jueves, 30 de mayo de 2013

Influyentismo y abuso de poder. Lady Profeco y Ana María

Dulce María Sauri Riancho
Existe la sensación compartida en amplios sectores de la sociedad de que los abusos de poder de las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, forman parte de la vida diaria. Este paisaje de abusadores y abusados donde campea el silencio, rara vez es perturbado por un hecho que rompe la rutina de aceptación acrítica de un estado de cosas que a todas luces no es natural. Dos sucesos extraordinarios surgieron en las últimas semanas. Me refiero al conocido y publicitado incidente de “Lady Profeco” y al asunto del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su pareja sentimental.
Resulta que la hija del director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, ejerció su influencia sobre los subordinados de su padre en la Profeco para lograr que clausuraran el restaurante de moda en la ciudad de México porque no le habían otorgado la mesa en el sitio que ella quería. El acto de cierre y colocación de los sellos de clausura se hubiese consumado sin mayor trascendencia, si no fuera porque entre los clientes se encontraba un abogado que decidió poner sus conocimientos y energía para ayudar a los atribulados dueños y meseros. Dio aviso a la policía de la ciudad de México que acudió pronta para impedir un acto que ni siquiera contaba con el mínimo papeleo que lo sustentara. Al mismo tiempo, los comensales enviaron mensajes sobre lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Las redes sociales se activaron y surgió la frase #ladyprofeco, que sintetiza lo que “la hija de papá” hizo para saciar su coraje por no haber recibido la atención que a su juicio merecía. El escándalo creció en los siguientes días. Aunque él no dio la orden de intervención en el restaurante Máximo Bistrot, el padre de “Lady Profeco” fue destituido del cargo por el propio Presidente de la República. Las preguntas que rondan mi cabeza desde que me enteré de ese vergonzoso incidente eran: “¿Cómo se atrevió la hija a dar órdenes a empleados de su padre? ¿Por qué éstos la obedecieron?”. Prepotencia y subordinación formaron un coctel que hizo explosión sólo por el escándalo mediático y de redes que provocó. Y todavía más: si no hubiese obtenido esa amplia publicidad, ¿habrían actuado los jefes de Benítez como lo hicieron? ¿O simplemente “Lady Profeco” hubiese pasado a formar parte del anecdotario de prepotentes mexicanos?
El otro caso es más dramático y doloroso no sólo por la relevancia de una de las dos partes en conflicto, sino porque involucra a dos menores de edad -ocho y seis años- que, además, padecen autismo. El licenciado Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual ministro en retiro, presentó una demanda por fraude contra su ex compañera sentimental y madre de sus hijos David y Ulises, Ana María Orozco Castillo.
Con una prontitud y diligencia que son una verdadera excepción en la procuración de justicia, las autoridades del Distrito Federal procedieron a detener y encarcelar a Ana María desde junio pasado, quedando sus pequeños a cargo de su abuela que, para completar el gasto, trabaja como empacadora en un supermercado cercano a su domicilio. Más allá de los detalles que no pueden pasar inadvertidos, tales como la contratación hace 10 años de Ana María para prestar servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ni siquiera contaba con certificado de preparatoria, están las actitudes de los responsables de la procuración e impartición de justicia, en la parte penal y en la familiar. Resulta que jueces y magistrados son amigos del demandante, para quien guardan un gran respeto después de haber sido presidente de la SCJN. Este temor casi reverencial permitió en un tiempo récord poner a Ana María tras las rejas. Sólo los reportajes transmitidos en el popular programa de radio de Carmen Aristegui dando a conocer los hechos permitió arrojar los reflectores de la atención pública sobre lo que estaba pasando. Los calificativos de “influyentismo”, “abuso de poder” emergieron de inmediato en una sociedad harta de los excesos de los funcionarios, en activo o, como en este caso, jubilados. También tengo mi set de cuestionamientos sobre este penoso asunto: ¿En qué estaba pensando el ministro Góngora Pimentel cuando puso en juego toda su influencia para lograr el encarcelamiento de Ana María? ¿Hubiera seguido adelante con su intención de refundir en la prisión a la madre de sus hijos si no hubiese mediado el escándalo desatado por la información transmitida en muchos lugares del país?
En una sociedad democrática todos somos iguales, nos sentimos iguales y actuamos como iguales. Los funcionarios son “mandatarios”, es decir, personas a quienes otros, que somos nosotros, les dan órdenes y obedecen. La prepotencia significa el olvido de este principio básico. Dos personajes públicos recibieron en estos días una lección de la sociedad. Uno, porque fue destituido; otro, porque su imagen pública quedó con una mancha casi indeleble de desamor hacia quienes trajo al mundo. Sólo una verdadera transformación en la cultura que todos compartimos podrá poner un “hasta aquí” a aquellos/aquellas que abusan del cargo, que toleran o propician que su parentela lo haga. No nos olvidemos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY), entre el olvido y la memoria


En la vida cotidiana, enfrentada a los caudales de información que alimentan los medios masivos de comunicación y el internet, el olvido parece constituirse en el resultado del consumo de datos, imágenes y voces que llegan y se van apenas dejando huella en la memoria. Para perfeccionar la democracia como una forma de vida, es necesario combatir el olvido y dar paso a la memoria. En cierta forma, la Historia es la disciplina que la cuida, que se encarga de estudiarla y perpetuarla, por medio de las instituciones responsabilizadas de esta colosal e indispensable tarea: los centros de investigación, los museos, los departamentos y facultades de las universidades y significativamente, las bibliotecas y los archivos. El grado de avance de una sociedad también se mide por la calidad de sus instituciones culturales, muy particularmente de su sistema de bibliotecas y archivos.
¿Qué hacemos en Yucatán para preservar la memoria colectiva? En las bibliotecas, hemerotecas y en los archivos históricos, parroquiales, notariales, sucede cotidianamente este “milagro” que, muchas veces, no aquilatamos en su real dimensión. Me atrevo a llamarlo “suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa”, que es la definición de la Real Academia, porque sólo así podemos calificar a la acción de un puñado de investigadores, empleados y restauradores responsabilizados de nuestro patrimonio histórico en medio de difíciles condiciones materiales, administrativas y políticas. En especial, el Archivo General de Yucatán (AGEY) tiene la función de custodiar la documentación generada por las instituciones públicas yucatecas, de ordenarlas, clasificarlas y ponerlas a disposición de los investigadores y de toda persona interesada.
He tenido la ocasión de conocer de cerca la labor del Agey, hace 22 años como gobernadora, cuando equipamos la entonces recién restaurada morgue del Hospital O’Horán como su nueva sede; y hace poco tiempo, como usuaria, cuando elaboré mi tesis de Maestría en Historia. Como gobernante asumí su importancia, por lo que decidí nombrar como su directora a una doctora en Historia, con grandes méritos académicos y conocimiento de los archivos de México y Francia. Juzgué, y creo que con razón, que un trabajo de esta naturaleza requiere una alta especialización; que el mismo perfil de la persona que pondría a cargo daría un poderoso mensaje a la sociedad yucateca sobre la importancia que el gobierno del Estado que entonces encabezaba otorgaba a la preservación de la memoria colectiva. Que poner al frente a un/a improvisado, sólo por llenar la plaza burocrática, sería menospreciar su valor y dejar a un lado su trascendental papel para facilitar el conocimiento de la historia y la rendición de cuentas.
El vendaval burocrático que vivimos en el pasado gobierno estatal alcanzó al sistema de bibliotecas y archivos de Yucatán. La parte buena -tal vez la única- fue la inauguración y puesta en marcha en septiembre del año pasado de la Biblioteca Yucatanense, en el restaurado edificio del ex Diario del Sureste. La mala, muy mala, fue el abandono en el que quedó sumido el Agey. No es que hubiera gozado de la abundancia en la administración de Patricio Patrón, pero la escasez se volvió miseria en el gobierno siguiente. Fui testigo de la creatividad de los fieles trabajadores del Agey, que con una simple cámara fotográfica y un artilugio de su invención, fotografiaban los frágiles documentos para evitar su pérdida total y, a la vez, ponerlos a disposición de quienes los requirieran. También sufrí el desperfecto de los aires acondicionados, en la sala de lectura y en los recintos donde se resguardan los más valiosos documentos, que requieren de temperatura y humedad controladas, más en un clima como el nuestro. Conocí los fondos documentales que no han podido ser catalogados, a pesar del esfuerzo de los investigadores del Agey, porque no hay dinero disponible ni siquiera para adquirir las pastas de cartón especial para su clasificación. Y del espacio, mejor ni hablamos. Lo que hace 20 años lucía como suficiente y digno, ha sido rebasado adentro y afuera. Cientos, si no miles de cajas, están apiladas en espera de catalogación; no hay lugar (ni dinero) para nuevos anaqueles. Afuera, el ritmo de crecimiento del Hospital O’Horán ha acabado por “estrangular” al Agey que aparece como una isla entre vehículos y personas que acuden todos los días a este centro hospitalario. No creo exagerar si digo que el Agey está en espera de una intervención mayor del propio gobernador del Estado, que lo rescate de la asfixia del olvido y la indiferencia burocrática que lo ha asolado en los últimos seis años.
Piedad Peniche, su directora desde 1991, se retirará cuando concluya el mes de mayo. El nombramiento de quien habrá de sucederla será un indicador claro de las expectativas y el compromiso del gobierno de Rolando Zapata con la preservación de la memoria de Yucatán. Un burócrata más, que se asuma como “guardián de papeles viejos”, daría al traste con esa labor misionera realizada por muchas personas, durante muchos años, en las condiciones más adversas posibles. En cambio, un perfil de investigador reconocido, doctor en historia o especialista en archivonomía, que los hay y muy buenos, sería esperanza de que ahora sí el Agey vuelve por sus bríos como eje de la red de instituciones de Memoria de Yucatán.- Mérida, Yucatán.

jueves, 16 de mayo de 2013

Dobles remolques y la vida humana

Dulce María Sauri Riancho
Amanecía en San Pedro Xalostoc, una población cercana al Distrito Federal, cuando una enorme explosión hizo saltar de la cama a los vecinos. Una bola de fuego recorrió las casas más cercanas al lugar del impacto, matando a 24 personas, entre niños y adultos, y dejando lesionadas a más de 100. Resulta que un camión había perdido uno de sus dos remolques que transportaban gas. Desprendido de su “madrina”, el enorme cilindro giró hasta impactarse del lado contrario de la carretera, y como si fuera una gigantesca bomba voladora, explotó arrasando todo en un amplio radio del modesto poblado.
En los siguientes días las autoridades responsables de comunicaciones y transportes del país dieron números alarmantes sobre los accidentes acontecidos a los camiones de “doble remolque” en las carreteras, así como también de las colisiones en que estuvieron involucrados vehículos que transportaban material peligroso o tóxico.
¿Quién no ha visto circulando por las carreteras yucatecas a esos “ferrocarriles sin vías” que son los “doble-remolque”? Hasta hace poco tiempo, transitar de Mérida a Campeche era una pesadilla por el número de camiones que forman parte importante del flujo vehicular cotidiano. La gran diferencia es que estas “bestias de la carretera” conviven con autos familiares de todo tipo a los cuales con excesiva frecuencia “ni los ven, ni los oyen”, sólo los hacen a un lado del camino, si bien les va.
El periódico “Reforma” publicó hace unos días que entre 2008 y 2012, 142 personas murieron en accidentes en que estuvieron implicados camiones de doble remolque. En esta lista de horror destaca el fallecimiento de 44 trabajadores agrícolas que iban como pasajeros de un autobús en Veracruz en abril de 2012, luego de que el remolque de un tráiler se desprendió y lo impactó. Unos días antes habían fallecido seis estudiantes de la UNAM en viaje de prácticas, en un accidente muy parecido, en la carretera México-Toluca. El recuento consigna más de 20 accidentes en el lapso descrito, que comienza justamente cuando las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitieron la NOM-012, que regula las dimensiones y peso de los transportes de carga y que avaló este tipo de vehículos, prohibidos, por cierto, en la mayor parte del mundo. Las causas de los accidentes con protagonistas “doble-remolque” son muy variadas: choques frontales en carreteras de doble sentido (¿qué hacían allí?), alcances, volcaduras, pérdida de frenos o pérdida del control de la unidad por parte del chofer, por lo cual se “colea” e impacta a otros vehículos.
En cuanto al transporte de material peligroso, es decir, líquidos tóxicos como ácidos o gases, existen protocolos para realizarlos: peso máximo, tipo de camión, obligación de hacerlo por autopista, etcétera. Sin embargo, estos vehículos han estado involucrados en 1,200 colisiones entre 2006 y 2009, con un saldo de casi 200 personas fallecidas.
Después de esta terrible descripción, una pregunta salta de inmediato: ¿por qué no han intervenido las autoridades y prohibido tajantemente este tipo de transporte? Hay varias posibles respuestas, la principal de ellas tiene que ver con los costos. Ante la decadencia de los ferrocarriles surgió una extensa red de transporte por carretera; casi todo hasta la fecha se mueve por vías terrestres. Y mientras más grandes sean los contenedores, menos costos implican para los concesionarios transportistas. No importa que deterioren las autopistas por su peso; si lo dudan, vean el lamentable estado en que se encuentra el tramo Paso del Toro-Coatzacoalcos-Villahermosa, por ejemplo. Tampoco si son carreteras de dos carriles, inseguras para ellos pero mortales para los demás.
Me parece escuchar los argumentos de quienes se oponen a cambiar el actual estado de cosas: si retiran los dobles remolques van a subir los precios de los productos porque el transporte será más caro; además, habrá desabasto. Otros, ante la amenaza, estarán pensando en ampararse contra cualquier cambio en las reglas que perjudique sus intereses: si ya compraron los camiones e hicieron la inversión, ¿cómo les van a prohibir utilizarlos? Los más avezados en los vericuetos de la política, estarán aconsejando a los dueños de tractocamiones que esperen a que el tiempo vuelva a tender una manta de olvido en la memoria de la gente. No hace poco sucedió: después de dos accidentes muy comentados la SCT solicitó un artículo transitorio en la NOM 012 para suspender el tránsito de los “doble remolque”. Poco duró, pues la misma autoridad unos meses después, solicitó su derogación. Lo mismo ocurrió con la prohibición a este tipo de fletes durante los períodos vacacionales.
En estos días está finalizando la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. Reducir los costos de transporte y aumentar su calidad son cuestiones torales para el crecimiento económico. El ferrocarril y el transporte marítimo tienen un papel fundamental, junto con el transporte aéreo. Pero los dos primeros son los que pueden trasladar grandes volúmenes de carga a precios bajos y con mayor seguridad que los convoyes terrestres. Hay que decirlo fuerte: ¡exigimos que prohíban los “doble remolque”! Si tienen que utilizarse, que sólo circulen en las autopistas. Eso sí: de manera alguna se autorice que las sustancias peligrosas vayan en estos gigantescos monstruos que tantas vidas humanas han trozado.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de mayo de 2013

El caso del alumbrado de Mérida. Luz ¿opaca o transparente?


No era que tuviéramos una iluminación a la altura de una ciudad de “primer mundo”, pero al menos despejaba las tinieblas de las noches con una razonable eficiencia. La administración municipal anterior decidió cambiar las luminarias, es decir, los focos, de la totalidad de los postes y arbotantes de Mérida, con los argumentos de irradiar más luz y ahorrar en los pagos mensuales a la CFE. Ni uno ni lo otro sucedió. Impotentes, los vecinos vimos cómo se sustituyeron los modestos focos por los nuevos portadores de penumbras que, además, fallaban o fallecían de “muerte súbita”, condenando a la calle entera a la más completa oscuridad.
El camino que decidió recorrer el nuevo Ayuntamiento para restablecer la calidad del alumbrado público de Mérida tiene dos partes: una, dar por cancelado el contrato con la empresa encargada de arrendar el alumbrado y, dos, comprar las nuevas luminarias que sustituirán a las defectuosas o apagadas que cuelgan actualmente de los postes.
La decisión de dar por finiquitado el contrato con la empresa ABC Leasing conlleva cuando menos dos procesos judiciales: uno, un juicio mercantil por el tema del arrendamiento, promovido por la empresa que arrendaba las lámparas; y, dos, uno o varios procesos penales, destinados a deslindar responsabilidades de las y los funcionarios municipales que hayan incurrido en irregularidades a la hora de convocar la licitación, adjudicarla y contratar los servicios bancarios y financieros para pagar los más de 400 millones de pesos. Independientemente de la importancia que revisten estos juicios, a las y los ciudadanos nos corresponde solamente estar atentos al desempeño de las autoridades, tanto las municipales, que aportarán las pruebas, como de la Fiscalía General que investigará, como de las autoridades judiciales que habrán de desahogar los casos y establecer el grado de responsabilidad de los presuntos implicados.
La segunda faceta del caso de las luminarias podría implicar una gran participación de la ciudadanía. Más todavía si las autoridades municipales se decidieran a dar un salto hacia adelante y realizaran un ejercicio ejemplar de transparencia. Para sustituir las lámparas apagadas (se reportan 10 mil en ese estado) y como una manera de sustituir las 72 mil restantes sin poner en riesgo la continuidad del servicio de alumbrado, el Ayuntamiento propuso y el Cabildo aprobó la “compra directa”, esto es, sin que medie proceso de licitación abierta, sino por invitación de las propias autoridades municipales. Los regidores del PRI se opusieron a tal decisión, apoyándose en los riesgos de corrupción que conlleva una operación tan costosa y tan compleja.
Los argumentos de los regidores del PRI son lógicos y encuentran eco en la mente de las y los ciudadanos. Por eso el alcalde Barrera Concha se apresuró en proponer y convocar no a una, sino a dos comisiones: la primera, integrada por regidores y representantes de los partidos; la segunda, una “comisión ciudadana” integrada por técnicos especialistas y representantes de organizaciones sociales. No es suficiente. Urge un verdadero “golpe de timón” de las autoridades municipales, que genere certidumbre de que no se caerá en las mismas conductas que ahora se denuncian, además de asegurar una iluminación con la calidad que corresponde a nuestra ciudad capital.
La propuesta es muy simple. Se trata de que el alcalde Barrera Concha aproveche la complejidad del asunto para hacer un ejercicio ejemplar de transparencia y de rendición de cuentas, fincados en una estrategia de comunicación hacia la ciudadanía. En vez de multiplicar los intermediarios y de agregar elementos de desconfianza al “sospechosismo” que nos ahoga, que regrese a la esencia de la representación ciudadana y que informe, abierta, detallada y oportunamente, como en un gran pizarrón, a qué empresas invitaron, de dónde son, cómo se llaman sus socios, así como los años que tienen en el mercado. Que dé a conocer los requerimientos técnicos exigidos, en lenguaje sencillo y claro. Que sepamos si contemplan la existencia de una amplia vegetación en nuestras calles, que debe ser respetada, pero que no puede ser excusa para la penumbra del servicio. Una vez que resuelvan la adjudicación, que expliquen en idioma llano cuáles fueron las propuestas económicas y por qué se escogió tal o cual sobre el conjunto de las presentadas.
Y que la cosa no termine allí. Que la ciudadanía misma supervise, a través de los vecinos de cada colonia o fraccionamiento, la instalación de cada lámpara y que califique la calidad de la iluminación en cada sector de la ciudad, de cada calle, de cada cuadra. Que se reporten deficiencias y que se haga saber la atención de las mismas.
Actuar con absoluta transparencia e informar, sencilla fórmula que puede convertir el marasmo de insatisfacción, de dudas y de acusaciones, en un ambiente de confianza y de participación. Será la diferencia entre una luz opaca, sin vida, como la que tenemos ahora, y una luz transparente que irradie confianza y disipe las penumbras. Se podrá comprobar entonces qué fácil resulta gobernar cuando no se tiene otro interés que el de servir y qué sencillo es cumplir las tareas y vencer los retos, cuando sociedad y gobierno se saben partes de un todo y asumen el papel que les corresponde.- Mérida, Yucatán.

viernes, 3 de mayo de 2013

Tentaciones de los gobiernos


Como estrategia, la Cruzada contra el Hambre no es ninguna novedad. Desde hace un buen número de años han existido los programas gubernamentales de subsidios y apoyos para la población más pobre. La falta de coordinación federación-estados ocasionó duplicaciones y obstáculos tanto para las acciones federales como las de las propias autoridades locales. Pero dos grandes programas por sus recursos y su cobertura se han mantenido cien por ciento federales, es decir, que ningún gobierno estatal puede “meter mano” ni en su diseño y menos en sus recursos. Me refiero a Procampo y Oportunidades. El primero está dirigido a los productores rurales; el segundo, programa “estrella” de combate a la pobreza.
Oportunidades nació en 1997, bajo un gobierno priísta y con el nombre de Progresa (Programa por la Educación, la Salud y la Alimentación). De muchas cosas acusaron al PRI en la campaña de 2000, pero nunca hubo referencia alguna de nuestros opositores a que se estuviese utilizando electoralmente a Progresa. Claro que me podrán decir que apenas nacía, que beneficiaba “sólo” a un millón de familias, frente a las más de cinco millones que lo reciben ahora. La organización en torno a Oportunidades también se desarrolló y se hizo compleja en estos 16 años. Es una red gigantesca, necesariamente bien estructurada, porque requiere no sólo repartir el dinero de las becas, la ayuda alimentaria, los apoyos a adultos mayores, para combustible, etcétera, sino porque además tiene que asegurar que efectivamente los niños vayan a la escuela y toda la familia, al centro de salud para vigilar que permanezcan sanos.
La operación de Oportunidades descansa sobre las mujeres, las madres de familia que reciben el dinero, y a la vez acuden a las distintas actividades del programa, que van desde trabajo comunitario hasta la asistencia obligatoria a pláticas sobre salud, educación de los niños y otras. Las “correas de transmisión” son las vocales, que se eligen tres por cada 100 familias beneficiadas. Son mujeres que tienen forzosamente que ser ellas mismas usuarias del programa. ¡Ya quisiera cualquier partido tener una estructura de ese tamaño! Por eso la tentación es grande para los gobiernos y para las distintas fuerzas políticas. Y nadie se ha salvado de intentarlo: ni el gobierno federal del PAN en su momento, cuando también sustituyó a delegados de la Sedesol con militantes ex legisladores de Acción Nacional, lo mismo de lo que ahora acusa al PRI. Que mal lo haya hecho uno no es excusa ni justificación para que ahora mal obre el otro, pero es conveniente no perder de vista la urgencia de poner frenos reales a “esa atracción fatal” que sufren los gobiernos hacia la organización de Oportunidades.
Si esta situación de vulnerabilidad electoral existía desde hace años, ¿qué fue entonces lo que cambió en los meses recientes? Fue, quizá, la ruptura del equilibrio entre el gobierno federal, que era hasta diciembre del PAN, y los gobiernos estatales, en su mayoría del PRI: se vigilaban mutuamente para que uno u otro no cayera en excesos. Ahora que los gobiernos de la mayoría de los estados y de la federación son del mismo partido, florecen las tentaciones, sobre todo en estados de alta competencia electoral y con comicios el 7 de julio próximo.
Así se enmarca lo acontecido en Veracruz, que a punto estuvo de descarrilar al Pacto por México en días recientes. Otra vez, el problema es de cultura política y de fragilidad de las instituciones responsables de perseguir y castigar a quienes utilicen recursos públicos para hacer proselitismo político. Parte de esa debilidad institucional se manifiesta en la omisión en sus responsabilidades. Por eso, partidos y candidatos violan la ley, porque saben que la probabilidad de ser descubiertos es reducida; y de ser castigados, todavía más pequeña. Los gobiernos, porque siendo candidatos sus titulares, una y otra vez han rebasado su techo de gastos de campaña y no ha pasado nada…
Poco espacio queda para comentar el financiamiento posible de la Cruzada contra el Hambre. Su tentación más grande no es sólo electoral, es decir, de ser utilizada en sus recursos y sus empleados, para ayudar a ganar elecciones, sino de reencauzar sus actividades reetiquetando distintas acciones federales que pasarán a llamarse “Cruzada”, sin que implique ninguna acción novedosa o un mejor destino de los fondos públicos. Pero la cosa no queda allá. Oportunidades está en riesgo de ser “canibalizada” para abrir camino a algunas de las actividades ahora enlistadas como de la “Cruzada contra el Hambre”. Ahora se le presenta como un programa panista; a sus vocales, como activistas del PAN. En esa estrategia de “tierra arrasada” que convierte estas percepciones en certezas, poco importará dar al traste con un esfuerzo de 16 años, insuficiente o deficiente quizá, pero indispensable para muchas familias. En el medio rural todavía existe y se practica el “principio de reciprocidad”, entendido como aquel que obliga a devolver el favor de quien ayuda o apoya en una necesidad. Y esta situación motiva que una parte de la población rural sea gobiernista, no importa el color del partido que haya ganado. Que lo tenga presente el PRI.
Como priísta, creo que habría que apostarle al buen ejercicio de gobierno para prepararnos a ganar en 2015 en buena ley. La “estación” electoral de 2013, por importante que sea, no amerita poner en riesgo programas trascendentales y ni siquiera a la propia Cruzada, débil y cuestionada después de su maltrecho arranque. Por mientras, no hay que obrar como dice el refrán: “Desvistiendo a un santo (Oportunidades) para vestir a otro (Cruzada contra el Hambre)”.- Mérida, Yucatán.