domingo, 31 de marzo de 2013

Plan Estatal de Desarrollo

Dulce María Sauri Riancho
El pasado martes 26 el gobernador Rolando Zapata hizo entrega del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 al pueblo y a las autoridades yucatecas. Estuve en la presentación. Me gustó su sobriedad, aun cuando fue un evento de concurrencia numerosa. Extrañamos al alcalde de Mérida, en esos momentos en una sesión de Cabildo. Y no tuve que esperar más que llegar a mi computadora para ingresar a la página del gobierno del Estado y “bajar” el voluminoso documento del Plan para conocerlo y empezar a estudiarlo.
Yucatán es una entidad con índices inferiores a la media en casi todas las estadísticas nacionales. No somos los últimos, pero estamos muy lejos de los estados con mejores desempeños en su economía, educación, salud, por citar unos cuantos y fundamentales rubros. Apreciamos, ni duda cabe, ser percibidos como un estado seguro, en un ambiente de violencia que lamentablemente se ha apoderado de otras partes del país. Pero no es suficiente para garantizar el bienestar de los yucatecos, más cuando en los llamados “datos duros”, como el porcentaje de población que vive con menos de dos salarios mínimos (menos de $3,800 mensuales), representa más de la mitad.
El Plan Estatal busca enfrentar esta y otras muchas realidades de pobreza y falta de oportunidades para la mayoría. Pero ¿qué tiene de distinto este Plan en relación con otros, presentados en su momento con bombo y platillos, y que después fueron a dormir al librero de los funcionarios? En las 326 páginas del Plan, todas ellas llenas de información y salpicadas de compromisos, se puede encontrar ese “mapa de ruta” que será bitácora del gobierno de Yucatán en los próximos cinco años. Se afirma que “… toda acción, programa, obra pública, presupuestación y gasto gubernamental tendrá que estar justificado, alineado y respaldado por los objetivos, estrategias e indicadores…”, plasmados en el Plan. En lenguaje directo, la certeza que el gobernador Zapata Bello llamó “obligación esencial de un gobierno” significa aplicar una especie de “vacuna” contra las ocurrencias de último minuto que caracterizaron a la administración que finalizó hace apenas seis meses, y que también puede brindar inmunidad contra los virus electorales, esos que atacan cada tres años cuando hay comicios y que implica el derroche de recursos sin más justificación que la competencia política.
La ciudadanía, sus opiniones y puntos de vista, también parecen permear todo el documento. Los compromisos adoptados por el entonces candidato en campaña para gobernador, que fueron 227, se sumaron a las 424 recomendaciones del Equipo de Transición, integrado por 25 personas representantes de la sociedad civil. El Consejo Estatal de Planeación de Yucatán, órgano consultivo y deliberativo recién conformado, también propició la consulta y el análisis de las distintas propuestas. Este mar de ideas fue agrupado en cinco grandes rubros: Yucatán Competitivo, vinculado básicamente al sector Economía; Yucatán Incluyente, dedicado al sector Social, cuya principal misión se localiza en el combate a la pobreza y la generación de iguales oportunidades para todos los yucatecos; Yucatán con Educación de calidad; Yucatán con Crecimiento Ordenado, que tiene que ver con el sector Territorio y, por último, Yucatán Seguro, relacionado con el sector seguridad, en un sentido amplio, pues no se limita a prevenir y combatir el delito, sino también a brindar certidumbre a las personas en otros ámbitos de su vida, como su patrimonio. Los cinco grandes temas anteriormente señalados, tienen dos ejes que deberán cruzarlos transversalmente: Gestión y Administración Pública y Enfoque para el Desarrollo Regional. Destaca especialmente el compromiso de conformar un Registro de las Finanzas Públicas Estatales, mecanismo informático consultable a través de internet, para conocer la información financiera del gobierno estatal.
No hay espacio, amigos lectores, para comentar con detalle la “carnita” del Plan Estatal, pues cada uno de los cinco sectores se divide a su vez en otros varios, de los cuales se desprenden los objetivos, las estrategias y los indicadores para medir el grado de avance en el cumplimiento de las metas. Y aquí se encuentra otro cambio en relación con los planes pasados, que carecieron, así fuera a nivel de enunciado, de un mecanismo para seguir y evaluar sus resultados. No obstante, en ningún apartado del Plan se establecen metas cuantitativas, como por ejemplo cuánto se pretende incrementar el tiempo de estadía de los visitantes en Yucatán, o cuánto se quiere disminuir el analfabetismo o la magnitud en que se pretende disminuir el grado de marginación. Como que en el renglón de los números el Plan es algo tímido, como si no quisiera comprometer cantidades ante la posibilidad de no alcanzarlas.
He realizado una rápida lectura al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Lo tendré a mano como un documento de consulta por la gran cantidad de valiosa información estadística que contiene, además de la enumeración cuidadosamente ordenada por sectores de todas las prioridades para los próximos seis años. Es asimismo una herramienta para seguir y evaluar la acción del gobierno, esto es la diferencia entre las palabras y los hechos. Contiene, no tengo duda, metas “realistas y serias”. Para una sociedad que viene de un gobierno de sueños, el valor del realismo de esta administración es estimable, siempre y cuando sea terreno propicio para la imaginación, la innovación y la audacia, con los pies bien puestos en la tierra y la mirada en el horizonte que queremos alcanzar.- Mérida, Yucatán.

domingo, 24 de marzo de 2013

Urgente calidad de vida

Dulce María Sauri Riancho

Para incrementar la participación ciudadana en la formulación del Plan Yucatán 2012-2018, los responsables gubernamentales han dispuesto de diversos mecanismos de comunicación. Entre ellos destaca la Encuesta de Participación Ciudadana (http://www.planyucatan.org/encuesta.html), que permite formular opiniones sobre las prioridades que el gobierno del Estado debería asignar a los distintos asuntos de interés público. Como otros yucatecos, el domingo pasado procedí a responder la encuesta desde el portal que proporciona el Diario de Yucatán. Además de dar mis opiniones en general, quería expresarme en torno a dos cuestiones que en particular me preocupan: al tipo de desarrollo urbano de Mérida y a la atención de los niños de kínder en el marco del anunciado impulso a la jornada escolar de tiempo completo. Como ninguno de los apartados de la encuesta se abre espacio para verter estas inquietudes es que decidí compartirlas con ustedes, amigos lectores, y enviarlas por este medio al comité responsable de integrar las aportaciones de la ciudadanía al Plan Estatal de Desarrollo.
Crecimiento vertical: ¿única alternativa?
Hace unos días, un especialista en nuevas tecnologías de la construcción señalaba que era indispensable detener la expansión horizontal de la ciudad de Mérida, por lo cual deberían surgir más proyectos de edificios de departamentos. Esta opinión se suma al anuncio del Infonavit (y seguramente del propio Fovissste) sobre la exigencia a los desarrolladores de vivienda de interés social para aumentar significativamente su oferta de departamentos, en vez de casas unifamiliares. Una política de esta naturaleza llevaría a transformar profundamente el tipo de fraccionamientos de interés social que conocemos en esta ciudad. La convivencia en los grandes fraccionamientos populares no es sencilla, más cuando los servicios de educación, salud, mercado y sobre todo transporte son limitados y, algunas veces, inexistentes. Pero siempre hay la expectativa fundada de mejorar. Las “chiqui-casas” de la colonia Alemán de la década de 1950 son ahora residencias de clase media, como las viviendas populares del Francisco de Montejo de la década de 1990. Eso no sucedería en los desarrollos de edificios departamentales de interés social. En una pequeña construcción, confinada en un segundo o tercer piso, nada habría para el futuro, más que sobrevivir al calor y tal vez, sin espacio suficiente para colgar una hamaca. Lavaderos y tendederos serían colectivos, así como el mantenimiento del inmueble. Muy distinto es el caso de los condominios verticales que ahora mismo se construyen al norte de la ciudad, donde el departamento más pequeño tiene una superficie superior a cinco casas de Infonavit, cuentan con elevador y extensas áreas verdes que rodean la construcción, incluyendo alberca e instalaciones deportivas.
Educación preescolar, ¿fuera del Issstey?
La reforma constitucional de hace una década estableció la obligatoriedad de la educación preescolar. Se dio un plazo razonable para implantarla, pues no había instalaciones ni educadoras suficientes para atender a los niños. Años antes se aprobó una de las prestaciones más importantes para las mujeres trabajadoras, las guarderías, donde pueden dejar a sus hijos durante su jornada laboral. El IMSS admite menores desde los 40 días hasta los cuatro años de edad, pero el mismo día de su cumpleaños número cuatro cesan los servicios y ponen al menor en la calle. En cambio, el Issste (para los burócratas federales) y el Issstey (para los estatales) tienen desde hace muchos años una norma más amplia, pues los niños pueden ser atendidos hasta cumplir los seis años. El problema surgió con la obligación constitucional de asegurar la educación preescolar para los pequeños entre cuatro y seis años, lo que hizo que estas dos instituciones incorporaran en sus instalaciones y sus programas al kínder. Pero ahora resulta que el Issstey, la institución estatal, ha anunciado que dejará de proporcionar la educación preescolar por el costo que representa, lo que significa que las madres y padres al servicio del gobierno de Yucatán tendrán el grave problema de encontrar atención y cuidado para sus hijos desde el mismo día que cumplan cuatro años, tal como sucede en las guarderías del IMSS. Esta medida, por decirlo suavemente, va a contrapelo del compromiso gubernamental sobre la jornada escolar de tiempo completo. Si algún nivel educativo tiene ventajas para su inmediata aplicación es el preescolar. Casi ningún plantel tiene doble turno, todos cuentan con instalaciones para alimentación y descanso de los menores. Pero justamente ahí es donde parece que la administración del Issstey quiere desandar el camino. Su director declaró recientemente que los tres millones de pesos era “… un dinero que el Issstey no debería erogar…”, que esperarán que los pequeños concluyan el curso y que sus padres busquen un espacio en otras escuelas.
En el Plan Estatal se propone combatir el rezago en las características de la vivienda (Social), crear programas de apoyo para el acceso a viviendas a la población trabajadora y regular el crecimiento de la Zona Metropolitana (Territorio). Importa, y mucho, la calidad de vida, tanto la actual como la futura. Políticas públicas inadecuadas podrían propiciar la creación de auténticos guetos urbanos, con un elevado costo social dentro de pocos lustros.
El Plan Yucatán también aspira a incluir el compromiso de “proporcionar estancias y guarderías para madres y padres trabajadores”. Con estos “recortes” el Issstey ni contribuye a este propósito ni ayuda al gobierno del Estado a implantar la jornada escolar de tiempo completo, como una forma de garantizar a la niñez yucateca el ejercicio efectivo de sus derechos. Demandemos de la dirección del Issstey una reconsideración de su anunciada medida. Rectificar es de buenos funcionarios y demandarlo, de mejores ciudadanos.- Mérida, Yucatán.

jueves, 14 de marzo de 2013

La reforma a las telecomunicaciones, siete años después.


Dulce María Sauri
Eran las 3:39 de la mañana del 29 de marzo de 2006 cuando se levantó la sesión del Senado de la República después de haber debatido ininterrumpidamente más de 15 horas. El asunto lo ameritaba, pues se trataba de una reforma a las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones, que afectaba la propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, sobre el espectro radioeléctrico. Allá, en el espacio aéreo, donde se entrecruzan las señales que nos permiten escuchar la radio, ver la televisión, usar el teléfono celular, la radiocomunicación o el internet, se pretendía acaparar más para unas cuantas grandes empresas.
La discusión se daba en el marco de la campaña electoral para elegir al presidente de la república 2006-2012. Sin duda alguna eso determinó que ningún partido político se hubiera arriesgado en la Cámara de Diputados a confrontar poderosos intereses televisivos que podían sacar a sus candidatos del aire, por lo que las reformas fueron aprobadas por unanimidad.
No sucedió lo mismo en el Senado, que venía trabajando desde años atrás en una iniciativa que recogiera las peticiones a favor de una mayor competencia, diversidad y pluralidad en los medios de comunicación. Sin embargo, fuimos una minoría de senadores los que abordamos una y otra vez la tribuna para convencer a nuestros pares del riesgo que representaba la aprobación de esas leyes. No tuvimos éxito, pues al final de la fatigante jornada se reunieron los votos necesarios para hacer efectiva la reforma. Quienes no estuvimos de acuerdo utilizamos una figura que se llama “acción de inconstitucionalidad”, que faculta a la Suprema Corte a revisar la actuación del Poder Legislativo y definir si se apega o no a la Constitución. Para activar este poderoso mecanismo, se requería que al menos una tercera parte de los senadores, 43, interpusieran el recurso.
Se reunió el número, de todos los partidos políticos. El 7 de junio de 2007, más de un año después, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los preceptos legales más dañinos para la competencia y la pluralidad. Es decir, los borró de la ley. Nosotros ya no éramos senadores, pero eso no enturbió el ánimo esperanzador con que asumimos la determinación del máximo tribunal de justicia del país.
Poco duró la ilusión de un cambio impulsado por el gobierno de Felipe Calderón, al que la decisión de la Corte sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas le había abierto un insospechado campo de posibilidades. Su tiempo pasó y nada de carácter sustancial sucedió. Hasta que vino la nueva campaña electoral en 2012 y el movimiento #yosoy132 cimbró el ambiente político y obligó a los cuatro candidatos, en especial a Enrique Peña Nieto, a pronunciarse sobre el Derecho a la Información, la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación.
Había un fundado escepticismo en el medio político sobre la materialización de los compromisos presidenciales en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. En ese sector -el más dinámico de la economía nacional- se localizan los intereses de varios de los “billonarios” (en dólares) de la lista de Forbes, incluyendo a quien la encabeza. Pero sucedió. En el seno del Pacto por México, el Presidente y los partidos políticos presentaron el lunes pasado un conjunto de reformas constitucionales en esta materia.
Es una iniciativa de alto impacto para la economía, la sociedad y la política en México. Combate la concentración en unas cuantas empresas, que encarece los servicios y limita la expansión del sector en su conjunto. Propicia la competencia, para abaratar el acceso a la telefonía, internet y demás tecnologías asociadas a las telecomunicaciones. Al conjunto de la sociedad le abre la posibilidad de que el Estado le garantice su derecho a contar con los servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha (o internet). Pero donde más intensamente se sintió su impacto fue en el ámbito político.
Durante meses, el Presidente y su equipo tejieron fino con los dirigentes de los partidos representados en el Pacto por México, PRI. PAN y PRD, para materializar el compromiso y volverlo iniciativa de reforma constitucional. Estamos tan acostumbrados a que después de los anuncios gubernamentales que causan expectativas e incluso entusiasmo, nos caiga el “balde de agua fría” de la realidad, que cuando sucede algo como lo acontecido el lunes, continuamos esperando el momento en que “se desinfle” y alguien la descarrile. O que, una vez aprobada en la Constitución, sus leyes reglamentarias la decoloren y disuelvan para que los que siempre ganan lo hagan una vez más. No sé si la iniciativa del lunes sea una especie de “Rubicón” para Peña Nieto, el célebre río de Julio César que, al cruzarlo, lo hizo exclamar: “la suerte está echada”. Pero sí es algo parecido. Cruzada la línea, que no otra cosa significa su presentación conjunta en la Cámara de Diputados, no deberá haber marcha atrás en el esfuerzo de controlar y devolver a su verdadera dimensión a esos “poderes fácticos” de la radio, la televisión y las telecomunicaciones mexicanas. Pero también tiene otra implicación para Peña Nieto: como titular del Ejecutivo federal, renuncia a su facultad discrecional de otorgar concesiones de televisión, radio y telecomunicaciones. Será, si es aprobada la reforma, un órgano con autonomía constitucional -el Instituto Federal de Telecomunicaciones- el responsable de su asignación. Y éste se integrará por siete personas seleccionadas ya no por el Presidente, sino por instituciones académicas y científicas de relieve nacional.
Nadie pretende acabar con Televisa, TV Azteca, con Telmex o Telcel. Pero sí aspiramos a que haya verdaderas condiciones de competencia en el sector; que otras empresas participen en los servicios; que sean más baratos y accesibles para todos; que se abra la puerta para que organizaciones de la sociedad civil hagan uso del espectro radioeléctrico.
En la helada madrugada del 30 de marzo de 2006, parecía que la oscuridad se había enseñoreado del ánimo de quienes fuimos derrotados. Que no era una cuestión de mejores argumentos, sino de fuerza para imponerse. El paso del tiempo mostró que las luchas abonan el camino. Que los fracasos son sólo aparentes, porque la semilla se sembró y un día, como el lunes 11 de marzo de 2013, siete años después, comienza a dar fruto.- Mérida, Yucatán.

A propósito del Papa Francisco, una imagen con Juan Pablo II


lunes, 11 de marzo de 2013

Sinfonía “Mover a México”


Dulce María Sauri Riancho
Reconstrucción del poder presidencial
Varios acontecimientos de los últimos días me obligan a postergar mis comentarios sobre el desarrollo urbano de Mérida, tal como comprometí la semana pasada. Las causas han sido la detención de la maestra Elba Esther Gordillo y los resultados de la XXI Asamblea del PRI. Son eventos acreedores de análisis por separado, pero si los unimos encontraremos la partitura de la reconstrucción orquestada del poder presidencial.
Durante 12 años pocos avances tuvimos en materia de reformas políticas. Lo que sí aconteció fue el deterioro de la figura presidencial y el abierto crecimiento de los llamados “poderes fácticos” que, sin mayor contrapeso, pudieron actuar de acuerdo con sus particulares intereses. Se estableció una correlación perversa: mientras más débil está el presidente, ellos, los poderes fácticos, están más fuertes y capaces de imponerse al conjunto de la sociedad. Esta situación no podía continuar. Así fue percibido por una mayoría de electores que votó por el PRI y por Enrique Peña Nieto, quien conocía la magnitud del reto. Así, desde el 1 de diciembre del año pasado hemos asistido a una lenta reconstrucción del poder presidencial, de ese conjunto de atributos que permitieron que funcionara el sistema en su conjunto. Con esta perspectiva en mente podemos interpretar los recientes acontecimientos.
La XXI Asamblea del PRI fue, en el fondo, un reencuentro con su condición del partido en el gobierno que había perdido desde 2000. Hay dos maneras de leer los cambios en los documentos básicos priístas del pasado fin de semana. Una, que una vez disueltos los “candados” que impedían establecer el IVA en alimentos y medicinas, en la inversión privada en Pemex, de inmediato éstos se materializarán en cambios legales. La otra, que estas decisiones representaron el rompimiento de una “camisa de fuerza” para sus legisladores, ante la posibilidad de una reforma fiscal o energética sin limitaciones previas. No es difícil adivinar que la primera interpretación es la de los partidos opositores al PRI que anuncian la inminencia de las reformas para cobrar 16% generalizado en todos los bienes o servicios que adquiramos, así como la instalación de los intereses extranjeros en la explotación petrolera. La segunda, la más benigna y que solicita el “beneficio de la duda”, es la de los dirigentes priístas, quienes señalan que -ahora sí- el partido está listo para acompañar al Presidente, sin cortapisa ni límite alguno.
No obstante lo anterior, considero que la verdadera fuente de reconstrucción del poder presidencial se dio en las reformas a los Estatutos del PRI. Destaco dos: una, la que elimina el requisito de haber ocupado un cargo de representación popular para poder ser postulado candidato o candidata a la Presidencia de la República o a la gubernatura de un estado; y, dos, la que establece que la Comisión Permanente (CP) del Consejo Político Nacional (CPN), órgano colegiado de toma de decisiones partidistas, esté encabezada por el propio presidente Peña Nieto. Así, la Asamblea reforzó al presidencialismo por partida doble: por una parte, le devolvió a la figura presidencial una facultad que le había sido sustraída en 1996: la de seleccionar sin ningún tipo de restricción a aquel o aquella que habría de sucederlo. Por lo pronto, para 2018, Peña Nieto podrá decidir sobre el candidato del PRI, sin tener que tomar en consideración su trayectoria de formación en la vida política del país. Lo mismo podrá acontecer en las postulaciones de gobernadores o de jefe de gobierno del Distrito Federal, excepto Baja California que ya tiene candidato bajo las reglas actuales.
Por si lo anterior no bastase, se tomó la decisión de cortar de tajo la “sana distancia” que, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, marcó las relaciones entre el Presidente y su partido. Mejor -deben haber pensado quienes promovieron y aprobaron este cambio- que con claridad se manifieste la autoridad presidencial en el interior del partido, sin subterfugio alguno. En la práctica, eso anula cualquier intento de debate o deliberación colectiva, porque, ¿quién será el o la valiente de confrontar una decisión presidencial -real o asumida- o de contradecirla abiertamente? Sus sesiones se volverán eventos formales, eso sí, con un reducido número de invitados “de piedra” -gobernadores, coordinadores parlamentarios, líderes de sectores- para sancionar determinaciones tomadas previamente muy lejos de los auditorios y de las oficinas partidistas.
Éstas son las decisiones del PRI. Pero falta una parte, la principal, que es la sanción que dicte la sociedad, sus reacciones y opiniones frente a los cambios. En los próximos debates en las Cámaras de Diputados y de Senadores, ¿estarán de acuerdo con el incremento de las tasas impositivas? Es más, ¿las propondrá el gobierno, tal como dicen sus detractores? Y si así fuera, ¿alcanzarán el número de votos necesarios para volverse ley? El PRI solo no puede sacarlas adelante. Creo que todavía hay un largo camino por recorrer, pero lo que sí puedo garantizar es que la partitura de la sinfonía “Mover a México” está siendo ejecutada en su primer movimiento, sin pausas, para reconstruir el poder presidencial, legitimarse y gobernar con eficacia. ¿Para quién? La respuesta está por escucharse en las siguientes partes. Por lo pronto, en lo que le compete al PRI, cada concertista tocará su instrumento de acuerdo con la partitura.- Mérida, Yucatán.