miércoles, 31 de agosto de 2011

Yucatán: ¿en la economía del conocimiento?

Las goteras y los cubos

Dulce María Sauri Riancho

En plena temporada de lluvias, hace 29 años, se inauguró el Polifórum Zamná. La solemne ceremonia servía de marco para la presentación de los programas de desarrollo para Yucatán. De pronto, un movimiento recorrió la mesa de honor encabezada por el presidente Miguel de la Madrid y el gobernador, el general Graciliano Alpuche Pinzón: una gota había caído cerca del Presidente que, al ritmo violento de la lluvia, pronto se volvió casi una catarata. Huelga decir que esta situación dio al traste con el evento central de la gira presidencial. Meses más tarde, el gobernador solicitó licencia y fue sustituido por Víctor Cervera Pacheco.

Esta anécdota me vino a la memoria al contemplar la fotografía con los cubos recogiendo el agua de numerosas goteras en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Aunque no es el tema de este artículo, vale la pena considerar que el inmueble acaba de ser remozado, a un costo superior a $40 millones, suma muy, pero muy alta para un "chen" arreglo, ¿no lo cree así?

Volvamos al razonamiento que generó la imagen: el contraste entre la solución rudimentaria a un problema de falta de mantenimiento y el despliegue de la más moderna tecnología fue brutal. El pasado fin de semana se llevó a cabo un evento de cultura digital de primera categoría, el Telmex-Hub, que por dos días abrió a los yucatecos una ventana a las enormes posibilidades que las tecnologías de la información y comunicación ofrecen a la sociedad actual. Los participantes tuvieron una probadita de la conectividad de alta velocidad vía cable que, aunque es de uso común en los países avanzados, en México y en Mérida es aún una novedad. Además, las conferencias y demostraciones a cargo de reconocidos expertos de la materia deben haber motivado a los participantes, jóvenes en su mayoría, a adentrarse más en las tecnologías que dominan la llamada "economía del conocimiento", que no es otra cosa que producir ideas, programas y tecnología para que funcione la sociedad a través de las computadoras, los celulares y otros aparatos que son parte de nuestro entorno.

Pero no sólo fueron los cubos y las goteras la razón del contraste entre la realidad cotidiana y el aire de modernidad que trajo el Telmex-Hub. A unos metros del lugar otro testigo mudo apuntaba la enorme diferencia entre un agasajo de fin de semana y una política pública para propiciar la participación de Yucatán en la Sociedad de la Información y la Economía del Conocimiento. Me refiero al edificio que ocupó hasta hace unos meses el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información (CITI) de Yucatán, A. C. Esta organización de las empresas dedicadas a lo que se denomina "tecnologías de la información" tenía una especie de "incubadora de negocios" para que pudieran crecer, madurar y una vez consolidados salir del cobijo del CITI para competir con otras empresas del mundo. Su comité ejecutivo está formado (o estuvo) por el gobierno del Estado, las instituciones de educación e investigación y los empresarios del sector de Tecnologías de la Información (TI). A través de este comité se seleccionaba a las empresas que entraban a formar parte del CITI, donde no tenían que pagar renta ni por el acceso a los servicios de información y comunicaciones, indispensables para su función.

El CITI funcionó por casi nueve años e "incubó" a decenas de micro y pequeñas empresas que, en cuanto alcanzaban su "maduración", salían al mundo exterior en condiciones mejores para sobrevivir.

Un sector industrial vinculado a la producción de conocimiento es indispensable para la participación de Yucatán en la economía globalizada. Hasta hace algunos años los países más poderosos eran los que producían bienes manufacturados, maquinarias y herramientas. Ahora los más fuertes son aquellos que producen ideas que, aplicadas a la vida diaria, han transformado al mundo, como internet, telefonía celular, biotecnología, robótica. Íbamos por buen camino. El CITI, aunque modesto en su tamaño, ya había acreditado su calidad. Diversos reconocimientos lo confirman. Pero la mala costumbre burocrática de vestir a un santo desvistiendo a otro interrumpió el comodato del edificio que albergó las oficinas de la paraestatal Cordemex, bajo la razón o el pretexto de la construcción del Museo de la Cultura Maya.

No faltará algún burócrata trasnochado que opine que era tan sólo un puñado de diletantes, que no había resultados tangibles, de corto plazo. O tal vez haya sido calificado como un proyecto de la administración anterior, susceptible de ser abandonado sin consecuencias. Lo cierto es que este intento por poner a Yucatán en el mapa de la economía del conocimiento se perdió o está a punto de hacerlo.

Telmex-Hub vino y se fue. Que uno de sus efectos benéficos sea recordarnos la importancia del CITI, del apoyo real, indispensable para el desarrollo de los negocios de la información y las comunicaciones en condiciones de desigualdad. Como no queremos ser una sociedad de goteras y cubos, más nos vale rescatar al CITI del desprecio burocrático.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 24 de agosto de 2011

¿Dónde quedó la bolita? La deuda estatal

Dulce María Sauri Riancho

El gobierno de Yucatán debe cantidades crecientes de dinero a los bancos y a sus proveedores. En estos últimos años casi todos los estados del país han registrado la elevación de sus niveles de endeudamiento, de tal manera que preocupan a las autoridades hacendarias de la federación y, recientemente, a las agencias calificadoras de riesgos crediticios.

El antecedente más próximo es la crisis de 1994-1995, cuando las finanzas públicas estuvieron al borde del colapso y, en consecuencia, las tesorerías de las entidades federativas vivieron una situación crítica que requirió de un "rescate", parecido a los programas que se diseñaron entonces para las empresas.

La situación actual es diferente. A los estados no les ha faltado el dinero. En 2009, el Congreso de la Unión autorizó el incremento del IVA, del 15 al 16%, y el Ejecutivo federal ha aplicado un incremento continuo al precio de las gasolinas, con el propósito de compensar la disminución en la recaudación de otros impuestos.

El precio del petróleo de exportación se recuperó y los estados recibieron entre 2008 y 2010 más recursos de los que originalmente se estimaron. A su vez, en las entidades federativas se aumentaron diversos impuestos, como en Yucatán el de nóminas de las empresas, y el dinero continuó fluyendo a las arcas estatales.

Entonces ¿por qué aumentó la deuda de los estados hasta niveles que reclaman la intervención del Poder Legislativo y que preocupan a las firmas calificadoras?

El caso de Yucatán ayuda a entender la peligrosa dinámica que se ha desatado, porque los recursos del gasto público se ejercen anteponiendo los intereses políticos más que las decisiones para fomentar el desarrollo, combatir la pobreza y procurar el bienestar de la población.

El gobierno necesita financiamiento para funcionar. Entonces toma "créditos-puente" para continuar trabajando, mientras llega el dinero de las participaciones federales. En teoría estos recursos son para que los proveedores puedan cobrar a tiempo, para que las obras públicas se construyan sin sobresaltos ni pausas por falta de dinero. Pero si los recursos se utilizan para gastos no contemplados en el presupuesto, si se dedican a pagar propaganda o festejos, entonces hay que "tapar los hoyos" contratando créditos de mediano plazo para cubrir el llamado "gasto corriente", que es el día a día del gobierno.

Eso estaba prohibido hasta que calladamente, hace poco más de un año, se reformó la Constitución de Yucatán y la Ley de Deuda Pública del estado. La reforma implicó una redefinición de lo que se considera "inversión productiva", la única autorizada por la Constitución de la República para financiarse con créditos. En esa ocasión también se abrió paso a los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios), que darán mucho de qué hablar en los próximos años. Al flexibilizar el concepto, cualquier acción gubernamental puede financiarse con créditos bancarios a largo plazo, incluyendo los préstamos para pagar deuda previamente contraída por el despilfarro o el desorden presupuestal.

El dinero de los préstamos bancarios llega con facilidad porque se garantizan con las participaciones federales. Pero éstas no son inagotables; se puede comprometer un porcentaje tal de los ingresos estatales, que el gobierno ya no pueda emprender ninguna obra o prestar algún nuevo servicio simplemente porque no tenga recursos para pagarlos. Entonces se echa mano a los PPS, que no se registran en la contabilidad gubernamental como deuda, porque son una especie de pago de alquiler o de un servicio "a futuro", al que se obliga la administración estatal por un contrato de tan largo plazo como 30 años.

A la actual administración le quedan poco más de 13 meses de gestión. Plazo insuficiente para concluir alguno de los proyectos tan anunciados y para los cuales se concertaron créditos con distintos bancos y recientemente con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Sin embargo, durante este periodo el gobierno puede comprometer aún más las finanzas públicas hasta niveles de alto riesgo. Ya están los contratos PPS tocando la puerta para construir tres hospitales y las obras que puedan ocurrirse en el acelere final de la administración.

No me parece responsable que se aplique el refrán "... El que venga atrás, que jale..." para justificar los niveles de endeudamiento actuales, sin considerar que las próximas administraciones gubernamentales encontrarán buena parte de los fondos comprometidos, sin márgenes financieros para impulsar sus propios proyectos.

La gran pregunta es dónde quedó el dinero de los créditos y de la deuda. En alguna forma me recuerda las ferias de pueblo y el "dónde quedó la bolita". El merolico atraía la atención del público y con su juego de manos creaba la ilusión de depositar el juguete en alguno de los cajones; se hacían las apuestas y al voltearlos, todos perdíamos menos el timador.

Algo así va a pasar con el final de este gobierno. En medio de la propaganda, de las luces y de los artistas, se le da vueltas a la bolita. El final de la administración será el momento de revisar la caja. Quizá nos encontremos con que no hay pelotita y que la caja también se vendió.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 17 de agosto de 2011

La renuncia de Armando Baqueiro, lo personal de los motivos.

Dulce María Sauri Riancho

La semana comenzó con la renuncia de Armando Baqueiro Cárdenas a la Secretaría de Planeación y Presupuesto del gobierno del Estado.

El hasta ayer secretario del gabinete de Ivonne Ortega era uno de los tres "ases" del equipo original, junto con los titulares de Educación, Raúl Godoy, y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro. Los tres, doctores.

Baqueiro destacaba por la experiencia adquirida en una de las instituciones emblemáticas de la administración pública nacional: el Banco de México. El mundo profesional del doctor Baqueiro era la macroeconomía, las grandes cuentas nacionales, el conocimiento y la interpretación de los fenómenos económicos del mundo.

Pensionado del Banco de México, parecía que el doctor Baqueiro había decidido regresar a su tierra para contribuir a conformar un aparato administrativo estatal con visión y alcance nacionales, que pudiese conjugar la energía de la joven titular del Ejecutivo con el indispensable orden para hacer realidad los proyectos de cambio, sin poner en riesgo la disciplina presupuestal.

En ese lejano 2007, Baqueiro fue la garantía de madurez para entablar relaciones fluidas entre el novel gobierno y los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal panista, así como con los responsables de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la decisión del doctor Baqueiro muy posiblemente pesó el atractivo de "entrarle" a la economía real, a los complejos procesos de toma de decisión sobre políticas públicas, programas y obras en la administración de una entidad federativa, en este caso, su natal Yucatán.

No es difícil imaginar la senda de desgaste personal y profesional que recorrió el doctor Baqueiro en sus cuatro años al frente de Planeación. Su formación de economista del Banco de México debe haber chocado con la improvisación y el desorden que desde un principio acompañaron el desempeño de los funcionarios estatales. Acciones de gobierno anunciadas de improviso, gastos muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso local, presiones internas para ampliar los recursos asignados a Comunicación Social en detrimento de otros programas y dependencias más necesitadas, pero políticamente menos relevantes para el proyecto de la gobernadora.

Me imagino a Baqueiro lidiando con el secretario de Fomento Agropecuario, con el de Comunicación Social o con el de Obras Públicas o de Turismo. O intentando encontrar argumentos para explicarle al de Política Comunitaria y Social que no había fondos para sus programas, o a las titulares de la Secretaría de la Juventud y del Instituto Estatal de las Mujeres que, aunque poco demandaban, nada habría para ellas. Además, el "Doctor No" se volvió el pretexto para justificar el incumplimiento de los compromisos de pago con los proveedores, al aducir que "... la Secretaría de Planeación aún no había autorizado el recurso...".

Después del percance del pasado diciembre, el "Doctor No" había abandonado los reflectores públicos. Cuando se discutía el "paquete fiscal" 2011, el doctor Baqueiro defendió enjundiosamente la necesidad de incrementar la recaudación vía el establecimiento de nuevos impuestos y del aumento de otros, como el de nóminas. De improviso, la gobernadora decidió eliminar el pago de la tenencia para los vehículos con valor menor a $300,000, lo que implicaba $280 millones menos de recaudación y un rotundo mentís a los argumentos de su secretario de Planeación.

Pensé entonces que el doctor Baqueiro iba a renunciar. Para qué seguir dañando un prestigio largamente labrado de seriedad e integridad profesional, si el gobierno al que pretendía servir hacía caso omiso de su persona y de sus funciones. Pero no conté con el compromiso que el propio doctor Baqueiro había asumido cuando inició las complicadas negociaciones para obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $2,600 millones, y que seguramente quería concretar.

Hace unas cuantas semanas, el 26 de julio, se dio a conocer la firma del crédito del BID a favor del gobierno de Yucatán. El Centro Histórico de Mérida, el Malecón de Progreso, las acciones de reforestación y de gestión de excretas de las granjas porcinas de pequeños productores, la Red Integrada de Transporte Público, la Red Electrónica de Servicios, la Modernización de la Gestión Tributaria y Fiscal, todos ellos son proyectos que se financiarán con el préstamo del BID.

De pronto, nos enteramos que el doctor Baqueiro renunció "por motivos personales". ¿De cuál persona? ¿De él o de los funcionarios comprometidos con los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) que chocaron con su negativa a firmar los onerosos compromisos que éstos entrañan? ¿De la persona de la gobernadora, a quien le preocupa el último año de su gestión y la necesidad de ordenar "como sea" una administración que hace agua por muchos lados? ¿De quién requiere "manga ancha y cartera abierta" para hacer de las suyas en los proyectos del BID?

El nuevo titular de Planeación, Ulises Carrillo, ya estableció su prioridad: los PPS para tres hospitales. No hay duda: llegó el tiempo de los "Sí", aunque sólo sea para los contratos de Prestación de Servicios.

domingo, 14 de agosto de 2011

Janie Rosaura y la violencia contra las mujeres

Dulce María Sauri Riancho

Janie Rosaura Salazar Pérez, madre de cinco hijos, falleció junto con tres de ellos. Fueron ultimados por su esposo y padre, de quien se encontraban separados por su comportamiento violento. Janie había acudido a las instituciones en busca de ayuda para enfrentar la situación con su marido y lograr la protección para su familia. Unos días después, en menos de una semana, otras dos mujeres fueron asesinadas por familiares en la zona conurbada de Mérida.

No sólo en el ámbito familiar se ejerce violencia contra las mujeres -sexual, física, económica, sicológica-, sino también suele suceder en el trabajo o en la comunidad. Sin embargo, es en el seno del hogar donde se presenta con mayor frecuencia el abuso de poder que significa imponer la voluntad mediante el uso de la fuerza, bien sea de las palabras o de los puños, del regateo del dinero o en las relaciones sexuales. Durante mucho tiempo, para las mujeres un marido violento era "la cruz que me tocó cargar" y sus agresiones, que incluían ojos morados y hasta brazos rotos se sufrían en el silencio y la intimidad de la familia.

Desde 2008 Yucatán tiene la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, con 76 artículos y su Reglamento respectivo, que permitiría aplicarla a plenitud. Son 11 instituciones del gobierno, de los poderes Ejecutivo y Judicial las que forman el "Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres". El Sistema es presidido por el Ejecutivo y cada una de las dependencias gubernamentales tiene su responsabilidad específica, enunciada en la propia Ley, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, el Consejo Estatal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, el DIF, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras seis más, siendo el Instituto de Equidad de Género de Yucatán (IEGY) la instancia encargada de vigilar que las instituciones cumplan los compromisos contenidos en el programa estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Esta red institucional tiene un solo propósito: que todas las mujeres yucatecas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. La ley mandata a las instituciones a coordinarse entre ellas y establece que cada tres meses el Sistema debe informar "... de los logros y avances del Programa Estatal...". Todas las dependencias públicas responsables tienen el deber de "canalizar" a las víctimas de la violencia a las instituciones que les presten asistencia y protección, como el DIF, de acuerdo con el Art. 49 de la citada ley. Para que el Sistema y cada una de las instituciones que lo integran funcionen, el Presupuesto de Egresos debe considerar la correspondiente partida, es decir el gobierno tiene que proporcionar los recursos necesarios y suficientes.

La "piedra de toque" de todo este entramado legislativo es la responsabilidad gubernamental de "... Promover la cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad e integridad..." (Artículo 34, f. X). Convencer a una mujer de que tiene derecho a denunciar la violencia en su contra entraña un gran compromiso para las instituciones del gobierno: de protección, de ayuda, de acompañamiento en el complicado proceso que implica interponer una demanda de divorcio, o una denuncia por agresión o maltrato. Por eso la Ley tiene un capítulo especial destinado a normar las "órdenes de protección", que implican mandamientos judiciales para que el agresor permanezca alejado de la o las víctimas de la violencia, su posible traslado a los albergues creados ex profeso para recibirlas, junto con sus hijos, además de una atención expedita en las instancias judiciales.

De todo este recuento de normas muy poco alcanzó para Janie Rosaura y sus hijos. Al igual que muchas personas con problemas familiares, ellos acudieron al DIF, que es la institución pública más conocida para atender a la familia, pero no fueron "canalizados" ni a la Fiscalía, ni al IEGY ni el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres actuó oportunamente. No hay constancia de que se le haya ofrecido a Janie su traslado a algún albergue, ni hubo orden que mantuviera al esposo agresor lejos de su familia. Quizá hubo una estimación ligera sobre el caso, que minimizó el potencial de violencia del cónyuge y que habría de explotar con sangrientos resultados.

Algunos pensarán que los funcionarios públicos tienen poca responsabilidad en los arrebatos de celos que acompañan generalmente a crímenes como éstos. Que ellos y ellas no pueden preverlos, que las víctimas de violencia doméstica tienden a desdecirse de sus acusaciones y que, por lo tanto, no vale la pena poner empeño en investigar. No es así.

Janie Rosaura y sus hijos son una muestra dolorosa de la enorme distancia que separa a la ley de la realidad, a los buenos propósitos de las prácticas institucionales descoordinadas y superficiales. Una vez más, encontramos Consejos y Sistemas que existen sólo en el papel, con programas que duermen en los escritorios y con mecanismos de evaluación que no se aplican. La ley, no lo olvidemos, es condición necesaria, pero nunca suficiente para combatir en forma efectiva la violencia contra las mujeres. Sólo será eficaz si demandamos como sociedad su cabal aplicación.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 3 de agosto de 2011

Pobreza en Yucatán: Las cifras sin maquillaje

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de la medición de pobreza 2010 para cada entidad federativa y para el país en su conjunto.

Este ejercicio es quizá el más importante compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que tiene la administración pública federal. No lo realiza por graciosa concesión a la ciudadanía, sino por mandato de la Ley General de Desarrollo Social y no lo elaboran los propios funcionarios interesados en defender a ultranza su trabajoy minimizar u ocultar sus posibles errores, sino una institución especializada, compuesta por investigadores de reconocido prestigio académico.

Además, para evitar malas interpretaciones de tipo político, con toda antelación Coneval fija las fechas de presentación de sus informes , en el caso del relativo a la pobreza, cada dos años. Ahora correspondió al Informe 2010, con datos al mes de agosto de ese año.

Establecer la magnitud de la población en situación de pobreza es indispensable para poder efectuar una auténtica evaluación de resultados de las políticas públicas que procuran el bienestar de la sociedad. No se trata sólo de informar del número de acciones de vivienda realizadas, del total de desayunos escolares entregados o de las despensas repartidas, sino de medir los efectos reales que tienen en la vida de la población más vulnerable, si disponen de suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, para mandar a sus hijos a la escuela o poder curarse cuando se enferman.

¿Cómo distingue el Coneval a la población en situación de pobreza? A través de las denominadas "Líneas de Bienestar". Esta línea, debajo de la cual se encuentran la "pobreza oficial", se fija de acuerdo con el costo de la llamada "canasta alimentaria" y de otros servicios básicos. En agosto de 2010 se calculó su monto para cada persona, en 1,329 pesos mensuales en las áreas rurales y en 2,114 pesos en las zonas urbanas.

De acuerdo con el informe, entre 2008 y 2010, 50,000 yucatecos cayeron en la pobreza, y se sumaron a casi la mitad de la población del estado que se encuentra en esa misma situación (47.9% del total). Pero de éstos "nuevos pobres", 35,000 entraron a formar parte del grupo en pobreza extrema, los "pobres de los pobres", donde ya se encontraban otras 156,000. Esto significa que en 2010 uno de cada diez yucatecos estaba en condición de no contar con lo indispensable para vivir con dignidad.

No es difícil concluir que fue en el medio rural donde más se resintieron los efectos de la crisis económica y de la desatención gubernamental. Cada año son menos los yucatecos que viven en el campo, pero cada vez en condiciones más precarias. Los programas integrales de atención al campo han sido sustituidos por acciones asistenciales, que más que resolver los problemas de producción y sustentabilidad del desarrollo rural, procuran suplirlos con dádivas, para intentar resolver lo más urgente y adicionalmente, crear clientela política para las campañas electorales. Por eso, el Informe de Coneval muestra con crudeza que los pobres de los pobres yucatecos están principalmente en las pequeñas localidades olvidadas, que no pesan electoralmente y que, en consecuencia, reciben escasa atención de las autoridades. A diferencia de las cifras nacionales del Informe de Coneval, que hablan de una reducción de la pobreza extrema en el país (de 10.6% en 2008 a 10.4 en 2010), en Yucatán hubo un incremento significativo de personas en esta condición al pasar del 8.2 al 9.8% de la población.

Anteanoche se llevó a cabo el "Informe Ciudadano" para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la gestión de Ivonne Ortega. Hace un año, en el mismo agosto, pero de 2010, en la fecha de su tercer aniversario, 35,000 yucatecos con nombre, rostro y esperanzas, se habían sumado a los pobres de los pobres y otros 15,000 habían caído en pobreza "moderada". Nada indica que en 2011 esta tendencia negativa haya cambiado. Más allá de la propaganda en la televisión y en la radio, los anuncios espectaculares y el evento en Dzibilchaltún, el Informe de Coneval es el espejo más fiel para reflejar los logros de un gobierno.- Mérida