miércoles, 23 de febrero de 2011

La competencia por las telecomunicaciones

Entre King Kong y Godzilla

Dulce María Sauri Riancho

Los televidentes nos percatamos pocas veces de los comerciales que atiborran los tiempos de la transmisión. El tiempo de su exhibición casi siempre lo empleamos para explorar con el control la barra de programación, para hablar por teléfono o atender algún asunto. Por eso nos dice poco la determinación del Grupo Carso de concluir su contrato de publicidad con Televisa, lo que significa que sus comerciales ya no serán transmitidos por los canales de la más importante empresa televisiva del país.

Los efectos y consecuencias de este rompimiento van más allá de dejar de ver al globo azul por "el territorio Telcel", o las ofertas de Sears y sus modelos internacionales. Se trata del enfrentamiento abierto de dos de los grupos económico-empresariales del país.

La Nación -es decir todos nosotros- es propietaria del espectro radioeléctrico a través del cual se transmiten las señales de radio, televisión, internet y otras. Es responsabilidad del gobierno federal su correcta administración, por lo que tiene las facultades que le otorga la ley para regular a quienes participan, sean empresas privadas, organismos públicos, como las universidades u organizaciones sociales, o las radios comunitarias.

Socios en un tiempo, Telmex y Televisa están hoy enfrentados por el jugoso mercado de las telecomunicaciones. Cuando el gobierno vendió Teléfonos de México en 1990 limitó a la empresa a la comunicación telefónica, prohibiéndole expresamente que utilizara su extensa red de cableado para transmitir televisión.

Televisa incursionó en la televisión satelital -Sky- hasta casi quedarse sola. En la televisión por cable también inició la adquisición de los sistemas estatales y regionales, hasta consolidar una poderosa red nacional. Además, la telefonía celular ha crecido en forma exponencial -más de 50 millones de líneas- por todo el país, donde Telcel logró situarse como la empresa más importante. El desarrollo tecnológico de las comunicaciones elevó exponencialmente los posibles alcances de estos dos grupos y favoreció el choque de sus intereses. Por una parte, Televisa (por medio de una subsidiaria, Bestel) se metió de lleno a los terrenos de Telmex cuando le ganó la licitación de los servicios telefónicos del Issste. Varias empresas de cable -subsidiarias de Televisa- se asociaron para proporcionar los servicios de voz, imagen y datos, es decir teléfono fijo, televisión e internet, lo que se conoce como "triple play".

Otro evento importante aconteció recientemente: el gobierno federal puso a licitación los 21,000 kilómetros de fibra "oscura" de la Comisión Federal de Electricidad (sí, los cables que llevan la luz pueden también conducir imágenes, voz y datos), que fue ganada por el grupo encabezado por Bestel y los competidores directos de Telmex. Pero aquélla no se quedó con los brazos cruzados. Telmex realizó una alianza comercial con MVS para cobrar el servicio de televisión satelital Dish, que ha tenido una rápida expansión, en particular en las amplias clases medias de las ciudades que no pueden pagar el más costoso Sky o contratar el cable.

Para los analistas, la gota que colmó el vaso fue la crítica en el noticiario estrella de Televisa a las fallas que había presentado el servicio de Telcel en la ciudad de México. Éste era el ambiente en el que el grupo Carso (Carlos Slim y sus empresas) decidió dejar de anunciarse en Televisa. Sin embargo, tras el diferendo comercial aparecen las estrategias que ambos consorcios han diseñado de cara al final de la actual administración y al inminente relevo presidencial. Para el Grupo Carso resulta fundamental hacer presencia en la televisión abierta"; para Televisa, mantener el duopolio y aprovechar su dominio de la televisión restringida para romper el monopolio de Telmex-Telcel en transmisión comercial de voz y datos.Dicen que la publicidad de las empresas del Grupo Carso "sólo" representa el 4% de las multimillonarias ventas que hace la empresa anualmente -casi 900 millones de pesos-; que poco peso tiene en los resultados financieros del consorcio de Emilio Azcárraga. Éste es un asunto que compete a todos. Por los medios de comunicación electrónicos tenemos acceso a la información, a la diversión y a la educación. Por las telecomunicaciones el país es más o menos competitivo en la economía globalizada, las empresas compiten en mejores o peores condiciones con sus similares de otras partes del orbe. Se trata entonces de nuestra libertad, de la calidad de nuestra democracia, de la competencia económica.

King Kong Telmex y Godzilla Televisa chocan con su enorme fuerza en el frágil escenario económico y político de México. Kong, gigantesco gorila reverenciado como un dios en una remota isla del Pacífico, se enfrenta al feroz Godzilla, dinosaurio mutante producto de las pruebas nucleares en el archipiélago japonés. Ambos titanes libran una lucha sin cuartel, de la cual sólo uno sobrevivirá.

Y el gobierno, ¿dónde está? El débil órgano regulador de las telecomunicaciones, Cofetel, tiene escasas y cuestionadas facultades para intervenir. Las autoridades responsables de imponer reglas claras entre competidores que favorezcan a los consumidores en precio y calidad se han mostrado omisas o erráticas en sus determinaciones, en particular ante la posibilidad de que Telmex pueda prestar servicios de televisión, así como Televisa ya los proporciona de telefonía e internet. La nueva legislación de radio y televisión sigue pendiente, dejando ver compromisos de autoridades y partidos con los monstruos en pugna. Las opciones de contenidos aún son muy limitadas, cuando las nuevas tecnologías podrían abrir un gran abanico a nuevos participantes para todos los gustos y preferencias.

Por eso y mucho más nos importa la pelea de los dos titanes. Por eso demandamos la intervención oportuna y eficaz de los órganos públicos responsables a favor del interés de los ciudadanos. Que no los asuste Godzilla; que no huyan ante King Kong. Que los monstruos sean domados por la ley y sirvan a la Nación.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de febrero de 2011

Apuesta: juventud y experiencia

Cuarenta y veinte

Dulce María Sauri Riancho

No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. -"Cuarenta y veinte". Letra: Carlos Cuevas. Intérprete: José José


Tenía 39 años cuando el 14 febrero de 1991 asumí el gobierno de Yucatán. Han pasado dos décadas en que la sociedad y la política han cambiado profundamente. Sin embargo, las preocupaciones sobre el ejercicio de gobierno, las cualidades que debe tener un gobernante para realizar una gestión eficaz y cumplir continúan presentes.

¿Hombre o mujer? ¿Joven o mayor de edad? ¿Graduado universitario o en la "escuela de la vida"? Más allá de las siglas de la organización partidista que los postula, ésas y otras muchas preguntas nos hacemos cada tres o seis años cuando se aproximan los tiempos de las candidaturas y las campañas electorales, en especial cuando se trata de la gubernatura o de la presidencia de la república.

Faltan varios e intensos meses antes de que los partidos definan a sus candidatos para la contienda presidencial de 2012. En Yucatán por primera vez tendremos elecciones concurrentes con las federales, por lo que al mismo tiempo decidiremos sobre la representación federal (presidente, senadores, diputados) y la estatal (gubernatura, congreso, ayuntamientos).

En política el tiempo vuela, por lo que las reflexiones sobre cualidades y características de los gobernantes tendrían que ser un ejercicio constante, inspirado en una parte por la historia y en otra por la actuación de los mandatarios en ejercicio. Ivonne Ortega tiene dos características singulares: es mujer y menor de 40 años (35 cuando asumió el gobierno). Felipe Calderón tenía 44 años cumplidos cuando inició su mandato. Ambos son jóvenes.

Lázaro Cárdenas tenía 39 años cuando comenzó su gobierno en 1934. Para entonces ya era general, había sido gobernador de Michoacán, secretario de Gobernación y dirigente del PNR, antecesor del PRI. En la etapa de la Revolución se vivía muy aprisa. El desplazamiento de la élite porfirista abrió las puertas a una generación de jóvenes luchadores que compartieron armas con otros mayores de 50 años, como Venustiano Carranza. El promedio de vida en el periodo inmediato al triunfo de la revolución rebasaba escasamente los 30 años, por lo que con esa medida la inmensa mayoría de quienes llegaban a ejercer el gobierno eran considerados "mayores".

En la etapa de estabilidad política que siguió al arribo de los civiles a la cabeza del poder ejecutivo federal con Miguel Alemán a los 43 años, sus sucesores fueron mayores, entre 48 y 63 años cumplidos. Por eso destaca aún más la edad de Carlos Salinas de Gortari al asumir la presidencia de la república: 40 años. Su sucesor, Ernesto Zedillo, lo hizo a los 43. Ambos auténticos jóvenes en una sociedad que había elevado su esperanza de vida a más de 70 años.

En Yucatán Felipe Carrillo Puerto fue gobernador a los 48 años, edad de Víctor Cervera Pacheco cuando inició su interinato en 1984. Un poco mayores fueron Francisco Luna Kan y Carlos Loret de Mola (51 y 49 años, respectivamente) y más joven (44 años) Patricio Patrón Laviada. Víctor Mena Palomo en 1953 inició su interinato a la entonces avanzada edad de ¡61 años!

En cuanto a la preparación profesional, en la presidencia de la república todos han sido universitarios desde 1946, predominantemente abogados. La gubernatura yucateca ha registrado gobernadores con título de educación superior (abogados, médico, socióloga) y otros que no lo han tenido.

La revisión de la experiencia previa arroja que para la candidatura presidencial se preparaban (y preparan) los candidatos en el gabinete presidencial. Con el cambio de partido en el gobierno, desde 2000 los gobernadores también son considerados o se hacen visibles para ser tomados en cuenta por sus dirigencias partidistas.

Por años el camino a la gubernatura de Yucatán ha pasado por el Senado de la República. Al hilo, cinco gobernadores procedieron de la Cámara Alta. Los dos últimos también han sido senadores con licencia. Con estos apuntes de memoria no será difícil entender por qué son los senadores y diputados del PRI y del PAN los más visibles en la lucha anticipada por la candidatura al gobierno yucateco. Mas no por ello hay que excluir a la presidenta municipal de Mérida, pues existe el antecedente de Luis Torres Mesías, exitoso alcalde en ejercicio en 1964, aunque como gobernador tuvo un desempeño muy cuestionado.Es cierto que la larga experiencia en el Poder Legislativo no garantiza a un buen Ejecutivo. Las cámaras son órganos de decisiones colegiadas, de responsabilidades colectivas; tienen sus propios tiempos y urgencias. Un gobernante tiene que decidir, organizar y responder en los lapsos marcados por la ley y la política. Los legisladores están lejos -así lo asume la mayoría de las personas- y el gobernante, cerca.

Lo que sí proporciona una trayectoria como funcionario público y representante popular es una formación y una experiencia que permite un mejor ejercicio del cargo. Dice una irónica frase que "... la juventud es el único defecto que se quita con el tiempo..."; sin embargo, la combinación entre el ímpetu, el arrojo y la frescura que caracteriza esa etapa de la vida, con la experiencia producto de la preparación y el ejercicio de distintas responsabilidades permite mantener los pies en la tierra, no dejarse seducir por el halago interesado.

En la política actual el hedonismo es una amenaza. Gozar el poder por el tiempo de que se disponga -3, 5, 6 años-, pues lo que importa es el "ahora", al que hay que extraer el máximo provecho. Apuesto por la combinación de juventud y experiencia en los buenos gobernantes. No es la cuenta de los años sino la actitud ante la vida como un proceso de aprendizaje continuo lo que garantizaría representantes a la altura de los retos que enfrentamos. A buscarlos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Casas deshabitadas ¿Nuevos fantasmas del Viejo Oeste?

Dulce María Sauri Riancho

Los programas de construcción de vivienda involucran dos aspectos muy importantes estrechamente ligados entre sí. Uno es el económico, pues el sector industrial tiene en la edificación de casas-habitación una de sus ramas más dinámicas. El otro punto es de carácter social, por el significado profundo de ser y sentirse propietario del techo que nos cobija.

Desde 1972 se creó el Infonavit, organismo público responsable de proporcionar vivienda a los trabajadores. Sus recursos provienen de las cuotas que pagan los patrones y los obreros, más la aportación gubernamental. Sin embargo, no toda la población trabajadora tiene Infonavit, sólo quienes están afiliados al IMSS, que en el caso de Yucatán eran 265,657 personas en enero pasado, menos del 40% de la población económicamente activa (PEA) yucateca.

El primer fraccionamiento construido con créditos del Infonavit en Yucatán fue Pacabtún, en Mérida, en la década de 1970. En el transcurso de los casi 40 años de la institución, numerosas familias han recibido un crédito que les ha permitido adquirir su vivienda en la capital del estado o en otras poblaciones cercanas a su centro de trabajo. Los créditos se dan principalmente para comprar vivienda nueva, aunque también se proporcionan para adquirir una casa usada o mejorar la propia.

La zona metropolitana de Mérida, que incluye a Umán, Kanasín, Progreso y Ucú, está sembrada de fraccionamientos de los llamados "de interés social", con casas adquiridas con créditos del Infonavit. Sin embargo, no todas las viviendas están ocupadas, ni siquiera utilizadas como tienditas de barrio o para proporcionar algún servicio. El fenómeno de las casas abandonadas forma parte del problema de las nuevas colonias y fraccionamientos. Es difícil entender las razones para dejar sin ocupar una vivienda, después de batallar durante largo tiempo para lograr el crédito para comprarla y pagar los abonos mensualmente vía descuento del salario. ¿Qué sucede?

Para obtener una respuesta, el Infonavit encargó un estudio sobre vivienda deshabitada en el país que permitiese conocer la dimensión de este problema que representa alrededor del 25% de las casas-habitación en las zonas urbanas de México.

El estudio arroja ya algunos interesantes hallazgos. De la vivienda financiada por el Infonavit en el periodo 2006-2009, poco más de dos terceras partes (68%) está habitada; seis de cada 100 viviendas se ocupa para un uso distinto de habitación (son las tienditas y los pequeños negocios) y un alarmante 26%, es decir, 26 casas de cada 100, está deshabitado.

La "cosecha" de 2008 es la que tiene la proporción más alta de no ocupación de la vivienda construida: 31%, ¡tres casas de cada 10! La vivienda nueva se ocupa menos que la vivienda usada. Los asalariados de menores ingresos (0-2 salarios) y de ingresos más elevados (7-11 salarios) tienen más viviendas sin ocupar que los trabajadores de ingresos intermedios.

Una casa deshabitada es presa fácil de la depredación y el saqueo; les roban tubería, muebles de baño, puertas y ventanas, y en casos extremos se vuelve refugio de malvivientes y grave problema para los vecinos. De acuerdo con los resultados del estudio, casi la mitad de los predios desocupados, 11 de cada 100 viviendas construidas por el Infonavit entre 2006 y 2009, está en ese estado.

El estudio indaga las razones por las que una familia que adquiere una casa finalmente no se muda a ella. Las principales son la falta de servicios básicos y la mala ubicación de las viviendas. Pesa más la lejanía que la necesidad; las deficiencias de agua, drenaje, pavimentación y vigilancia se vuelven factores definitivos para regresar al hacinamiento y malas condiciones de habitación que motivaron la solicitud de crédito.

En 2010 se otorgaron 12,178 créditos de vivienda del Infonavit en Yucatán y 1,711 del Fovisste. El Infonavit estima que la demanda total en las zonas urbanas de Yucatán para 2011 es de 10,648 casas nuevas necesarias y 7,669 acciones de mejoramiento, es decir, menos de 19,000 unidades. Se ha anunciado la reducción de 15% de los subsidios federales para la construcción de vivienda de interés social, manifiesta preocupación para el gobierno estatal y la Cámara de la Industria de la Construcción. Independientemente del resultado de las gestiones de la gobernadora para recuperar los recursos recortados, es necesario prestar mayor atención al fenómeno de la vivienda desocupada en Yucatán. No sólo se trata de construir viviendas y colocar los créditos, sino de crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de las familias que se trasladan a su nuevo hogar. Con servicios de calidad, escuelas cercanas, transporte barato y oportuno, cercanía a los centros de trabajo y seguridad pública, la misión estará realmente cumplida. Mientras, los nuevos fraccionamientos seguirán como las poblaciones fantasmas del Viejo Oeste.- Mérida, Yucatán.

jueves, 3 de febrero de 2011

Transparencia, ¿vacuna contra la impunidad?

Dulce María Sauri Riancho

La serie de tres reportajes sobre el gasto de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del estado realizada por la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia muestra con claridad la utilidad social de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para dar seguimiento a la actuación de nuestras autoridades. Quién, cuánto y en qué se gastaron muchos millones de pesos del presupuesto público pasa a ser un asunto documentado que demanda aclaraciones y precisiones por parte de los involucrados: gobierno, empresas y empresarios.

La CGCS es, de acuerdo con el artículo 47 del Código de la Administración Pública yucateca, la dependencia del Ejecutivo estatal responsable de formular, dirigir y ejecutar planes y políticas de comunicación social. La Ley establece puntualmente sus 17 atribuciones. En ese aspecto no debería haber confusión.

La lista de 17 proveedores analizados de la CGCS entre empresas (9) y personas físicas (8) muestra una especie de "mil usos" de los negocios, pues lo mismo hacen limpieza de inmuebles y hospitales, que "estudios de mercado", venden productos químicos y maderas preciosas o realizan labores de vigilancia. Sólo una tiene que ver con la imprenta y las artes gráficas.

Las nueve empresas proveedoras fueron constituidas entre 2008 y 2009. Una elabora y vende gorras y camisetas (desde luego, con un criterio amplio se les podría considerar como vehículos de difusión de las políticas del gobierno del Estado). La mayoría carece de oficinas para recibir la visita de los inspectores de Hacienda, no está "localizable" y sus teléfonos están desconectados.

Cinco personas recibieron una "iguala" mensual de ¡$403,500! (casi cinco millones de pesos al año), lo que significa que sea cual fuere su carga de trabajo reciben esa cantidad. Uno de los contratados por estos altos honorarios estuvo en el Programa de Empleo Temporal hace cinco años, que otorga un subsidio de supervivencia a las personas desempleadas; otra más era hace 10, chofer de tráiler; otra tiene un cibercafé con seis computadoras. No hace falta conocer mucho sobre la conformación o el desempeño de las pequeñas empresas para sospechar, con bases, que "hay gato encerrado".

Se impone considerar la posibilidad de que esta operación, que significó más de 35 millones de pesos en los primeros seis meses de 2010, esté vinculada al llamado "lavado de dinero". Los recursos "lavados" saldrían de las arcas públicas para solventar gastos que no pueden ser cubiertos de otra manera, por las reglas que tiene la administración pública. El modo consistiría en realizar un contrato ficticio, del cual descuenta el proveedor de la factura el IVA de 16% que paga a Hacienda y una "comisión" por el servicio y procede a entregar el resto -alrededor del 70%- al funcionario que le ofreció el negocio. Estos fondos se podrían emplear para liquidar gastos realizados que no pueden ser comprobados en la contabilidad gubernamental, como regalos, atenciones a diversos personajes, "ayudas" a correligionarios políticos durante las campañas, entre otros.

¿Qué autoridad tendría que investigar? La Auditoría Superior del Estado cuando el Ejecutivo presente la Cuenta Pública 2010, más o menos en junio de este año. Sin embargo, los resultados de su labor de fiscalización no han sido hasta ahora nada alentadores en la lucha contra la corrupción. Por la parte empresarial, Hacienda estatal podría abrirles una auditoría. Aunque dada la naturaleza del caso, lo pertinente sería que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal se hiciese cargo de auditar el IVA, el IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) y el ISR (Impuesto sobre la Renta) de las declaraciones fiscales de las nueve empresas y las ocho personas proveedoras de bienes y servicios a la CGCS del gobierno del Estado. Pero eso sería posible hasta después de marzo o abril, cuando se presenta la declaración anual de 2010.

La legislación de transparencia dio las armas para conocer la información pública gubernamental, analizarla y criticarla. Pero el gran pendiente está en el desarrollo de los mecanismos efectivos para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ni los baños de Hunucmá ni las facturas de Comunicación Social. Si conocemos, nos indignamos y no actuamos estaríamos ante el peligro real de volvernos una sociedad que, impotente, asiste a su deterioro y asume que nada puede hacer contra el gobierno o los funcionarios que violan la ley y traicionan la confianza ciudadana. Los yucatecos no somos así.- Mérida, Yucatán