miércoles, 26 de enero de 2011

Los "baños ecológicos" de Hunucmá

¡Huele a podrido!

Dulce María Sauri Riancho

Desde hace varios días se ha publicado información relativa a una obra pública no realizada, a pesar de haberse cobrado el anticipo. Se trata de 100 "baños ecológicos" que se debieron construir en Hunucmá y entregar antes de julio del año pasado.

La relevancia del caso no sólo está basada en el monto autorizado o en el anticipo entregado, sino en dos líneas de conducta: la vulnerabilidad de los procesos de supervisión y control del dinero que se entrega para obras y servicios públicos; y la concepción de la administración pública como un espacio patrimonial para saldar deudas políticas y asegurar ingresos atractivos a la parentela.

Una simple división nos permite conocer que cada baño iba a costar ¡¡$30 mil!! El presupuesto fue asignado a una dependencia federal -(Fonhapo)- que acordó con las autoridades locales su edificación en los últimos meses de la administración municipal que concluyó el 30 de junio pasado.

Como cualquier obra pública que rebasa cierta cantidad, la construcción requería un concurso para ejecutarla, lo que no se cumplió. Con sospechosa diligencia el anticipo fue entregado a la empresa antes de cubrir la formalidad del concurso. Tampoco hubo detección del incumplimiento del calendario por los responsables de supervisar el avance de obra. El colmo fue cuando el socio de la empresa beneficiada se volvió funcionario y comenzó a entregar al Ayuntamiento el dinero aprobado, que luego recibía en su calidad de contratista.

Desde julio pasado el PRI gobierna Hunucmá en sustitución del PAN. Forzosamente los miembros del cabildo debieron enterarse de la situación de esa obra, más cuando son 100 las familias supuestamente beneficiadas, ahora afectadas por el incumplimiento. Pasaron más de seis meses antes de la primera llamada de alerta. ¿Por qué?

La Sedesol es la dependencia del gobierno federal que opera buena parte de los programas de subsidios y apoyos para la población más vulnerable.

Por eso tiene la obligación de ser más cuidadosa, transparente y eficaz que cualquier otra dependencia del gobierno. Es la cara social del gobierno federal, la más visible. Y cuando los gobiernos son de partidos distintos, la situación es más delicada por la mutua desconfianza en el manejo de los apoyos.

Tras la derrota del PAN en 2007, la Sedesol contrató a varios ex funcionarios, militantes panistas, desplazados de la administración estatal y parientes de quienes dejaban el gobierno. La experiencia en la administración pública no fue requisito, sino su militancia. Se hizo presente una lacra, producto de la descomposición institucional que padecemos.

Ahora los parientes pueblan la administración pública; se postulan a cargos de elección popular para suceder al cónyuge o al hermano. Los argumentos son: "Tiene derecho", "No se lo puedo impedir", "Yo no lo recomendé, se lo ofrecieron", sin aceptar que de no mediar el hermano ex gobernador, la prima gobernadora, la esposa alcaldesa o el padre legislador difícilmente serían considerados.

"Mal de muchos, consuelo de tontos". Que suceda en la delegación federal "bandera" no significa la legitimación de las prácticas del nepotismo, compadrazgo e influyentismo en el gobierno del Estado o en los ayuntamientos.

Los primeros interesados en llevar la investigación a buen puerto deberían ser los panistas. Habrán de exigirle al gobierno de su misma filiación que llegue al fondo hasta dejar en claro las circunstancias que lo propiciaron. Si permanecen silenciosos, si sus reclamos se hacen oír con desgano, ¿qué autoridad moral tendrán para demandarle al gobierno del Estado transparencia y honestidad?

En cuanto a la Sedesol, tendría que proceder a una revisión integral de sus procedimientos, incluyendo las serias deficiencias en la supervisión y control de la ejecución de obras: es indispensable una evaluación de sus políticas de contratación de funcionarios y del personal responsable de esos programas, que implican cuantiosas transferencias monetarias a miles de familias yucatecas. Si no ponen los correctivos a tiempo, las elecciones serán un infierno de denuncias sobre el uso político de los programas públicos.

Si huele a podrido es porque algo se ha descompuesto en la administración pública yucateca. Para limpiar primero hay que reconocer el olor, localizar la fuente de fetidez y proceder a eliminarla. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aromas de transparencia y honestidad.- Mérida, Yucatán.

viernes, 21 de enero de 2011

Reforma de justicia, entre necesidad y demanda

Dulce María Sauri Riancho

La reforma de justicia es la más amplia y de mayor calado emprendida por la actual administración. Comprende tanto al poder Judicial del estado como a las instituciones del Ejecutivo responsabilizadas de su procuración. Los efectos directos más llamativos para la sociedad se comenzaron a percibir recientemente con la liberación de un número considerable de personas sujetas a proceso en las cárceles del estado.

Hay razones para la preocupación ciudadana sobre las consecuencias de este mandato de ley sobre los jueces. ¿Qué pasará? ¿Aumentará la delincuencia por la sensación de impunidad que representa violar la ley y quedar libre? ¿Tendrán capacidad las autoridades para dar seguimiento a los presuntos responsables, mientras se desahoga su proceso?

El gran eje de la reforma es la presunción de inocencia. No es otra cosa que hacer valer la condición de inocente ante cualquier imputación, mientras no se demuestre la culpabilidad en un juicio y se reciba una sentencia. Es una garantía constitucional. Por tanto, se tiene derecho a un proceso ágil, justo y en libertad para la mayoría de los casos.

Para aplicar este conjunto de nuevas normas, el Poder Judicial del Estado ha tenido que transformarse. No es sólo el incremento del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (de 6 a 11), sino también los cambios en los procedimientos, tanto de la forma de juzgar y de las atribuciones de los jueces. Una reforma de esta magnitud tendrá que llevarse a cabo antes de 2013. Por eso ha habido un gran número de acciones legislativas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso.

¿Qué quieren los ciudadanos? Que quien viole la ley pague. Queremos sentirnos seguros y protegidos por un sistema de justicia eficaz. En Yucatán, el número de denuncias de presuntos delitos es alto. Es una muestra tradicional de confianza en las autoridades. Pero ¿qué sentirá el vecino que se armó de valor y denunció al pandillero que le robó la soguilla a su esposa, que fue detenido por la policía y liberado por el juez? ¿Se arriesgará otra vez a reportarlo o preferirá sobrellevar los abusos en silencio, con la creciente convicción de que sólo existe la justicia de propia mano? Pensemos en la sensación de impotencia de la víctima de abuso sexual, violencia doméstica o robo en sus propiedades cuando es notificada que su victimario enfrentará el proceso en libertad, que puede ir a amenazarle para desistirse de su denuncia, si es que el delito no se persigue de oficio como el homicidio o lesiones graves.

¿Qué quieren las autoridades? Menos personas en las cárceles sujetas a procesos que se prolongan por muchos meses. Las prisiones se llaman pomposamente "centros de rehabilitación social", aunque son reconocidas sus limitaciones para lograr la integración de quienes han pasado por sus celdas. Más bien son lugares de aprendizaje y perfeccionamiento de prácticas delictivas, donde quien llega por primera vez, sujeto a proceso, puede recibir la influencia nociva de los sentenciados a largas condenas. Además, los fenómenos de violencia y organización criminal en el interior de las prisiones se repiten en varias ciudades del país -afortunadamente no en Yucatán-, donde los presos han llegado a mandar sobre los funcionarios y celadores.

Cualquiera de nosotros es susceptible de cometer un error e ir a prisión por ello. Todos tenemos derecho a permanecer como inocentes mientras los jueces deciden y sentencian. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pero, ¿está el sistema de justicia y la sociedad preparada para brindarla, sin vulnerar la tranquilidad y seguridad de los demás? Hace unos días, a las tres horas de salir de la cárcel un sujeto fue denunciado por su esposa por haberla golpeado. ¿Qué pasará con los reincidentes de delitos menores: será una especie de "carrusel penitenciario", dando y dando vueltas con la obligación de los jueces de liberarlos una y otra vez?

Se requiere una intensa y permanente vigilancia de la sociedad sobre la aplicación de la reforma en materia de justicia. Que las autoridades -Congreso, en especial- no tengan temor a corregir si las cosas no funcionan adecuadamente. En cualquier área de la vida pública la simulación es costosa: en el sistema de justicia es mortal no sólo para los individuos, sino para la sociedad. En ese tema tan delicado, prevenir implica participar.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 12 de enero de 2011

¿Un problema para Yucatán?, los universitarios

Dulce María Sauri Riancho

Lo que no hemos hecho (lo que está por hacer... retos que vencer)

Pocas cuestiones generan acuerdos tan amplios en la sociedad como la importancia de la educación. En el pasado era suficiente con saber leer y escribir para abrirse camino en la vida; ahora un título universitario no basta para encontrar empleo.

La competencia por un trabajo digno, con salario adecuado, no se realiza sólo entre los jóvenes yucatecos, sino que abarca territorios cada vez más amplios y lejanos, como India, China o Bulgaria.

El desarrollo de la información y comunicación permite, por ejemplo, que la contabilidad de una empresa yucateca la lleven a cabo profesionales residentes en Argentina. En consecuencia, la calidad de la educación y sobre todo la actitud hacia el aprendizaje continuo se vuelven elementos esenciales para garantizar el crecimiento económico y las oportunidades laborales para los miles de jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo.

Numerosos programas gubernamentales se han aplicado para lograr una educación de calidad. Sin embargo, los resultados de pruebas internacionales y nacionales muestran graves deficiencias en la preparación de los niños y jóvenes en matemáticas, español y ciencias naturales. En la escala de excelencia educativa, México aparece en los últimos lugares entre los países pertenecientes a la OCDE. En las tablas nacionales, Yucatán figura de la mitad para abajo en la mayoría de los indicadores.

Los cambios en la educación son de largo plazo. Requieren políticas públicas sostenidas al paso de los años y de los relevos gubernamentales. Eso lo sabemos. Pero también necesitan imaginación y audacia para acometerlos.

En Yucatán existen 96 instituciones de enseñanza superior, en Mérida y en varios municipios del interior del estado. De los más de 55 mil alumnos inscritos en ellas, más de la mitad corresponde a instituciones públicas donde la educación es gratuita. Los demás asisten a universidades y escuelas particulares, donde pagan una colegiatura, además de los gastos en libros, manutención y transporte.

En este grupo de escuelas privadas podría iniciarse un proyecto de formación y actualización de los docentes. Si bien en las universidades públicas y en las mayores escuelas privadas es exigencia contar con título de maestría, como mínimo, para impartir una cátedra, eso no sucede en la mayoría de los planteles particulares.

Con un sistema de becas e incentivos destinados a los docentes de los centros de enseñanza superior se pudiera asegurar que todos los profesores contasen con el grado de maestría, por lo menos. Para cumplir esta meta se deben aprovechar los programas de posgrado que ya existen y que funcionan con tantas insuficiencias en las instituciones públicas y privadas. Con cupo asegurado y recursos suficientes, los distintos programas de posgrado debieran tener el certificado de excelencia del Conacyt. Así se daría un importante paso para elevar el nivel educativo de la enseñanza superior en la entidad.

El sistema de becas para estudiantes debiera utilizarse para estimular el estudio de carreras relacionadas con la tecnología y el desarrollo científico, que en la actualidad representan menos del 30% de la población universitaria yucateca. La UADY, que debiera ser la máquina que jalara al tren universitario en Yucatán, sólo ofrece tres doctorados. En un plazo no mayor a los 10 años debiéramos hacer de la UADY la "universidad de las universidades", con programas de doctorado en las diversas ramas y centros de investigación científica de primerísimo nivel.

Estas propuestas son apenas ideas sueltas, una muestra de lo poco que se hace y de lo mucho que se puede y se debe hacer en materia de educación, empleo, competitividad y, sobre todo, de atención a nuestros jóvenes. Quienes egresan de las universidades y no encuentran empleo en su especialidad son un problema y una debilidad para la sociedad. A este numeroso grupo -alrededor de 12,000 al año- debiéramos convertirlo en en puntal del desarrollo de Yucatán.

De que se puede, se puede. Son muchos los países y las regiones en el mundo que lo han logrado. Pero para poder hacerlo hace falta visión, decisión colectiva y persistencia. Y las políticas públicas que hoy todavía no se tienen.- Mérida, Yucatán.

viernes, 7 de enero de 2011

Hacedores de milagros: Adiós a la tenencia

Dulce María Sauri Riancho

Nadie había podido convencer a la gobernadora de eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos. Desde diciembre de 2007, hace ya más de tres años, el Congreso de la Unión abrogó la ley federal que le daba sustento, la del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos.

La salvedad que impusieron los legisladores a esta iniciativa presidencial fue que tendría aplicación hasta el 1 de enero de 2012; esto significa que hasta esa fecha, los propietarios de distintos tipos de vehículos tendrían que continuar pagando cada principio de año diversas cantidades por su posesión.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es percibido por amplios sectores de la sociedad como un gravamen injusto. Cuando compramos un automóvil nuevo pagamos un impuesto especial, el ISAN, además del IVA. Adicionalmente, si lo adquirimos en enero o en julio tenemos que pagar la parte proporcional del año de tenencia. Es un impuesto sobre impuestos que hay que cubrir durante 10 años. Todos pagan.

Algunos estados decidieron no esperar los cuatro años y comenzaron de inmediato a beneficiar a sus ciudadanos.

En Yucatán se planteó una y otra vez a lo largo de la campaña federal de 2009 la eliminación de la tenencia. En diciembre de ese año, cuando iba a ser discutida la Ley de Ingresos estatal para 2010, de nuevo los legisladores locales y federales del PAN propusieron seguir el ejemplo de los estados gobernados por el PRI que ya habían derogado el impuesto. Otra vez surgió la demanda con gran fuerza en la campaña local de mayo de 2010. En todas las ocasiones se toparon con el argumento de la caída de los ingresos estatales y la falta de fuentes alternas para compensarlos.

En diciembre la atención social sobre la eliminación de la tenencia fue desplazada por el incremento de los impuestos estatales de nómina, de hospedaje y de diversos derechos. En varias ocasiones comparecieron los secretarios de Hacienda y de Planeación, quienes aseguraron enfáticamente que los incrementos eran indispensables para la salud fiscal de Yucatán, para mejorar su posición en cuanto a la recaudación de ingresos propios.

Por primera vez, en los más de tres años de gobierno, la administración estatal se vio enfrentada a la movilización de una importante parte del empresariado yucateco. Fue motivada por los incrementos impositivos y por la falta de transparencia en la información sobre la aplicación de los recursos públicos; por la preocupación sobre el destino de los elevados créditos que el estado ha contraído y el endeudamiento histórico de su tesorería.

Parece que la respuesta de la gobernadora a las demandas empresariales fue el anuncio de la condonación de la tenencia para los propietarios de vehículos cuyo precio de compra haya sido inferior a $300,000, la mayoría de los automóviles de 2001 en adelante.

El "prietito" del arroz es el momento y la motivación. Si la gobernadora se había convencido de las bondades de anticipar 12 meses la eliminación de la tenencia, si pensaba sustituir su recaudación por la del impuesto de nómina al 2.5%, ¿por qué no formó parte de su iniciativa de ley de ingresos y del denominado "paquete económico"? Si los diputados de la mayoría del PRI acabarán solidarizándose con sus compañeros del PAN en una causa que beneficia a la sociedad, ¿por qué no hicieron las modificaciones a la iniciativa? Así hubiesen cumplido plenamente su función de representantes del pueblo y de sus legítimos intereses.

Ahora utilizará la gobernadora las facultades que le otorga la ley para condonar impuestos y gravámenes mediante un decreto que seguramente será validado por el Congreso local. Los impuestos siempre suben pero, ¡oh, milagro!, la tenencia se eliminará, al menos por este 2011.

Los hacedores de este portento son, a mi juicio, los empresarios que decidieron levantar la voz. La respuesta de la gobernadora no es quizá la que ellos buscaban: no se repone la tasa del 2% ni se compromete el gobierno a la rendición de cuentas. Pero gracias a su determinación miles de yucatecos saldrán beneficiados.

Los empresarios organizados nos pusieron el ejemplo y roturaron el camino a seguir. Los problemas de fondo siguen siendo el gasto excesivo, la falta de inversión pública, la carencia de proyectos detonantes. La participación social hizo el milagro de eliminar la tenencia. Que sirva de estímulo.- Mérida, Yucatán.

domingo, 2 de enero de 2011

Lo que viene: incertidumbre y esperanza

Se fue 2010

Dulce María Sauri Riancho

Se fue 2010 con su cauda de primeras piedras que hablan de un futuro incierto. Se cumplió el ritual de la conmemoración y se dejó a un lado la incómoda reflexión sobre el presente. Viene ahora 2011, aparentemente aséptico.

Para Yucatán 2011 significa el cuarto y penúltimo año de gobierno estatal; para los 106 ayuntamientos, el único año completo de gestión. Para ambos es el último periodo de aplicación íntegra del presupuesto aprobado, de enero a diciembre. 2012 traerá las campañas políticas y el relevo de las autoridades estatales y municipales en septiembre y octubre. Por eso es tan importante cobrar conciencia de que no hay un solo día por desperdiciar, que el tiempo de los planes y los sueños está agotado y que es la hora de exigir resultados y rendir cuentas.

Demandamos una moratoria de "primeras piedras". Se trata de concluir las obras que ya las tienen y ponerlas a funcionar en esta administración. 12 meses para realizar los proyectos ejecutivos, concursar y adjudicar las obras, construirlas, concluirlas y equiparlas, parecen un reto colosal para una administración que en los 40 meses anteriores no ha dado muestra de saber organizarse y de capacidad de ejecución.

De estas deficiencias son testigos mudos desde la pista atlética del Salvador Alvarado hasta los incumplidos pasos peatonales del periférico de Mérida.

El Banco Interamericano de Desarrollo es una entidad financiera internacional exigente en cuanto a la eficacia y probidad en la ejecución de obras: si se cumple la normatividad, se liberan los fondos; si no es así, se congelarán y pasarán a integrar la lista de los sueños no cumplidos.

Problema mayor son los Proyectos de Participación Social. Ya sabemos que el Museo de la Cultura Maya fue excluido, pero ¿cuáles han sido seleccionados para construirse bajo este esquema que implica compromisos de muy largo plazo para las finanzas estatales? Si de hospitales se trata, ¿quiénes serán los responsables de operarlos: el gobierno o los particulares a los que se les adjudiquen los proyectos? Y lo más importante: ¿podrán tenerlos concluidos y operando en julio de 2012, cuando muy tarde?

En mayo de 2001 hubo una enorme expectativa ciudadana ante la alternancia en el gobierno del Estado. No fue sólo la derrota del PRI, también el triunfo del partido político que había simbolizado la oposición por más de 60 años y había ganado la presidencia de la República meses antes. Las organizaciones de la sociedad que mantuvieron una posición crítica frente a la gestión de los gobiernos priistas en la mayoría de los casos arriaron banderas frente a la nueva administración panista.

Seis años después, una nueva generación de jóvenes del PRI llegó al gobierno de Yucatán. Representaban la esperanza del cambio para una sociedad insatisfecha con los resultados del gobierno de Acción Nacional. El entusiasmo inicial de 2007 ha sido desplazado por la frustración y el rechazo a las actitudes de opacidad e ineficiencia de las autoridades. Sin embargo, las organizaciones sociales desmovilizadas a partir de 2001 no han podido recuperar su legitimidad para asumir un papel crítico ante la actuación del gobierno estatal ni aglutinar el descontento y la inconformidad para ejercer una eficaz presión que lleve a la rectificación de errores y vicios en que han incurrido las autoridades.

No se trata de recuperar el pasado para darle fuerza a la sociedad organizada, sino de construir sobre nuevas bases a los interlocutores del gobierno.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Un grupo numeroso de empresarios convocados por la Coparmex lo ha intentado. Otros más están a la expectativa, temerosos de que si se manifiestan puedan perder la oportunidad de cobrar facturas atrasadas de varios meses o años, o de ser víctimas de auditorías fiscales selectivas. El sordo rumor de la inconformidad social comienza a crecer y habrá de construir sus propios canales de expresión; pero sobre todo, debe ser atendido por la autoridades.

Poco tiempo queda, pero suficiente para rectificar el rumbo. Que 2011 nos encuentre dispuestos a luchar por los cambios que demandamos. Que pasemos del silencio donde se rumia el descontento a la movilización transformadora. Vale la pena intentarlo.- Mérida, Yucatán.