viernes, 30 de marzo de 2012

Cuotas de género, cuestión de respeto al Estado de derecho

Opinión de DULCE MARÍA SAURI en la cobertura especial de la cadena CNN para las elecciones en México 2012
http://mexico.cnn.com/opinion/2012/03/29/opinion-cuotas-de-genero-cuestion-de-respeto-al-estado-de-derecho#.T3UMBSQmbJE.email

Si los partidos no cumplen con la cuota de género, no podrán registrar a sus candidatos, advirtió el Instituto Federal Electoral (IFE) este lunes, amparado en una resolución tomada en noviembre pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esta postura, desde mi opinión, implica una sorda lucha entre los partidos y la Ley electoral, ante la obligatoriedad de incluir a mujeres en sus candidaturas a diputaciones y senadurías en las respectivas cámaras.

Considero que este esfuerzo para ampliar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo es válido por dos razones esenciales: las mujeres tenemos que cobrar protagonismo con más rapidez, en condiciones de igualdad con los hombres. Y también porque la llamada cuota está contenida en una Ley, por lo que incumplirla significaría pasar por alto el Estado de derecho —en la Cámara de Diputados deberá haber 120 candidatas de mayoría relativa y 80 en las listas de representación proporcional. En el Senado deberán ser 52: 26 de mayoría relativa y el mismo número de representación proporcional—.

El combate a la impunidad pasa por el estricto cumplimiento de las cuotas de género en la próxima elección. Aunque les duela a los partidos, aunque perturbe acuerdos entre facciones y rompa intereses sectarios. Así son los grandes cambios: incómodos, perturbadores, pero rodeados de esperanza.

El 17 de octubre de 1953, la Constitución acogió el derecho político fundamental que es el voto para las mujeres. Con el paso del tiempo, muy lentamente, la presencia de la mujer fue aumentando en el Poder Legislativo. Pero muy lentamente.

Con la intención de que tomara un mayor impulso, en México se contempló la figura de las "cuotas de género" a partir de 2001 y entró en vigor por primera vez en 2003, acción a través de la cual se convertía en obligatoria la inclusión de las mujeres en las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías. Sí, hubo resistencias, pero los partidos no quisieron evidenciar su inconformidad, ya que hubiera resultado contraproducente manifestar su rechazo a una mayor participación de la mujer en el Poder Legislativo.

En 2009, el IFE decidió que la cuota solo debía ser cumplida en las 200 candidaturas de la lista plurinominal y no en las de mayoría relativa. Y después aparecieron las Juanitas, mujeres que acabaron pidiendo licencia para finalmente ser sustituidas por sus suplentes, hombres. ¿Todos contentos?

Pero para este 2012 la situación fue distinta.

Lo que seguiría es la “lluvia” de juicios de protección de derechos políticos que inundará al Tribunal Electoral en los próximos días. Los hombres desplazados se quejarán. Pero todo podría haberse evitado si desde un principio los partidos hubiesen asumido que la Ley que ellos mismos aprobaron no es un adorno, sino algo que está para cumplirse.

Es un tema eminentemente de cultura política. La ley, me parece, se aprobó en el entendido de que no se aplicaría, que las cuotas establecidas en el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no eran un mandato, sino una aspiración. Esta idea tiene mucho que ver con la concepción de los mexicanos sobre el Estado de derecho, que hay que hacer a un lado si su respeto implica afectar intereses individuales o colectivos. Por eso creo que esta resolución del Tribunal, que la tomó desde noviembre del año pasado, que la confirmó el 11 de enero, es de la mayor trascendencia, no sólo en relación a los derechos políticos de las mujeres, sino en cuanto al respeto a la Ley.

Una persona decía que México es el único país en que las leyes no ordenan ni obligan, sólo muestran aspiraciones. Eso tiene que cambiar. Ahora se está dando un importante paso.

miércoles, 28 de marzo de 2012

El IFE se faja el fustán: a cumplir la ley de cuotas

Dulce María Sauri Riancho

"... O cumplen los partidos con la cuota de género o perderán registro: IFE...". Esta contundente frase era la nota principal de una compañía de teléfonos celulares que todas las noches envía mensajes a sus abonados. ¿Qué hicieron los partidos y las coaliciones que se aprestan a iniciar su campaña electoral el próximo viernes 30 para recibir una advertencia de esta magnitud?

En 1953, después de múltiples regateos y temores, la Constitución federal acogió el derecho político fundamental que es el voto para las mujeres. Al paso de los años, a cuentagotas fue incrementándose la presencia de mujeres en las cámaras de Diputados y Senadores. La inercia no era suficiente para garantizar la plena participación de la mitad de la población en decisiones que afectan a todos los ciudadanos.

Para acelerar el paso de las mujeres en la política se implantó una medida de "acción afirmativa" que tan buenos resultados había dado en distintas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, para incorporar masivamente a grupos que hasta entonces habían estado segregados de las oportunidades educativas, laborales y de participación política. De esta acción se derivan las "cuotas de género", que consisten en hacer obligatoria la participación de determinado número de mujeres en los órganos de decisión, en forma significativa, en el Poder Legislativo, tanto federal como en los estados. Para lograrlo, se hizo obligatorio a nivel federal que los partidos registraran, cuando menos, el 30% de candidaturas de mujeres, que se elevó al 40% en la reforma electoral de 2007.

Cabe señalar que todas estas reformas fueron aprobadas por los partidos políticos y los legisladores -diputados y senadores- casi por unanimidad (hubo algunas abstenciones y salidas al baño para no votar). Desde luego, no era "políticamente correcto" oponerse a una disposición de este tipo, aunque en su fuero interno muchos de los que la aprobaron ya estaban desde ese mismo momento pensando cómo "darle la vuelta".

No tuvieron que esforzarse en demasía. En 2009 el IFE aplicó una curiosa interpretación de la obligación de ley de inscribir no más del 40% de personas de un mismo sexo para las candidaturas. Decidió el árbitro electoral que ese porcentaje sólo se aplicara sobre las 200 personas de la lista plurinominal, en tanto que los de mayoría relativa en los 300 distritos no contaría si los candidatos de los partidos políticos surgían de un "proceso democrático" de elección interna. ¡Como si hubiera de otra!

Pero también aparecieron las Juanitas, apodo que la voz popular le puso a las mujeres que pidieron licencia a su curul de diputadas para ser sustituidas por sus suplentes hombres. Los partidos las inscribieron y cumplieron el requisito formal; ellas renunciaron y los varones asumieron el cargo, así fuera por la puerta trasera. Y todos contentos. Menos el principio de igualdad y el respeto a la Ley. Por esta razón, desde el inicio del proceso electoral 2012, en los últimos meses de 2011, los partidos comenzaron ante el IFE sus "consultas" sobre la aplicación del porcentaje, para que éste les confirmara que, igual que 2009, que sólo tenían que aplicarlo en las candidaturas de representación proporcional.

Oficios y circulares se intercambiaron, hasta que un grupo de ciudadanas, militantes de los partidos, decidió interponer un recurso (Juicio de Protección de Derechos Políticos) ante el Tribunal Electoral Federal (Trife). Y este órgano jurisdiccional resolvió con contundencia que los partidos tienen que cumplir la Ley, que están obligados a presentar cada uno de ellos 120 candidatas de 300 de mayoría y 80 candidatas en sus listas de representación proporcional en la Cámara de Diputados. En la de Senadores tendrá que haber 52 mujeres, 26 y 26. Desde luego, todas propietarias.

Las coaliciones PRI-Verde y PRD-PT-MC, así como el PAN, declararon esta norma de "imposible cumplimiento", que afectarían derechos de sus afiliados del sexo masculino que habían ganado la candidatura, que no hubo mujeres que quisieran inscribirse, que ellas no desean participar porque prefieren quedarse en su casa, entre otras cuentas del "rosario" de justificaciones. El plazo del registro se vence el 30 de este mes. Ante la inminencia, el pánico embargó a los partidos. Cuarto para las 12 están intentando cambiar las listas. A regañadientes, el IFE se fajó el fustán. Amenaza a los partidos con no registrar a sus candidatos si no cumplen la "cuota". Y hasta menciona la máxima sanción: no registrarlos, lo que impediría a esos partidos competir en la elección de diputados y senadores. Llevados al extremo, también estarían impedidos de participar en la elección presidencial. Entonces, un impensable escenario se materializaría: Gabriel Quadri ganaría por default, porque el partido que lo postula, el Panal, es el único que hasta el momento ha cumplido.

Habrá quien se pregunte si vale la pena todo este esfuerzo para incrementar la participación femenina. Hay dos consideraciones para dar una respuesta afirmativa. Una, porque las mujeres necesitan participar en condiciones de igualdad con los hombres; venimos de muy atrás, tenemos que ir más rápido. Dos, porque la "cuota" está en la Ley y en un Estado de Derecho hay que cumplirla. Si no les gusta a los partidos, que intenten cambiarla en la próxima legislatura. A ver qué pasa.- Mérida, Yucatán.

viernes, 23 de marzo de 2012

Las difíciles decisiones

Florence Cassez y el taxista yucateco
Dulce María Sauri
Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió sobre un amparo que interpuso Florence Cassez, ciudadana francesa, contra una sentencia que la condena a pasar 60 años en prisión, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Apenas hace unos días, aquí en Mérida, un juez puso en libertad a dos personas acusadas de agredir salvajemente a un taxista mientras realizaba su trabajo. ¿Cuáles son las semejanzas entre asuntos aparentemente tan distintos?
En ambos casos lo que está a discusión es el respeto al "debido proceso", que no es otra cosa que cumplir la Ley en todos y cada uno de los pasos que da la autoridad, con la finalidad pura y simple de hacer justicia.
Florence Cassez fue detenida a principios de diciembre de 2005 en un rancho cercano a la ciudad de Cuernavaca, junto con su novio, un mexicano de apellido Vallarta, señalado como el jefe de una banda de secuestradores. En esa misma propiedad se encontraban unas personas presuntamente retenidas por ellos, por las cuales exigían un rescate millonario. Hasta este punto parecía que -¡por fin!- la policía federal realizaba una acción exitosa. En transmisión directa desde el lugar de los hechos, millones de televidentes pudieron presenciar cómo la Policía Federal irrumpía en el lugar, sometía a los delincuentes, entre los que se encontraba Cassez, y rescataba a las víctimas. Las escenas parecían extraídas de alguna de las series policíacas norteamericanas como "La Ley y el Orden" o "CSI".
Resulta que todo lo presenciado en cadena nacional de televisión fue un montaje diseñado ex profeso para ella. Ahora se sabe que Vallarta y Cassez habían sido detenidos días antes, que fueron llevados de nuevo al rancho, al igual que las víctimas, para recrear lo que supuestamente había acontecido en ese sitio muchas horas atrás. De esta situación nos enteramos varias semanas más tarde, después de la abundante cosecha de felicitaciones que por su "enérgica y oportuna actuación" habían obtenido las autoridades policíacas.
Por increíble que parezca, cuando se inició el juicio contra Cassez, los jueces hicieron a un lado este hecho fundamental. Al hacer caso omiso del mismo, los juzgadores no consideraron si el montaje televisivo había introducido un sesgo radical en la investigación, si los testigos dudosos en una primera instancia, al ver las imágenes, fueron inducidos a declarar en la forma como las autoridades, erigidas en productores de televisión, esperaban. O ellos mismos terminaron por asumir, al participar activamente en la puesta en escena, que los hechos sucedieron tal como fueron transmitidos en el montaje televisivo.
La certidumbre jurídica se escurrió entre las dramáticas tomas televisivas. Se vulneró con este acto la garantía del debido proceso no sólo para los presuntos culpables -Cassez y otros-, sino también para las víctimas, pues el mal proceder de las autoridades policíacas contaminó las distintas etapas del juicio. Además, Florence Cassez, como ciudadana extranjera, tenía el derecho a recibir asistencia consular de su país -Francia- desde el momento de su detención. Este derecho es el mismo que reclamamos para los miles de mexicanos detenidos en los Estados Unidos, decenas de ellos condenados a muerte. Cassez no fue asistida con oportunidad por el servicio consular francés.
En Mérida, la libertad de los agresores del taxista fue otorgada por el juez debido a que no fueron consignados de inmediato a las autoridades judiciales, sino que la policía los retuvo indebidamente por varias horas. Su defensa adujo, además, "... que cuando llegaron a la sede del Juzgado estaban sangrando...", para argumentar la ilegalidad de su detención.
Tanto las víctimas de secuestro en el caso Cassez-Vallarta, como los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, compañeros del taxista agredido, claman justicia y denuncian la impunidad que parece enseñorearse si liberan a sus victimarios. Tienen razón.
El problema está en la actuación de las autoridades. La Policía Federal no tenía que haber realizado un show televisivo para elevar sus "bonos" por la detención de Cassez. La Fiscalía de Yucatán debió haber consignado de inmediato a los agresores del taxista. No lo hicieron.
Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sala Penal, resolvió un asunto (la negación de la libertad) que, con mucho, trasciende a la persona de Florence Cassez. Lo que está en revisión es el sistema de justicia penal que los mexicanos estamos dispuestos a enmendar, en que las autoridades -todas, no sólo los jueces- cumplan su parte de proteger a las víctimas y respetar las garantías de las personas sujetas a proceso, sean mexicanas o extranjeras.
El juez de Yucatán tomó una difícil decisión. Quizá lo más sencillo hubiera sido decretar la formal prisión de los responsables de la brutal agresión al taxista. Pasar por alto una vez más las violaciones a los procedimientos de la Fiscalía. Pero si apostamos por un verdadero cambio en el sistema de justicia, que no se quede sólo en las formas de los juicios orales, el juez fue consecuente al decretar la liberación de estas dos personas. A ver "si los pajaritos volaron", cuando los agentes de la Fiscalía intenten detenerlos de nuevo.- Mérida, Yucatán.

lunes, 12 de marzo de 2012

Jornada escolar y derechos de las mujeres

Dulce María Sauri Riancho
En ocasión del pasado 8 de marzo, día internacional de la Mujer.

La lucha por ampliar los espacios de participación política de las mujeres es, sin duda, de enorme importancia. Pero eso no significa que sea una preocupación central en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población femenina, de las madres, esposas, estudiantes, trabajadoras, empleadas. Al iniciarse la segunda década del siglo XXI, la enorme responsabilidad de la crianza de los hijos y del cuidado de las personas mayores de la familia aún descansa en forma principal sobre las mujeres. Es la razón por la cual las preocupaciones y angustias de muchas mujeres tienen que ver con la vida doméstica y la atención a los distintos miembros de la familia.

Los cambios sociales han modificado la "red de seguridad" que tenían las familias ante la eventualidad de un traspié económico o la situación vulnerable de alguno de sus miembros. La anciana tía soltera ayudaba a cuidar a los niños y a la vez era protegida por los sobrinos en su vejez. La abuela se hacía cargo de los nietos cuando la madre se veía obligada a trabajar fuera de la casa. Las personas mayores tenían una importante función en esas familias extensas que cobijaban a varias generaciones. Ahora, muchas abuelas a la vez son mujeres trabajadoras, que no pueden hacerse cargo de sus nietos. Las viviendas en la ciudad son pequeñas, ya no hay lugar para los abuelos o los tíos ancianos.

La sociedad en su conjunto es corresponsable del bienestar de las familias y de cada uno de sus miembros. Esta enorme responsabilidad tiene que conciliarse con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres: al trabajo, a la salud, a la educación, a la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, a una vida libre de violencia. Allí entran en juego las políticas públicas, es decir, los programas y las acciones de los gobiernos. Destaco una de ellas que sería de gran trascendencia social y que tendría un importante impacto en la vida de millones de mujeres en el país y en Yucatán.

El programa conocido como "Jornada escolar de tiempo completo", en apariencia es una cuestión relacionada fundamentalmente con la educación de calidad a la que tienen derecho todos los niños, independientemente del nivel de ingresos de sus padres. No se trata de volver a las escuelas una especie de "guarderías", sino de transformar a los centros escolares de educación básica -kínder, primaria, secundaria- en centros de desarrollo integral para niños y adolescentes. Por la mañana se impartirían las materias del programa educativo; los niños comerían en la propia escuela y, por la tarde, tendrían actividades deportivas, artísticas, aprendizaje de inglés y computación, hasta las 5 ó 6 de la tarde. Para la gran mayoría de la niñez yucateca, que acude a las escuelas públicas, sería la oportunidad de recibir lo mismo que los niños de las familias que pueden pagar clases particulares de ballet, inglés, fútbol y otras. Para las madres trabajadoras sería la opción del cuidado de los hijos en un lugar seguro, donde además podrían tener espacio para los juegos e incluso lugar para hacer las tareas, cuando en el hogar muchas veces no hay espacio disponible para escribir y concentrarse por el ruido incesante de la televisión y la radio. Y las madres amas de casa podrían decidir entre desarrollar alguna otra actividad o darse a sí mismas algún tiempo de descanso y diversión.

Cuesta mucho dinero. Sí. En 2000 cuando se realizó la propuesta, el monto era de ochenta mil millones de pesos anuales (ocho mil millones de dólares). Ignorábamos entonces que el país habría de recibir ingresos extraordinarios provenientes de los altos precios del petróleo, mismos que fueron despilfarrados en otras oscuras "prioridades". Tampoco se trata de hacerlo todo y de una vez, sino con un mecanismo gradual de incorporación de planteles, que podría comenzar por las escuelas de educación preescolar, puesto que la mayoría de ellas están equipadas con cocineta, tienen área de descanso para los niños y sólo funcionan por la mañana.

Claro que después de ver "De Panzazo" no puedo quitarme la imagen de deterioro de la infraestructura educativa, de las sillas rotas apiladas y las pintas ensuciando las paredes. Para transformarlas en centros de desarrollo habría que modificar drásticamente el entorno material y la concepción de la función de las escuelas, comenzando desde luego con los maestros, los alumnos y los mismos padres de familia.

En este 8 de marzo de campañas electorales, el Día Internacional de las Mujeres debe ser ocasión en que los candidatos verdaderamente se comprometan con las políticas públicas que pueden facilitar el ejercicio de los derechos de las mujeres, su plena ciudadanía.

La "jornada escolar de tiempo completo" sería una auténtica revolución encaminada en ese sentido.

Adición. Con pena, cuando el tema parecía resuelto, resurge con fuerza la amenaza de las "Juanitas". Resulta que el PRI, contra su costumbre, ha incluido a varias candidatas al Senado en lo que se denomina "doble vía": de mayoría y en la lista nacional. Curiosamente, no parecen ser mecanismos de protección frente a la eventualidad de perder la elección directa, sino una nueva manera de violar el porcentaje de representación femenina que marca la legislación electoral, puesto que en los estados seleccionados tiene el PRI una alta probabilidad de triunfo, lo que significaría correr en automático la lista, y abrirle paso al Senado a los hombres. Cumplir la Ley en la forma, violarla en el fondo: ¡qué burla!- Mérida, Yucatán.