lunes, 20 de septiembre de 2010

Yucatán, ¿mundo aparte?

Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán, 16 de septiembre de 2010)

En 1910 habían transcurrido 15 días del mes dedicado a la celebración del centenario de la Independencia nacional. "Al menos un evento significativo por día", ésa era la consigna. En la ciudad de México había iniciado el primero de septiembre con la inauguración del Manicomio General en terrenos de la ex hacienda La Castañeda; habría de concluir el día 30, con una concentración masiva en el Monumento a la Independencia y un desfile de mujeres.

¿Cuántos mexicanos habrán percibido, en ese septiembre de 1910 que el final del Porfiriato era inminente y que la fortaleza que el régimen proyectaba con las Fiestas del Centenario de la Independencia no correspondía a la realidad? Un par de meses después estalló la revolución en la fronteriza Ciudad Juárez y al cabo de seis meses Porfirio Díaz dejaba el país, convencido de que la chispa de la insurrección había alcanzado al pasto seco en las llanuras y en las montañas de México.

¿Cuántos españoles o novohispanos, enterados de un evento en el pequeño pueblo de Dolores, cuántos habrán sabido adelantar en 1810 y en 1811 que esa lucha de desarrapados encabezada por un cura rebelde culminaría con la formación de un nuevo país, independiente y soberano?

No sólo en Nueva España 1810 o en México 1910 hubo una ausencia de percepción de la sociedad sobre la magnitud de los cambios que se avecinaban. En otras latitudes y en otros tiempos más cercanos a los nuestros, en septiembre de 1979, sucedió en Irán. Tres meses antes de que estallara la crisis que concluyó con la caída del sah Mohammad Reza Pahlevi, un informe de la poderosa CIA norteamericana aseguraba que la presencia política del ayatola Ruhollah Khomeini era importante pero marginal, mientras que la fortaleza política del Sah garantizaba, por lo menos, diez años de tranquilidad y bonanza. La revolución islámica se impuso.

Vale la pena hacernos estas preguntas y reflexionar sobre la realidad que se vive en México, una vez cumplido el primer plazo de las conmemoraciones centenarias.

El México que despierta después de la noche del Grito, ¿podrá superar la violencia y la inseguridad que mantiene desgarrada a la nación? ¿Cómo vamos a romper el círculo vicioso de la inacción y de la degradación política que atenaza a nuestras instituciones y envuelve la vida pública?

No quiero ser catastrofista ni, menos aún, sumarme a la "ola de miedo" que avanza en el país y entre diversos sectores sociales, pero no podemos cegarnos a la realidad que enfrentan las familias mexicanas cada día. No vale, tampoco, el argumento banal y evasivo de las autoridades que señalan que la inseguridad es algo ajeno a Yucatán o que en nuestro estado no se vive la crisis económica con la intensidad de otras regiones de México. No somos un mundo aparte.

No hay que confundir las situaciones, que son pasajeras, con los procesos en los que, queramos o no, estamos inmersos. No viene al caso retomar el viejo debate de si en Yucatán hubo "Revolución Mexicana" o si en realidad Yucatán tomó parte activa de la lucha independentista. Referentes históricos y particularidades a un lado, el hecho incontrovertible es que Yucatán se hizo independiente con el resto de un territorio, al unísono con una o varias sociedades que dieron paso a una nueva nación.

Como en el resto del país

En Yucatán, como en todo el país, privan el desempleo y el empleo de mala calidad; nos asfixia el mismo modelo educativo; tenemos sobreabundancia de leyes, de reglamentos y procedimientos burocráticos; tenemos déficit de responsabilidad cívica y compromiso social. La corrupción es un cáncer que aflige a la sociedad en las esferas pública y privada; no nos gusta pagar impuestos y hemos convertido a la falta de rendición de cuentas de las autoridades en razón suficiente para no hacerlo. No nos faltan motivos para lamentarnos ni dejamos pasar oportunidad para hacerlo. Pero, la cuestión central, vital para el país, sigue abierta y sin respuesta: ¿cómo vamos a salir adelante sin sacrificar libertades y justas aspiraciones?

A los yucatecos y a los mexicanos nos hace falta definir una ruta de superación. No tenemos un proyecto común, ni como sociedad, ni como gobierno. Dominan las acciones aisladas, muchas veces sólo de pura fachada, en materia de inversiones, de productividad o competitividad; pero tampoco tenemos proyecto en el renglón educativo, para el deporte, el arte y la cultura. El medio ambiente y el agua tampoco aparecen como preocupaciones centrales de esta generación.

Ya dejamos pasar la conmemoración del bicentenario de la Independencia, ocasión que ni mandada hacer para revisar, definir y lanzar el Proyecto de Nación que queremos, con la mirada puesta en los próximos cien años. Hay una nueva, muy cercana, el centenario de la Revolución. Todo parece indicar que el 21 de noviembre también despertaremos con el amargo sabor que dejan las oportunidades perdidas, de la fecha simbólica, del país que se nos va. Sin embargo, nada es inevitable; todos podemos hacer algo para cambiar y darnos un nuevo rumbo.- Mérida, Yucatán

miércoles, 8 de septiembre de 2010

El Bicentenario y los símbolos. El lugar sí importa

Dulce María Sauri Riancho

“23o. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos, y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende... Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. José María Morelos. Rúbrica. —Sentimientos de la nación.

La noche del 15 de septiembre habrán de conmemorarse 200 años del Grito de Dolores. Somos una generación afortunada pues en esta última década hemos vivido el inicio de una nueva centuria y nuevo milenio y ahora la celebración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y unas cuantas semanas después, el centenario del principio de la Revolución.

Esta fortuna conlleva también una responsabilidad como sociedad, pero es el gobierno el que tiene la función de proponer, coordinar y organizar los esfuerzos colectivos para celebrar dignamente estas fechas.

En el balcón central del Palacio Nacional, a las 11 de la noche, el Presidente de la República hará tañer la campana de Dolores situada en su alta cornisa, al mismo tiempo que agitará la bandera nacional y pronunciará los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad. Simultáneamente, en todas las capitales de los estados y en las cabeceras municipales los gobernantes replicarán este mismo ritual cívico, envuelto en esta ocasión por la imponente solemnidad del Bicentenario.

Más que ceremonia y fiesta, este conjunto de símbolos —campana, bandera, balcón e invocaciones— tiene el profundo significado de recordar a este sufrido país el anhelo de libertad y la capacidad de un pueblo para luchar a fin de obtenerla y mantenerla.

En América Latina ocho naciones celebran simultáneamente su independencia: Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y México. Hay muchas formas de celebración; en algunos países los preparativos comenzaron desde el año 2000; en la mayoría las obras materiales, la producción literaria y artística, la discusión y el debate sobre los problemas contemporáneos han acompañado la estrategia para transmitir a la sociedad la importancia de estas fechas.

Desde luego, la comprensión de la historia y de la trascendencia de estos eventos por parte de los gobernantes se refleja en las prioridades y las acciones programadas. Habrá quien —consciente del peso de su responsabilidad histórica— enfatice y aliente la reflexión sobre las libertades, la democracia y el sentido de la independencia nacional. ¡Ojo! Eso no tiene por qué ser aburrido para los ciudadanos ni para los más jóvenes: el programa del gobierno del Distrito Federal y del Estado de México muestran una feliz combinación entre análisis y divertida difusión de la magnitud de estos acontecimientos en la vida colectiva.

En Yucatán la fiesta parece haberse impuesto a la celebración. El programa de obras anunciado con profusión hace más de un año registra pocos resultados. A diferencia de las obras del Centenario —que se inauguraron con mucha antelación al 16 de septiembre de 1910— las del Bicentenario yucateco prometen ser “póstumas”, es decir se pondrían en funcionamiento uno, dos o más años después de la fecha. El programa editorial ha sido escaso; se ha recurrido al socorrido recurso del “refrito” o al “etiquetamiento” oportunista de obras o actividades como si hubiesen sido concebidas para el bicentenario, cuando forman parte de la programación anual de las instituciones. Algunas interesantes conferencias y esfuerzos de instituciones académicas y educativas han evitado el cero en la cuenta de la preparación colectiva para esta fecha. Basta entrar a la página del gobierno del Estado www.yucatan.gob.mx y revisar las acciones enlistadas: ¡sólo hay una convocatoria para un concurso escolar alusivo! Para hacer inolvidable la “fiesta” del Bicentenario se rumora el cambio de sede. El centenario Palacio de Gobierno será sustituido por el Monumento a la Patria. Como éste no cuenta ni con balcón ni con campana, tendría que construirse una escenografía que “simule” los símbolos que se quedarán atrás, en la Plaza Grande.

¿Vale la pena? Uno de los argumentos que circulan es que habrá una extraordinaria afluencia de ciudadanos, por ser una ocasión especial. El “termómetro del fervor cívico” registraría elevadas temperaturas muy probablemente por el anuncio de la gobernadora de la actuación del popular artista Juan Gabriel.

Además, ahora podría la titular del Ejecutivo abandonar la Plaza Grande sin ceder el terreno a su rival político panista, que ya no está en el Ayuntamiento de Mérida.

Aún se puede hacer algo para que la fiesta del 15 de septiembre sea también una celebración; es posible instalar pantallas gigantes en los parques Hidalgo, Mejorada, San Juan, Santiago, para asistir y acompañar la ceremonia y disfrutar de la actuación artística. Se puede conformar un circuito cerrado para las 106 cabeceras municipales, de tal manera que las familias del interior del estado también disfruten de este momento extraordinario sin necesidad de desplazarse hasta Mérida.

El tiempo que se dejó pasar no se recupera jamás; pero al menos, conservemos los símbolos que todavía le dan significado a esta fecha: la Plaza Grande, el balcón de Palacio de Gobierno, la campana en su alta cornisa, la Catedral como testigo. De otra manera, millones de pesos serán quemados en los hermosos fuegos pirotécnicos —artificiales— que iluminarán fugazmente la oscuridad de la noche; miles disfrutarán de los cantantes. ¿Y después? Una luz que brilla intensamente y se agota sin dejar huella. Que no se vuelva el símbolo del bicentenario yucateco y de un período de desarrollo que pasó sin dejar más que una fugaz estela.

P.D. El 20 de noviembre, centenario de la Revolución, podría ser conmemorado dignamente en el Monumento a la Patria, con todo el Paseo de Montejo al frente y un cartel de distinguidos artistas que garanticen solaz a todos los asistentes. Sería la oportunidad de crear símbolos y refrescar el significado de las concentraciones populares en esa parte de la ciudad.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Los PPS y la apuesta al futuro

Dulce María Sauri Riancho

Es la primera reforma constitucional aprobada por la naciente legislatura. Se trata de los llamados “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) que harán posible la asociación del gobierno con el sector privado para “… hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos y el manejo de los recursos presupuestales…”.

Suena bien. Gobierno eficiente, ciudadanos satisfechos, empresarios invirtiendo, todo gracias a los PPS: ¿qué más podríamos pedir? Sin embargo, este novedoso esquema que ya adquirió rango constitucional suscita, cuando menos, algunos cuestionamientos.

El Diario Oficial del Estado publicó el 24 de julio de 2009 la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado, hace más de un año. Es curioso: el procedimiento habitual es justamente el inverso, primero se efectúa la adecuación constitucional y luego se establece la ley que la aplica. Quizá los inversionistas que están a la expectativa de las oportunidades, demandaron mayor certeza jurídica para sus futuras inversiones. Tal vez la urgencia con que se sacó adelante el préstamo de $1,870 millones levantó demasiado revuelo como para arriesgar un nuevo episodio de cuestionamientos. Había que esperar.

Lo cierto es que el marco jurídico para este tipo de inversión privada en la prestación de servicios públicos, está listo. Una vez que se haya publicado la reforma, pueden iniciarse los concursos y las adjudicaciones de todo tipo de servicios que presta el gobierno estatal y municipal, desde la construcción de infraestructura hasta la operación de hospitales y cárceles, no hay límites.

Pongamos un ejemplo. El sector privado financia la construcción y operación de un nuevo hospital, posiblemente en el sur de Mérida. El gobierno y los inversionistas hacen un contrato hasta de 30 años para que éstos se hagan cargo de la edificación y atención hospitalaria. Sin embargo, el mismo gobierno sigue siendo responsable por la calidad de los servicios.

Aparentemente todas son ventajas para el gobierno: no tiene que erogar recursos presupuestales para construcción de infraestructura; empieza a pagar la “renta” hasta que se inicia la operación del hospital; no tiene que lidiar con contratistas, concursos de obra, supervisión, todo estará a cargo de quienes han firmado el contrato PPS.

En cuanto a las finanzas públicas, todo parece “miel sobre hojuelas”. En una etapa de restricciones presupuestales, el gobierno puede promover la inversión en obras y servicios públicos, sin necesidad de impactar su presupuesto. Los PPS no constituyen deuda pública para el estado, porque al quedar registrados como “renta”, pasarían a formar parte del gasto corriente gubernamental. A cambio, el gobierno garantiza el pago mediante las participaciones e ingresos estatales hasta por el plazo convenido. Significa que en caso de incumplimiento del gobierno, sería afectado el presupuesto estatal o municipal, de acuerdo con la obra y la autoridad que la promueva.

Desde luego que se consideran penas y sanciones a los empresarios privados por no cumplir el contrato que pueden, incluso, llevar a su cancelación. Cuando concluya el plazo, retomando el ejemplo del hospital, el gobierno y los inversionistas pueden pactar la transferencia de los activos (construcción, equipos).

Hasta aquí las ventajas. La experiencia registra inconvenientes y riesgos al aplicar este tipo de esquemas. Uno de los más mencionados, sobre todo en el reciente debate sobre el futuro de Pemex, es el resultado de los Pidiregas (Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto). Fueron creados en 1995, en plena crisis económica, para responder a la ausencia casi total de inversión pública en el sector energético. El planteamiento era impecable: sólo los proyectos capaces de generar suficientes remanentes (utilidades en el sector privado) podrían calificar; era el caso de la producción de petróleo y gas natural y el de las termoeléctricas que podían pagar, con sólo operar de manera eficiente, la inversión de particulares. Tampoco contaban como inversión pública ni como deuda, por eso no afectaban directamente las finanzas gubernamentales ni los objetivos de equilibrio macroeconómico. Las consecuencias de este esquema son conocidas de sobra: Pemex (y la CFE en menor medida) se endeudó peligrosamente; la producción petrolera ha descendido en forma dramática, y la fragilidad de la principal empresa de México, fuente de casi el 40% de los ingresos públicos federales, se ha puesto de manifiesto.

Problema de fondo En los PPS el problema de fondo está más allá de la cuestión financiera; se ubica en la responsabilidad del Estado —y de sus gobiernos— para garantizar a la población el acceso y la calidad de los servicios públicos que reciben. Cómo y hasta dónde puede transferir el gobierno responsabilidades que forman parte esencial de su función. La experiencia de participación de los particulares como concesionarios no ha sido siempre exitosa. Allá están los rescates bancarios y carreteros recientes y su impacto en las finanzas públicas. Ahora mismo se desarrolla el sainete de Mexicana de Aviación. Si este esquema de inversión se entiende por parte del gobierno del Estado como un “lavarse las manos” de los problemas que trae consigo la prestación de los servicios públicos, el riesgo es mayúsculo. Una equivocación que ate a las finanzas públicas estatales a un proyecto oneroso e inútil por más de 20 años crearía “dragones rojos” que devorarían los recursos públicos de las siguientes administraciones, de cualquier partido político.

La aplicación del esquema de los PPS demanda un gobierno sólido administrativamente, capaz de supervisar y regular los servicios que prestan los particulares. Exige también un aparato de justicia que aplique las leyes con prontitud y eficacia. Y, sobre todo, una selección adecuada de los servicios y un manejo transparente de las adjudicaciones y la supervisión a los particulares, alejados de la corrupción y los intereses facciosos.

No sería mucho pedir cuando se trata de toda una generación de yucatecos pero, ¿será el perfil del gobierno que tenemos?— Mérida, Yucatán