desfavorables.

Considero que esos dos criterios -satisfacción de una necesidad; creación de una oportunidad- debieran regir las reflexiones sobre el proyecto TT. Contar con un eficiente sistema ferroviario se volvió una ventaja en la etapa de expansión industrial de México. Fue, por ejemplo, la enorme ventaja de Aguascalientes que, al declinar la importancia del ferrocarril vivió un periodo de decadencia económica del que salió gracias al establecimiento de la armadora Nissan. Lejos del mar pero con buenas comunicaciones, en particular ferrocarrileras, esta entidad es ahora una de las mejor desarrolladas de México.

El ferrocarril no es una novedad para el estado de Yucatán. Desde finales del siglo XIX la geografía peninsular se vio surcada por los llamados “caminos de hierro”, tanto los de “vía ancha” como de vías decauville que facilitaron la explotación de los henequenales. Aunque esta generación lo ponga en duda, Yucatán llegó a ser al principiar el siglo XX la entidad de la república con la mayor densidad de vías férreas, en una época en que el ferrocarril lo era todo, pues no existía la comunicación aérea y el transporte automotor se encontraba en pañales. Sin embargo, todas las rutas ferroviarias excepto una -la de Peto- tenían como función principal el traslado de la fibra de henequén hasta Progreso, para ser embarcada hacia distintos puertos del mundo. Después de la segunda guerra mundial, vino el desplazamiento de las jarcias e hilos de henequén por el plástico y los ferrocarriles yucatecos comenzaron a declinar de igual manera, empujados además por la competencia de los camiones de carga que le arrebataban las pacas de henequén para trasladarlas hasta las bodegas de las cordelerías.

Durante muchos años el ferrocarril fue el medio de transporte de carga y pasajeros más importante entre Yucatán y el centro de la república. Sin embargo, en forma más acentuada que en otras partes del país, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán perdieron relevancia, se fueron minimizando. No les agobio con los datos sobre la concesión que hizo el gobierno federal del Ferrocarril Chiapas-Mayab en 1999, sumando el sistema yucateco al chiapaneco, baste señalar que -desde entonces- Yucatán perdió el “cordón de vida” que representaba el ferrocarril para su intercambio con el país y con la frontera norte.

Y aquí es donde aparece la propuesta del TT, un proyecto que desata más dudas que certezas. No hay todavía respuesta a la pregunta sobre la necesidad que pretende resolver. Los flujos de personas -trabajadores, turistas- parecen estar atendidos con los autobuses que circulan en una supercarretera que luce subutilizada. En cuanto a la carga, además del combustible en que podría sustituir a los peligrosos doblerremolques, quizá algo de material de construcción podría ser transportado en sus furgones.

Dicen las malas lenguas que en realidad el proyecto busca impulsar un nuevo puerto en la Península, Calica, con el calado del que carece Progreso, a pesar de las obras que para mejorarlo se han anunciado. Claro que diseñarlo para recibir cruceros representaría una frontal competencia con Cozumel, plataforma de atención a estos enormes hoteles flotantes. A los propios empresarios quintanarroenses del ramo turístico, algunos supuestos simplemente no les “suenan”. Se preguntan, como muchos de nosotros, ¿por qué no se atienden los rezagos en el corredor Cancún-Tulum, construyendo (¡yá!) un tren ligero y el tan anunciado aeropuerto alterno, en Tulum?


Ahora tocó al secretario del Trabajo agitar el cotarro del TT con su comentario sobre la pertinencia de la rehabilitación de la conexión ferroviaria de Yucatán con el centro del país. ¡Qué bueno será si atienden la demanda del gobernador Zapata para comenzar poniendo en condiciones lo que ya existe! En un mundo ideal, con recursos presupuestales sin límite, se podría simultáneamente: rescatar el ferrocarril a Coatzacoalcos, completar y modernizar la vía Progreso-Riviera Maya y construir el tramo Cancún-Tulum. Sin embargo, la terca realidad señala que es necesario priorizar. Y en ese escenario, ni duda cabe, modernicemos y pongamos en condición óptima la vía Progreso-Mérida-ciudad de México (PMM). La PMM primero; después, el TT.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 23 de octubre de 2013

Mentes brillantes y corazón comprometido

Dulce María Sauri Riancho

La Selección Mexicana de Fútbol, a punto de quedar fuera del Mundial de Brasil. La reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, seriamente cuestionada como detonante del crecimiento económico y del empleo. Los maestros de la CNTE vuelven a bloquear vialidades en la ciudad de México. Surge el cólera en Hidalgo. Sube el precio del camión en Mérida. En medio de este ambiente, que combina crispación social y desesperanza, brillan algunas luces. El servicio de Unonoticias del viernes pasado alertaba: “… Niña de Tamaulipas, la próxima Steve Jobs: Revista Wired…”. ¡Vaya! me dije, algo bueno está pasando en un estado desgarrado por la violencia del crimen organizado. Presta a poner una inyección de optimismo en mi alicaído ánimo, me fui a revisar la nota en la prensa escrita del pasado fin de semana. Me encontré que Paloma Noyola, así se llama, había ocupado el primer lugar en la prueba Enlace aplicada a finales del ciclo escolar pasado por lo que, a juicio de los editores de la prestigiada revista, podría ser considerada dentro del grupo más prometedor para la innovación en la ciencia y la tecnología.

Paloma vive en Matamoros, ciudad a la que escuchamos nombrar con frecuencia ligada a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, pero muy poco aludida por su importancia en la industria maquiladora de exportación de México, en la que ocupa indudablemente un lugar central. Su casa se encuentra muy cerca del basurero, donde hasta hace dos años trabajaba su padre, quien falleció de cáncer de pulmón. Ella tiene que caminar dos kilómetros todos los días para tomar el microbús que la traslada a la escuela secundaria técnica donde ahora estudia. Cuando logró la hazaña de ser la estudiante más aprovechada del país en el difícil terreno de las matemáticas, terminaba su sexto de primaria. El reconocimiento nacional le había dado visibilidad ante las autoridades municipales, que le regalaron una laptop con servicio de internet y una beca de $500 mensuales para ayudar a su madre viuda con los gastos cotidianos del camión para la escuela. Parece que un solo día duró el gusto de la red wifi y el apoyo, después de cuatro meses, se interrumpió, no se sabe si porque concluyó la primaria o porque cambiaron las autoridades municipales.

De cada una de las circunstancias que rodean la vida de Paloma podríamos hablar: si las dificultades no la arredraron; del cariño de su padre que la escuchaba repasando sus lecciones, quizá sin comprenderlas; o de la madre, ahora viuda, que no ha dudado en apoyar a su hija menor para que siga estudiando, a pesar de las estrecheces y privaciones que sufre la familia.

También podríamos hacer un repaso de la actuación de las autoridades, de esa fea costumbre de la foto para el boletín del día siguiente y, después, si te vi ni me acuerdo… O de la manera como se asignan y hacen efectivas las becas a los mejores estudiantes y de la falta de seguimiento en los apoyos cuando cambian de nivel escolar, entre otras cosas. Sin embargo, amigos lectores, hay un personaje sin el cual no sería posible narrar esta historia. Invisibilizado por las nubosidades políticas que rodean a su gremio, Sergio Juárez Correa, maestro de la primaria “José Urbina López”, supo motivar a un grupo de niños a su cargo, a pesar de las difíciles condiciones materiales que los rodean, como mobiliario desvencijado, falta de material de apoyo y muchas otras carencias comunes a la mayoría de los planteles públicos del país. También el maestro Sergio se sirvió del internet para entrar y encontrar las enseñanzas de Sugata Mitra, que en vídeos de Youtube muestra la forma de abordar el aprendizaje de lo complejo, como las matemáticas, con un método dirigido a los niños en situación de desventaja.

¿Qué habrá pasado por la mente del maestro Sergio Juárez cuando decidió aplicar el “método Mitra” a sus alumnos? ¿Habrá sopesado las terribles desventajas que sufren, contrastando su condición con otros niños del mismo Matamoros o más aún, de los que viven en la vecina ciudad de Brownsville, Texas? ¿Qué lo inspiró para vencer la adversidad, a hacer a un lado las diferentes posturas acerca de la reforma educativa, que ha conducido a sus colegas a tomar las calles y a abandonar las aulas? Resiliencia es el concepto que ha acuñado la psicología para describir la capacidad de resistencia de las personas o de los grupos sociales ante situaciones de adversidad. Es como el árbol que se niega a morir a pesar de la sequía y que, año a año, entrega sus frutos.


Como Gabriel Arcángel Aldana Tun, el maestro de Abalá que aparece en el documental “De panzazo”, el profesor de Matamoros rescata lo mejor de la tradición del magisterio mexicano; de su imaginación, de su entrega y convicción sobre su papel protagónico en la vida de los pequeños a su cargo, en ese año que es el primero del resto de sus vidas. En esta ciudad de la frontera tamaulipeca hubo un encuentro entre dos mentes brillantes y un corazón comprometido, que ya cambió la vida de muchos más de dos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de octubre de 2013

A 60 años del voto femenino

Dulce María Sauri Riancho
Mañana jueves 17 de octubre se cumplen 60 años de la reforma a la Constitución que hizo posible el voto de las mujeres. Lograr este cambio fue una difícil tarea para nuestras abuelas, que tuvieron que luchar contra la incomprensión y los prejuicios por los cuales las mujeres estaban dedicadas al hogar, en tanto que los hombres eran responsables exclusivos de los asuntos públicos.

Cerremos un momento los ojos para imaginar un proceso electoral en el que solamente participaran hombres, como votantes y candidatos. Así era al iniciar el Siglo XX. Ni siquiera el gran sacudimiento que representó la Revolución mexicana, la misma que permitió acunar los grandes derechos sociales a la tierra, a la educación, al trabajo digno, dio para iniciar el largo camino hacia la igualdad, consagrando indubitablemente el derecho político fundamental de las mujeres a participar. Buenas para reinar en la casa, pero excluidas de los asuntos públicos.

En Yucatán, los dos Congresos Feministas de 1916 conminaron al Constituyente de Querétaro a reconocer ese derecho político fundamental, sin el cual no se pueden construir los demás derechos. Pero la audacia de los diputados encontró su límite en los prejuicios, que señalaban como poderoso argumento la impreparación femenina y su incapacidad para tomar determinaciones por sí mismas, sin obedecer las consignas del esposo, padre, o en casos extremos, del hijo varón y hasta del cura.

Elvia Carrillo Puerto no sucumbió a la decepción de Querétaro y del flamante nuevo orden legal. En Yucatán, ella y otras dos compañeras fueron electas diputadas al Congreso del Estado, sólo que esa Legislatura cayó en el rejuego político tras el asesinato del gobernador de Yucatán, Felipe, su hermano, por lo que la historia escrita sólo recogió migajas de lo que fue la primera participación femenina en unas elecciones en México. Elvia no cejó. En San Luis Potosí, poco tiempo después, fue candidata y ganó, pero ¡oh sorpresa!, la elección fue anulada, tal vez porque una mujer había ganado. Ella y otras más siguieron por años, que pronto se volvieron décadas, empeñadas en conseguir lo que consideraban como fundamental: votar y poder ser electas. Una decepción más se agregó en 1938, cuando la reforma se quedó en la orilla, a pesar de que el presidente Cárdenas había dado muestras sobradas de su determinación para transformar el orden prevaleciente en aras de hacer justicia. La vocación revolucionaria no alcanzó para los derechos de las mujeres.

Fue hasta 1952 cuando Adolfo Ruiz Cortines, candidato en campaña, se comprometió a impulsar el derecho de voto de las mujeres. Y cumplió. Fue la primera iniciativa que envió al Congreso de la Unión al iniciar su mandato.

Seis décadas han pasado desde entonces. Todas tenemos derecho a votar y lo ejercemos en mayor proporción que los hombres, tal vez porque nos dio mucho trabajo obtenerlo. Cientos de mujeres han sido electas en estos años como senadoras, diputadas, regidoras, presidentas municipales y unas cuantas, muy pocas, gobernadoras. Desde luego que no es suficiente, porque la desigualdad y las desventajas por su condición de género todavía son padecidas por muchas mujeres en los distintos órdenes de la vida colectiva.

Algunas experiencias recientes en Yucatán, por los malos resultados obtenidos, quizá lleven a preguntarse si vale la pena promover la participación femenina en la política. Mi respuesta es categórica: sí. Importa poco que algunas actúen con los más exacerbados defectos masculinos en un cuerpo de mujer. Las “cuotas” de candidaturas son medidas de carácter temporal, que deberán permanecer en tanto desaparecen las desventajas que hasta ahora enfrenta el género femenino. No importa que algunas de las actuales representantes tuerzan la nariz frente a la idea de fijar un porcentaje determinado de las candidaturas para mujeres porque la idea de “cuotas” devalúa, así lo piensan, sus logros.

Esta incomprensión, mezcla de ignorancia y de soberbia, no cierra el paso a la necesidad de seguir luchando para que los mecanismos legales que obligan a los partidos a incluir a las mujeres se perfeccionen. Por eso, bienvenida la toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto, cuando en días pasados anunció su determinación de promover una reforma para que el Cofipe establezca la paridad, es decir, mitad de las candidaturas para ellas, mitad para ellos, como está integrada la sociedad. Es cierto que una ley o una reforma no cambia automáticamente la realidad. Pero también lo es que si la ley abre la puerta, es menos difícil transformar las prácticas culturales que han consagrado la desigualdad entre mujeres y hombres.

El pasado mes de marzo, el Senado de la República instituyó la Medalla “Elvia Carrillo Puerto”, destinada a honrar a aquellas mujeres que se hayan distinguido en la promoción del pleno ejercicio de los derechos que nos corresponden como seres humanos.

El Poder Legislativo honra en Elvia la lucha de muchas; el Ejecutivo lo hará al impulsar las reformas al Cofipe, pero también aumentando el número de funcionarias de primer nivel.

Ojalá que en la rebambaramba que se espera rodee la discusión de la enésima reforma electoral que se está fraguando, no suceda un “accidente” que descarrile las intenciones de ampliar los espacios de participación de las mujeres. Nosotras no éramos ariscas, pero la experiencia nos ha enseñado a leer con atención la “letra pequeña” de los asuntos políticos. Así lo haremos en los próximos días.- Mérida, Yucatán.

viernes, 11 de octubre de 2013

Adiós al federalismo

Dulce María Sauri Riancho

Desde la escuela primaria aprendemos que México es una república federal. Significa que los 31 estados han suscrito un pacto en la Constitución para mantenerse unidos, en cuanto a su régimen político y los grandes sistemas de justicia, seguridad, recaudación, entre los más importantes. Al mismo tiempo, el sistema federalista otorga a las entidades la soberanía respecto a su organización interna, lo que significa que cada una puede dictar las modalidades que su condición, tradiciones y costumbres le señalen, a través de sus congresos.

No voy a agobiar este breve comentario con reminiscencias de las cruentas luchas del pasado. El resultado es que, hasta nuestros días, en la Constitución prevalece el sistema federal, aunque en la práctica cotidiana por largos años se asemejó al sistema centralista preconizado por los derrotados conservadores. La realidad muestra que en la recaudación y el gasto predomina esta tensión permanente: somos federalistas, pero recaudamos como centralistas. Más aún: hasta finales del siglo pasado, el presupuesto público se gastaba fundamentalmente a través de los programas y las dependencias federales, en tanto que las tesorerías de los estados vivían en crónica pobreza, dependiendo de las participaciones en impuestos federales.

Cobrar no es fácil, ni administrativa ni políticamente. Por eso, a partir de los años 80 los esfuerzos de los gobernadores estuvieron encaminados a lograr que una cantidad creciente de los fondos federales fuera entregada a los estados para su aplicación. Parecía que íbamos hacia un modelo en que el gobierno federal centralizaría la recaudación -sería el cobratario mayor- en tanto que los estados serían responsables del gasto. Uno de los argumentos más poderosos para “federalizar” el gasto era la mayor capacidad de los gobiernos estatales y municipales para conocer las necesidades de la población por su cercanía.

No es de extrañar entonces que los cambios administrativos de mayor calado en esta materia se hayan realizado al calor del creciente pluralismo político y de las crisis económicas que azotaron con fuerza en 1982 y 1995. Un paso fundamental aconteció en 1997, cuando en la Cámara de Diputados, con mayoría opositora al PRI por primera vez en la historia, los legisladores aprobaron la creación del Ramo 33 del presupuesto federal, a través de cuyos fondos y programas se inició la transferencia de un importante monto de recursos para ser aplicados por los estados y los municipios.

En el papel era estupendo: que los directamente involucrados recibieran el dinero, consideraran las obras a realizar, vigilaran su ejecución y rindieran permanentes cuentas a la ciudadanía. No sucedió así. Las denuncias de malversación y desviaciones de fondos públicos han menudeado, sin que la inmensa mayoría de éstas hayan merecido la atención del aparato de justicia.

En unas cuantas semanas, los diputados estarán discutiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, una vez que haya sido aprobada la Ley de Ingresos. La iniciativa del Presidente de la República contiene dos elementos que son un reconocimiento tácito del fracaso de la política de descentralización del gasto público a estados y municipios. Uno, muy importante, es volver a concentrar el pago a maestros de todo el país. El otro, no menor, tiene que ver con el Seguro Popular; las medicinas que se compran para atender a los asegurados, que son aquellos que no tienen acceso al IMSS o al Issste, dejarían de estar a cargo de los gobiernos estatales y serían concentradas en gigantescas adquisiciones, responsabilidad de las autoridades de salud federal. Atrás de estas medidas aparecen las cifras enormes de comisionados sindicales; las negociaciones salariales con montos y prestaciones muy elevadas, sólo para eliminar el problema político magisterial del radar estatal. Y en el sector salud, los escándalos sobre desviaciones y presunto peculado con la adquisición de medicamentos y equipos han azotado como un poderoso virus muchos de los sistemas estatales de todo el país. Tal parece que la administración federal renuncia, de manera implícita, a poner en funcionamiento los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que formalmente tienen todos los estados.

Esto nos lleva al frente político-electoral, donde el PAN y el PRD, firmantes del Pacto por México, exigen la realización de una reforma política previa a las demás reformas, incluidas la fiscal y la energética. Una de las piezas fundamentales de la propuesta bipartidista es la desaparición de los institutos electorales estatales (el Ipepac, en el caso de Yucatán), para ser absorbidos por un Instituto Nacional de Elecciones, responsabilizado de organizar todos los procesos locales y federales. Dicen, y quizá con razón, que los gobernadores se han apropiado de los órganos electorales locales, incluyendo sus tribunales; que no será posible mejorar la calidad de la democracia si prevalece esta situación, por lo cual proponen eliminar los órganos locales y concentrar -otra vez la palabra mágica- las responsabilidades en un órgano nacional, más difícil de cooptar por parte de los ejecutivos estatales.


Dice el refrán que hay que cuidarse de “tirar el niño con el agua sucia”. Si imaginamos al federalismo como el infante, y a la mugre como la corrupción y malos manejos que han invadido el qué hacer público, tal parece que las propuestas de centralización y concentración del gasto y de los procesos electorales erosionarán en buena medida a uno de los pilares del federalismo. Decidir y actuar por exclusión, sin combatir las causas por las que las instituciones no cumplen, sólo hará posible la reproducción de los vicios y corruptelas que supuestamente se quieren combatir, ahora a una escala mucho mayor. ¿Quién cuida al gran cuidador? Esa es la siguiente pregunta.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 2 de octubre de 2013

Renegociación y cambio de sede

Dulce María Sauri Riancho

Preguntas y polémica: con estas dos palabras podemos describir lo que sucede en torno a dos temas que concentran la atención de una parte de la opinión pública yucateca. Me refiero a la iniciativa de renegociación de la deuda del gobierno estatal y a la propuesta de reubicación del Carnaval de Mérida. Una reestructuración y consolidación de los pasivos estatales, dicen los representantes del Ejecutivo, hará más manejable el pago de intereses con cargo al erario. Una nueva sede para las carnestolendas meridanas, dicen sus promotores, hará que recupere el brillo y esplendor perdidos al paso de los años o, al menos, no dañará la principal avenida de la ciudad ni a los negocios hoteleros y turísticos que funcionan en su entorno.

Creo que ni una ni otra propuesta abordan los problemas de fondo, por lo que considero que este debate brinda también la oportunidad de realizar una reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos ser, más allá del análisis crítico de las medidas que se proponen. Veamos por partes.

Renegociar con los bancos comerciales mejores condiciones para la deuda pública estatal es, a todas luces, una medida atinada. Entre los beneficios tangibles estaría “lanzar” (así se dice en el argot) los compromisos financieros a 20 ó más años. A corto plazo, el gobierno quedaría en posibilidad de cumplir sus compromisos presupuestales y, tal vez, sólo tal vez, hasta podría disponer de un excedente para dedicar a la inversión productiva y al desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, no se puede dejar de pensar en el largo plazo, puesto que la capacidad de endeudamiento gubernamental en el futuro se vería limitada. Claro que, como decía John Maynard Keynes cuando se refería a este dilatado horizonte temporal: para entonces todos estaremos muertos. Pero entonces como ahora, habrá gobierno que requerirá hacer frente a las necesidades y demandas de la población.

El tema central del debate sobre la deuda estatal ha sido y sigue siendo la insuficiente y poco satisfactoria información sobre el destino de los recursos que se contratan. ¿Por qué fue necesario endeudarse, con qué monto? ¿Cuáles fueron los proyectos que se financiaron con esos recursos? ¿Qué correctivos se han aplicado para no incurrir en déficit y endeudamiento? Una precisión más, ¿a cuánto asciende la deuda consolidada del gobierno del estado? En esta cifra se deberían incluir los adeudos del Issstey, el crédito del BID para la remodelación del centro de Mérida, entre otros, que la opinión pública yucateca conoce sólo por reportajes periodísticos.

Otro tanto pasa con el Carnaval de Mérida. Las voces de quienes promueven su exilio hasta Xmatkuil señalan que no es una fiesta atractiva para el turismo; que los visitantes, si llegan, lo que encuentran es una gigantesca cantina que funciona durante cinco días en el corazón de la capital del estado. ¿Se trata entonces sólo de cambiar su ubicación para que las “buenas conciencias” no vean ni registren los lamentables espectáculos producto del exceso de bebidas etílicas? No sólo es la cuestión de la localización o el derrotero de los desfiles de carnaval lo que debe analizarse, sino las razones que han conducido a que una fiesta popular, de gran tradición para quienes vivimos en Mérida, se haya vuelto motivo de agravio y perjuicio para un sector de la ciudadanía. Que sigan bebiendo, pero ya no en Montejo. Que sigan las bocinas reproduciendo a volúmenes altísimos la música, siempre que no hieran los oídos de los vecinos y de los turistas alojados en los hoteles de la principal arteria citadina. ¿De eso se trata? Si el Carnaval es una celebración insatisfactoria para un sector de la sociedad, en el que parecen estar incluidas algunas autoridades, tanto estatales como municipales, ¿por qué no discutir un replanteamiento a fondo de las carnestolendas de Mérida? ¿Qué se hizo o dejó de hacer para que la sana diversión haya perdido prioridad frente a los intereses de las empresas cerveceras? ¿Cómo volverla atractiva para propios y visitantes? Quizá el problema de la concentración en el Paseo de Montejo, en calles del centro y el norte de la ciudad podría resolverse si se distribuyeran los puntos de atracción entre los barrios y las colonias de Mérida, conservando exclusivamente el desfile en su derrotero tradicional, en tanto que los innumerables puestos de venta podrían ser trasladados hacia los parques, a su vez transformados en sede de bailes y espectáculos para solaz de vecinos y visitantes. Éstas y otras muchas ideas podrían surgir de un debate informado, de cara a la ciudadanía. Momo puede ser expulsado del corazón de la ciudad. Lastimado y discriminado, condenado al destierro (¿al entierro, tal vez?) en Xmatkuil, sería manifestación fehaciente de que los intereses de la ciudad perdieron ante el poder de las cervecerías. ¿No es para impedir ese trastrocamiento de intereses que está el gobierno de la ciudad?


La renegociación de la deuda es buena; el Carnaval, también. Pero una y otro no pueden cumplir su función si no se revisa en serio y a fondo el origen de sus problemas. Si no es así, se tomarán medidas para paliar, nunca para sanar y mucho menos para fortalecer las finanzas públicas en un caso, y a una fiesta popular con una profunda raigambre social en el otro.- Mérida, Yucatán.