miércoles, 22 de agosto de 2012

Innovar, armar, reconstruir


Dulce María Sauri Riancho

Las decisiones de Renán (y 3)

¡Milagro!, exclamé cuando el martes por la mañana, muy temprano, encontré diversas brigadas de trabajadores enfundados con rojas camisetas con la leyenda Playa limpia, enfrascados en la poda de árboles y deshierbe de la calle 60, enmontada por las lluvias y el descuido de las últimas semanas. Más tarde, leí que el gobierno del estado tomó la decisión de emprender una gigantesca operación “limpieza y bacheo” en las principales avenidas de la ciudad para que, cuando menos en los puntos más visibles de Mérida, se amortigüe un poco la imagen de abandono y desidia que dejan tras sí las autoridades municipales que concluyen su función el 31 de agosto.

¿Será que el municipio más poblado de Yucatán, donde se encuentra la capital, esté condenado a pasar por la sala de “terapia intensiva” de la burocracia, para cuando menos, seguir sobreviviendo? La respuesta obvia es: No. El Ayuntamiento de Mérida es responsable de atender lo cotidiano, los servicios públicos municipales básicos que permiten que funcione una ciudad de un millón de habitantes. Renán Barrera y el ayuntamiento que encabezará casi podrían limitarse a reconstruir el aparato administrativo que hacía caminar a la ciudad para lograr que muchos meridanos respiren con alivio. Eso, aunque necesario, no sería suficiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida. Si quieren superar las expectativas ciudadanas, Renán y su equipo tendrán que innovar.

No es otra cosa que hacer cosas nuevas, diseñar formas distintas para lograr el objetivo de una ciudad que ponga a sus habitantes en el centro mismo de su estrategia de gobierno. Innovar implica romper procedimientos que se siguen por costumbre y tradición, o simplemente por comodidad, para no afectar intereses creados. También significa tener visión de futuro, en términos de bienestar colectivo. Las autoridades tendrán que demostrar su capacidad para discernir entre aquello que hay que cambiar y lo que hay que conservar e incluso, fortalecer. Por ejemplo, la definición sobre el desarrollo urbano de Mérida, si continúa la expansión de la ciudad o si se estimula el crecimiento vertical, con edificios multifamiliares. Es el caso del transporte, si se preservan rutas y formas que corresponden a una ciudad de la década de 1970, o si se asume el reto de innovar con un metrobús que circunvale la ciudad. O el tema del medio ambiente, que relaciona las áreas arboladas, la disposición de la basura y el cuidado del acuífero del subsuelo, si es que queremos que Mérida no deje de ser “ciudad verde”, cuando ya no lo es más “de palmeras y veletas”. O los aspectos relativos al abasto, que tienen que ver con los mercados populares y las tiendas de barrio, desplazados crecientemente por las grandes cadenas de autoservicio.

En materia administrativa, también se puede innovar. Si los regidores son responsabilizados de determinadas áreas territoriales del municipio, de estar en contacto directo con la población, de ser los transmisores de sus necesidades y problemas hacia el Cabildo y a la vez, éste va más allá en el gobierno electrónico, que permitiría tener información y realizar en forma ágil trámites y gestiones en internet. Una efectiva intervención de las autoridades municipales en materia de salud sería una importante innovación, al igual que su participación en el desarrollo económico de Mérida, tanto en la parte relativa a la instalación y el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, como en las estrategias para el fomento del empleo en la ciudad. La eficaz coordinación con las autoridades estatales y federales será una condición indispensable.
No se trata de cambiar por el simple hecho de hacerlo. Tampoco basta con construir obras de relumbrón, con el vano afán de que las moles de concreto hagan pensar que tenemos un buen gobierno. Es algo más complejo: para innovar, las autoridades necesitan de la participación de la sociedad, lo que se llama gobernanza. Y la sociedad sólo participa cuando percibe que su intervención es real y no un mero ejercicio de simulación. Si estamos de acuerdo en que el punto crucial para una administración que trascienda tiene que ver con su forma de relacionarse con los gobernados, entonces las formas y contenidos de la comunicación política se vuelven fundamentales.

Innovar significará que las autoridades están en condiciones de convocar, escuchar y decidir conjuntamente con la ciudadanía. Estos tres pasos requieren, de entrada, que los nuevos funcionarios, comenzando por el alcalde, convenzan que son una administración austera, que toma en serio a todos aquellos que ha invitado a participar, como es el caso de las personas que integran la comisión ciudadana para la entrega-recepción de la administración municipal. La participación ciudadana no es para confort de las autoridades; les puede incomodar, incordiar, pero es indispensable. El instrumento fundamental para construir una nueva relación entre las autoridades y la sociedad se denomina “transparencia”. Si el nuevo Ayuntamiento de Mérida coloca como prioridad la información clara, oportuna, sencilla -de obtener y de entender-, de todos sus actos de gobierno, comenzando por la forma como gasta el presupuesto, estarán en el camino correcto. Hay la tecnología y los medios, tiene que haber la voluntad política. Así, adquirirá la energía y la fuerza moral para impulsar los cambios de fondo que demanda la ciudad.- Mérida, Yucatán.

viernes, 17 de agosto de 2012

Reconstruir, innovar, armar

Dulce María Sauri Riancho

Las decisiones de Renán (2)

No pinta bien el proceso de entrega-recepción de la administración municipal de Mérida. Los rumores van y vienen: que las finanzas están en números rojos; que se están realizando ventas de pánico de todos los activos disponibles, incluyendo las famosas luminarias y terrenos. Que el gobierno del Estado se niega a devolver los préstamos recibidos de la Tesorería municipal (¡el mundo al revés!).

Desafortunadamente para el PRI, la administración que se va no deja buenas cuentas ni en las finanzas ni en la administración municipal. Están a la vista las deficiencias en los servicios públicos, que tienen su origen en una incorrecta asignación de los recursos y una inexplicable incapacidad para organizar y operar con eficiencia las distintas áreas que componen la administración de la capital del Estado. Cualquier meridano puede hacer un diagnóstico de la situación con sólo narrar sus experiencias con el servicio de recoja de basura, con los baches de sus calles, la oscuridad del nuevo alumbrado, los problemas del mercado donde realiza sus compras, el transporte para trasladarse a su trabajo o a la escuela, etcétera, etcétera.

Por eso la primera tarea de las nuevas autoridades municipales estará en Reconstruir la administración y los servicios de la ciudad. Desde luego que no van a partir de cero ni habrán de hacer tabula rasa con la experiencia de los empleados y trabajadores del municipio. Pero la revisión de los sistemas y procedimientos de trabajo en todas las áreas municipales tendrá que ser profunda y profesional. Salta a la vista que el área financiera será prioritaria, en principio, para conocer los compromisos adquiridos que afectan significativamente al erario municipal. Pero también los mecanismos de recaudación, en particular el predial que parece haber disminuido en los dos últimos años, tendrán que ser sometidos a un cuidadoso escrutinio.

En los servicios municipales, la lista de reconstrucción parece que será larga. Está pendiente el sistema de recolección y disposición de la basura, ahogado por los adeudos a los concesionarios de las rutas de recolección y a la empresa operadora del relleno sanitario de Mérida. Pero no se trata sólo de saldar las cantidades adeudadas, sino de recuperar la dinámica de un sistema que le ha costado a la ciudad más de 20 años de esfuerzo.

Renglón aparte merecen los agujeros que se han apoderado de las calles de Mérida, desde el Paseo de Montejo hasta las arterias recién construidas en las colonias de Mérida. Bachear era una tarea que, con diversos grados de eficiencia, realizaban las distintas administraciones municipales. Es cierto que han habido lluvias abundantes, pero eso no es excusa para abandonar el mantenimiento del municipio, empezando por sus calles. El nuevo ayuntamiento tendrá que demostrar de inmediato su capacidad de organización en este asunto, que irrita sobremanera a los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Mérida tiene que adoptar una mayor decisión y compromiso en el combate al dengue. De manera alguna sería admisible refrendar la actitud que remite la responsabilidad a las autoridades estatales o federales. La organización social y el respaldo del municipio tendrían que mostrarse en el sistema de salud municipal.

¿Qué va a hacer el nuevo cabildo con la iluminación de la ciudad de Mérida? ¿Habrá algún margen de maniobra para restablecer la calidad de la luz en las calles? ¿O tendrán las nuevas autoridades que limitarse a “administrar la oscuridad”, cambiando quizá las luminarias de las principales avenidas?

No pretendo ser exhaustiva en la enumeración de las tareas que le esperan al próximo Ayuntamiento. Hay muchas otras, estrictamente en la parte de la reconstrucción que están pendientes, como la red de abasto y mercados populares, el sistema de mantenimiento de parques y jardines, entre otros. Sin embargo, quizá la más importante de todas las acciones tendrá que ser el restablecimiento de la participación de la sociedad en los asuntos públicos de la ciudad. Los eventos del 4 de julio de 2011 lastimaron seriamente las formas de comunicación y relación entre la ciudadanía y sus autoridades, municipales y estatales. Estos lamentables hechos se sumaron a la indiferencia que las autoridades ya mostraban frente a las recomendaciones y sugerencias de las organizaciones responsables de la planeación municipal, como la fundación del Plan Estratégico de Yucatán. Más aún: el diálogo con las cámaras empresariales disminuyó o de plano se rompió, como con la Cámara de Comercio de Mérida. Los diversos comités constituidos con representantes de las organizaciones sociales a lo largo de estos dos años tuvieron la efímera vida del acto inaugural. Simple y llanamente: no les hicieron caso.

Renán Barrera y el Ayuntamiento de Mérida tienen la enorme responsabilidad de Reconstruir el diálogo con las organizaciones sociales y con los ciudadanos. Se trata no sólo de escuchar, sino de desarrollar mecanismos que propicien una participación real de los habitantes de la ciudad en la toma de decisiones sobre el bienestar colectivo, bien sea en la colonia, en el barrio o la comisaría; o sobre asuntos que involucren a la ciudad en su conjunto. Barrera deberá Innovar, en éste y otros aspectos. Pero los comentarios sobre este tema los formularé la próxima semana.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Armar, reconstruir, innovar


Dulce María Sauri Riancho

Las decisiones de Renán (1)

Son tres candidatos electos. Dos, Enrique Peña Nieto y Rolando Zapata, están en espera de que los tribunales electorales confirmen en definitiva su triunfo. El tercero, Renán Barrera, se prepara para asumir el cargo de presidente del Ayuntamiento de Mérida en menos de tres semanas. Como Renán Barrera será quien inicie los cambios de autoridades el 1 de septiembre, nos ocuparemos de escudriñar el nudo de sus preocupaciones y zozobras, pues ya habrá oportunidad de comentar lo que creemos sucede en la mente de los futuros mandatarios de Yucatán y de laRepública. Para este efecto, agruparemos las reflexiones en tres grandes apartados: lo que tienen que Armar; lo que hay que Reconstruir; lo que pretenden Innovar.

Armar. El nuevo Ayuntamiento de Mérida estará integrado por 19 regidores, que incluyen al presidente municipal y a la síndica. De éstos, 11 -los de mayoría- serán del PAN; los de representación proporcional serán: siete del PRI y uno del PRD. Al Cabildo lo eligió la ciudadanía, pero a los funcionarios de la administración los nombrará el futuro presidente municipal.

Renán Barrera debe estar sopesando con cuidado los nombramientos de los integrantes del equipo que lo acompañará en la administración del municipio. Nunca alcalde alguno de Mérida ha tenido el conjunto de presiones de sus correligionarios, como las que ahora seguramente soporta Renán. Cuando el PAN se inauguró en el gobierno de Mérida, hace más de 20 años, los panistas no eran burócratas ni empleados de la administración gubernamental. Llegaron de afuera, de la academia, de los negocios. Los cargos públicos los veían como transitorios, al cabo de los cuales se reincorporarían a sus actividades originales. Todo esto cambió a lo largo de los años, pues se conformó en las oficinas del Ayuntamiento de Mérida un conjunto de funcionarios que pasaron de una administración panista a otra. Desde luego que no se trataba del personal de base, ni siquiera jefes de departamento, los de modestos salarios y mucho trabajo. Los panistas se acostumbraron a la buena vida burocrática en el Ayuntamiento de la capital. Después, en 2001, el radio se amplió hasta el gobierno del Estado y a las “grandes ligas” de la burocracia: el gobierno federal. La derrota de 2007 dejó un buen número de panistas desempleados, muchos de los cuales intentaron encontrar acomodo en el ayuntamiento de César Bojórquez, pero eran demasiados y con pretensiones imposibles de satisfacer en el estrecho ámbito de las finanzas de un ayuntamiento en la oposición al gobierno estatal. Por eso tuvieron que emigrar a la ciudad de México, a la administración federal, que les dio cargos y oportunidad de empleo en diversas dependencias. Una nueva derrota, la de mayo de 2010, privó a los panistas yucatecos de opciones laborales en la administración municipal de Mérida, pero todavía subsistía el “paracaídas” de las dependencias federales.

El PAN resultó derrotado en toda la línea en la elección del 1 de julio pasado. Con la excepción de unos cuantos lugares, significativamente Guanajuato y las ciudades de Monterrey y Mérida, el PAN perdió todo. Ahora, los panistas yucatecos que andaban en el exilio dorado se aprestan a volver al terruño, con la expectativa de encontrar empleo e ingresos en el único espacio donde sienten que pueden hallar cobijo: la administración del nuevo Ayuntamiento de Mérida. Aquí se encontrarán con otros muchos panistas que albergan expectativas de regresar a la administración y dado que la única opción abierta es el Ayuntamiento de Mérida, hacia allá enfocan sus baterías.

Renán Barrera tendrá que ir con cuidado. Sin menospreciar de manera alguna las capacidades y experiencias desarrolladas por sus compañeros de partido en los años de participación en la administración estatal y federal, lo más importante es que logre integrar un equipo entusiasta, limpio en cuanto a su trayectoria previa, sin compromisos provenientes de las administraciones panistas anteriores, en especial en lo relativo al desarrollo urbano, tierras y fraccionamientos. Con capacidad de ejecución, pues no pueden llegar a aprender, ya que el tiempo es corto -sólo tres años- y los obstáculos serán mayores.
En medio de todas estas cargas e inercias, Renán Barrera tiene un gran margen de maniobra proveniente de la forma como fue postulado candidato a la alcaldía de Mérida por su partido. No era el favorito, vino de atrás. Construyó su triunfo interno sumando a panistas de diversas corrientes, con un mínimo común, su marginación virtual de los cercanos círculos de poder partidista. Eso, en una campaña es una desventaja, pero habiendo logrado ganar la elección de julio se convirtió en libertad para nombrar a las y los mejores elementos como integrantes del nuevo Ayuntamiento de Mérida.

Al ser el primero en mostrar sus cartas, Renán Barrera tendrá también la oportunidad de demostrar en los hechos una manera diferente de integrar un equipo de trabajo, donde sean los méritos, las capacidades y la experiencia los que prevalezcan, no el compadrazgo y el pago de favores. Por comparación, ojalá logre el nuevo alcalde de Mérida elevar el umbral en la integración del próximo gabinete estatal. En la próxima colaboración: Reconstruir e Innovar.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 1 de agosto de 2012

De la fiesta del 1 de agosto al Informe de Gobierno


Dulce María Sauri Riancho

Uno de cinco

El próximo 1 de septiembre se consuma el penúltimo cambio del calendario electoral yucateco, de los establecidos seis años atrás. Ese día los nuevos ayuntamientos tomarán posesión de los palacios municipales, una vez que hayan rendido su protesta el 31 agosto. Lo mismo sucederá con los diputados que integrarán el nuevo Congreso. Hasta un mes después, el 1 de octubre, se realizará el cambio en el gobierno del Estado, el último ajuste en el proceso iniciado en 2006.

Pero también para quienes se van hay cambios en las fechas. Por única vez, la gobernadora tendrá que rendir su 5o. y último informe el primer domingo de septiembre, es decir, el día 2, en vez del tercer domingo de octubre, como debió hacerlo y no lo hizo en sus primeros cuatro años.

En las cuatro ocasiones previas en que la titular del Ejecutivo del Estado debía informar de su desempeño al Congreso, la gobernadora decidió no asistir y enviar el documento con un “propio”.

Fue así como la obligación constitucional fue prácticamente borrada por el denominado “informe ciudadano”, que se realizó, cada año, el 1 de agosto.

El gobierno del Estado organizó una especie de fiesta oficial en la que la gobernadora era la festejada para conmemorar la fecha en que asumió el cargo, en 2007. Como celebración que era, la “festejada” sólo informaba de las acciones que consideraba relevantes y “vestidoras” para ilustrar el cumplimiento de sus compromisos. La contraparte, los diputados, fueron “mirones de palo”, o, si queremos decirlo más suavemente, “invitados especiales”, al igual que los protagonistas de la telenovela en boga o los representantes de organizaciones y sectores de la sociedad. Cuando finalmente llegaba el tercer domingo de octubre, fecha obligada para informar al Congreso, durante cuatro años acudió el secretario general de gobierno en turno a entregar el documento del informe, por cuenta y orden de la gobernadora, en medio de una opinión pública confundida al creer que desde agosto sus autoridades habían cumplido.

La enorme ventaja de la fiesta de agosto era que, sin perturbación ni cuestionamiento de ningún tipo, el gobierno estatal podía realizar una campaña publicitaria por 10 días, salir en la televisión y la radio, poner espectaculares y carteleras por todo el estado, sin que la contraparte, es decir los diputados, tuvieran posibilidad de realizar observación alguna ni aplicar los mecanismos que la propia Constitución señala para la fiscalización de los actos de la titular del otro poder. En cambio, en octubre, semi ocultos en la confusión e indiferencia, los legisladores cumplían con la formalidad de desahogar el trámite constitucional.

Pero dice el refrán que “… no hay quinto malo…”, y en esta ocasión no lo será para la Constitución de Yucatán. Por única vez en cinco años, no hay festejo el 1 de agosto. Las novedades de antaño -la megajarana, la ceremonia de las flechas de Dzibichaltún- quedarán en la memoria colectiva como formas un tanto exóticas y dispendiosas de celebrar un acto público, en las que lo oficial y lo privado se confundían a propósito.

Quiero pensar que el respeto por la norma constitucional hará que el domingo 2 de septiembre la gobernadora comparezca ante la nueva legislatura para informar del estado que guarda su administración, en vísperas de concluir su encargo. Que la situación del erario implicará austeridad en la promoción de la imagen de la gobernadora en los medios masivos de comunicación. Que también, por única vez, la titular del Ejecutivo será quien entregue el informe por escrito y emita un mensaje con el recuento de su gestión y su visión del Yucatán que deja. Los nuevos diputados habrán de realizar una ponderación atenta y rápida, pues unos días después, el 30 de septiembre, serán relevados los funcionarios responsables de las acciones consignadas en el documento de marras.

Al igual que los legisladores federales, los nuevos diputados del Congreso de Yucatán pueden tener un buen estreno al ejercer a cabalidad su importante atribución de fiscalizar al Ejecutivo. Tal vez les sea más fácil hacerlo con quien se va -presidente de la República, gobernadora del Estado-, cuando ellos recién comienzan un encargo que durará tres años. En el caso local, los legisladores podrían poner su “grano de arroz” en la revisión de la gestión del gobierno saliente, anticipando de alguna manera la acción que habrán de realizar los funcionarios que sean nombrados por el nuevo gobernador. De esta manera, tanto la mayoría del PRI como los opositores, podrán ayudar a darle sentido y trascendencia a los actos de entrega-recepción de laadministración pública estatal.

Los diputados que se van, tan ansiosos de hacer la tarea que le compete a la próxima legislatura en cuanto a la elección de los consejeros electorales, podrían cumplir una atribución que sí les corresponde: enviar al Ejecutivo las preguntas sobre distintos aspectos de la administración estatal, que con lapso “… no menor a veinte días naturales…” tendrían que hacerle llegar a la gobernadora. Que no lo hagan los priístas, se entendería, pero que tampoco lo realicen los opositores sólo reflejaría lo poco que importa en realidad ejercer la función fiscalizadora del Congreso, o al menos intentarlo.- Mérida, Yucatán.

El melate y las elecciones


Dulce María Sauri Riancho

Confianza pública e impunidad

Uno de los placeres más intensos en mi infancia era acompañar a mi abuelita a comprar su “cachito” de Lotería y prestarle mis ojos para revisar cuidadosamente la lista del sorteo anterior en busca del ansiado premio o, al menos, del reintegro. Recuerdo que cuando alguien osaba hablar de “sorteos arreglados” de antemano, mi abuela se indignaba, pues tenía una fe ciega en aquella ánfora que giraba hasta escupir las esferas ganadoras anunciadas por los niños “gritones”.

Tal vez por estos antecedentes me cimbró la información sobre el fraude cometido con el Melate. Este sorteo forma parte de la serie de apuestas desarrolladas por Pronósticos Deportivos para contribuir a la recaudación de recursos para la asistencia pública en el país. Resulta que empleados de la institución organizadora de Melate se pusieron de acuerdo con algunos de los trabajadores de la empresa contratada para producir el concurso en los estudios que, ahora nos enteramos, no pasa “en vivo” sino que se graba y, minutos después, se retransmite por los canales de televisión pública. Así pudieron obtener los números ganadores y, antes de que el control maestro de Pronósticos cerrara el registro de ventas, apuntaron en sus boletas la combinación que les aseguraba recibir ¡160 millones de pesos!, pues hasta con los premios de Melate Revancha jalaron.

Pero la ambición rompió el saco cuando los mismos cómplices acudieron a hacer efectivo su millonario botín. Alguien de la institución se percató que los felices ganadores eran a la vez empleados del negocio de filmación y brotaron las sospechas. Una vez realizada la investigación, se dio con la red de cómplices en la misma institución de Pronósticos Deportivos que hicieron posible la realización del cuantioso fraude. Las cuentas bancarias de los “nuevos ricos” fueron intervenidas por las autoridades y la institución recuperó los recursos obtenidos ilícitamente. Sin embargo, el daño más importante e imposible de cuantificar fue a la credibilidad y confianza en el sistema de juegos y sorteos organizado por el gobierno en el país. Ahora, cada vez que veamos o escuchemos la transmisión de un sorteo, nos preguntaremos si es real o simulado, si los interventores de la Secretaría de Gobernación estarán cumpliendo realmente su función o si habrá un arreglo previo para distribuir los premios. Ya no digamos de los casinos, donde la tragedia del Royal en Monterrey reveló un abismo de corrupción y complicidad entre autoridades y empresarios.

Pero la historia del fraude a Melate -y a todos quienes cotidianamente “apuntan” sus números- no termina allá. Resulta que la defraudación a la confianza ciudadana es considerado como “delito menor” por el Código Penal Federal, por lo que los presuntos responsables afrontarán el proceso en libertad. Como además el dinero fue recuperado, tampoco tendrán que pagar para resarcir el daño patrimonial a la institución. Con una sanción tan irrelevante, podemos apostar que habrá -si es que no los hay ya- otros y más cuantiosos casos, pues el riesgo de ser descubiertos es pequeño y, si sucede, el castigo es mínimo.

Me pregunto en cuánto y en qué forma contribuye el ambiente social a la imaginación y realización de actividades delictivas en sectores y áreas de la convivencia colectiva que habían permanecido intocados por la inseguridad y la violencia. No tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo, en nuestro tranquilo Estado, la confianza y seguridad colectivas son cuestionadas por los ladrones de bombas de agua en las parcelas, por los asaltos a las escuelas para despojarlas de los equipos de cómputo recién adquiridos, entre otros eventos que muestran la desaparición del respeto por lo ajeno, así sea un bien público al servicio de la colectividad. En estas mismas semanas, los vacacionistas de la costa pueden despertar con la desagradable sorpresa de que su lancha, su motor o su moto de agua han desaparecido del frente de su casa. Esta situación estacional para los vacacionistas, es parte de lo cotidiano para los pescadores y para los extranjeros que habitan las casas de la playa en invierno.

¿Por qué suceden estos cambios en la conducta de algunos que afecta al conjunto de la sociedad? En la complejidad de la respuesta destaca un factor: la impunidad. Suceden las cosas porque el riesgo de ser descubierto y sancionado es pequeño, en tanto que la recompensa es mayor. Y si sucede así en la política, cuando lo que importa al final es ganar, “haiga sido como haiga sido”, ¿por qué aspirar a que los integrantes de la sociedad se comporten en forma distinta en otras actividades, como la organización del Melate, o el respeto a los bienes de los demás? Por eso es importante seguir con atención las investigaciones sobre las irregularidades que todos los partidos, incluyendo el PRI, han presentado ante las autoridades sobre el reciente proceso electoral. De la forma como resuelvan los jueces del Tribunal Electoral y den cauce a las denuncias, dependerá en mucho si abonan a la parcela de la impunidad que nos agobia o si, de una vez por todas, ponen un verdadero correctivo que nos obligue a iniciar un cambio de rumbo.- Mérida, Yucatán.

La primera prueba


Dulce María Sauri Riancho

Las prisas del Congreso

Ha quedado atrás lo más intenso del proceso electoral 2012. Los ganadores han recibido sus constancias de mayoría que los acredita como triunfadores en el recuento de los votos, en tanto que los partidos han iniciado el camino para impugnar en los tribunales los resultados desfavorables o para defender sus triunfos frente al alegato de sus opositores.

En Yucatán, el 1 de septiembre habrán de tomar posesión los nuevos ayuntamientos de los 106 municipios y habrá de integrarse la nueva legislatura local. Un mes después, el 1 de octubre, se iniciará la gestión del gobernador. Les restan entonces menos de 45 días a las actuales autoridades municipales y a los diputados antes de concluir sus funciones, y 30 días más a la gobernadora. La proximidad del final de un gobierno se caracteriza por las inauguraciones de obras, algunas de ellas aún inconclusas, para demostrar ante la sociedad el cumplimiento de los compromisos y la eficiencia de la administración que se va. Hacia adentro, los equipos que se verán sustituidos en breve, se apuran a poner en orden las cuentas y desahogar los pendientes que dejaron sin resolver por los presuntos riesgos de perder votos o simpatías antes de la elección.

Las prisas gubernamentales, sin embargo, tienen urgencias distintas. No será lo mismo la transición administrativa entre autoridades del mismo partido, como la que sucederá en el gobierno del Estado, que la que podrá darse en los ayuntamientos que cambiarán de signo partidario, como es el caso de Mérida. En el Congreso también habrá alguna diferencia entre la mayoría calificada que actualmente tiene el PRI al contar con 17 legisladores (dos terceras partes), con la nueva integración a partir del 1 de septiembre, en que el PRI requerirá de un votoal menos, que provenga del PAN o del PRD, lo que implicará necesidad de negociar y construir acuerdos políticos para reformar la Constitución o nombrar magistrados y consejeros electorales.

Tal vez sea ésta la explicación de la premura por convocar a la renovación de tres de los cinco consejeros del Ipepac, en pleno proceso electoral, cuando todavía falta la parte importantísima de la resolución de las controversias que presentaron los partidos ante el Tribunal. Las palabras mágicas que cobijan a los actuales diputados son: a más tardar. Así justifican decidir ahora, aun cuando el periodo de los actuales consejeros se vence hasta el 30 de noviembre. Claro que para ese día ya no se podría contar automáticamente con la mayoría calificada para aprobar los nombramientos, lo cual obligaría al PRI a negociar, de entrada, con los nuevos diputados del PAN y del PRD.

La actual legislatura estatal pretende realizar el proceso completo en relación con los actuales tres consejeros, que podrán ser reelectos, al igual que sus suplentes. Antes del 10 de agosto, los diputados deberán aprobar el dictamen. Sólo si los consejeros no son ratificados, se abriría el proceso en la forma que marca la ley electoral, esto es, se recabarían las propuestas de las organizaciones sociales. Los actuales diputados no tienen tiempo, ni del calendario ni de la política. Si en alguna parte es indispensable el consenso para aprobar un nombramiento, es en los órganos electorales. Imponer la mayoría numérica y dejar la sensación de que se buscó favorecer los intereses de un partido político haciendo a un lado a los demás es sembrar la mala semilla de la desconfianza en el seno mismo de la institución responsable de garantizar la legalidad y la certidumbre de los procesos electorales. Después, en el siguiente proceso, dará sus amargos frutos en la cuestionada legitimidad de las autoridades.

¿Para qué las prisas del Congreso? ¿Para amedrentar a los actuales consejeros sobre su conducta en el órgano colegiado? ¿Para deshacerse de algún “incómodo”, por sus posiciones críticas? ¿Para “comerle el mandado” político al próximo coordinador de la mayoría priísta? ¿Para ponerle “candado” al Consejo General del Ipepac, cuya llave se irá con la mudanza del Palacio de Gobierno el 1 de octubre?

Es cierto que el Ejecutivo del estado, es decir, el o la gobernadora, se encuentra al margen de los mecanismos para elegir a los consejeros electorales, así lo señala la misma Constitución de Yucatán.

Son las organizaciones sociales las responsables de proponer a las personas que consideren idóneas para ocupar estos cargos por seis años. Sin embargo, las prisas del Congreso llegarían hasta la misma oficina del próximo gobernador para no decir que salpicarían su gestión, desde su inicio. A quien ya se va, poco le afecta, pero flaco favor le hace la mayoría priísta a Rolando Zapata cuando apresura plazos. A la primera de cambios, los mismos priístas dejan en entredicho a su candidato ganador, quien empeñó su palabra de dialogar de manera franca con la sociedad y las organizaciones ciudadanas.

“Sin querer, queriendo”, como decía Chespirito, Rolando Zapata tiene enfrente su primera prueba, puesta por sus propios compañeros de partido. Por su futura gestión exitosa, espero que la resuelva de la mejor manera, que no es otra que respetar la ley y los tiempos políticos que soplan a favor de los que vienen, no de los que se van.- Mérida, Yucatán.