lunes, 28 de junio de 2010

El derrame en el Golfo

El Quinto Día

Dulce María Sauri Riancho


En medio de la zozobra por la violencia que parece incontenible en muchas partes del país; entre revelaciones de conversaciones telefónicas de gobernantes y candidatos que corroen la credibilidad en el sistema electoral; entre polémicas sobre la magnitud y calidad del gasto gubernamental yucateco, la información sobre el desastre ambiental en el Golfo de México abre conciencias con desventajas: la sentimos todavía lejana, que parece no afectarnos directamente y en forma inmediata.

Hace algunos meses leí un libro, El Quinto Día. En el día 5 de la Creación, dice la Biblia, Dios creó a todos los seres que viven en el agua y a las aves. Esa es la razón de su título, que gira en torno de ese inmenso espacio desconocido casi en su totalidad, como son los mares y océanos que cubren casi dos terceras partes de la superficie de la Tierra.

El tema gira en torno a dos extraños sucesos. Por una parte, los expertos de una empresa petrolera noruega, especializada en plataformas de exploración y extracción en aguas profundas, encuentran una especie de gusanos, parecida pero más grande que los llamados “gusanos de hielo mexicanos”, cuando perforaban a gran profundidad en el Mar del Norte. Esta especie, que se alimenta del metano, empieza a “comerse” la plataforma continental, ocasionando terremotos y tsunamis en distintas partes del mundo.

Por otro lado, en la Columbia Británica, del lado del Pacífico canadiense, comienza a observarse un extraño cambio en el comportamiento de las ballenas que se vuelven contra los seres humanos que acudían a observarlas como parte de los atractivos turísticos de la región.

La tesis central del libro está en la existencia de vida inteligente en las profundidades de los mares, que se defiende vigorosamente de las agresiones a su medio ambiente por la acción de los humanos.

Esta reflexión viene a propósito de las alarmantes noticias acerca del derrame producido por el colapso de la plataforma Deep Water Horizon, de la poderosa British Petroleum. Era un gigante construido para perforar a profundidades de más de 10 mil metros. Para tener una referencia, esa es la altura a la que vuelan los aviones jet a velocidad de crucero. Pero todo se realiza bajo el agua, traspasando el lecho marino y perforando la roca en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos.

La Deep Horizon ya había tenido una experiencia exitosa en el Golfo de México, pues en septiembre de 2009 llegó hasta un depósito de petróleo y gas ubicado a más de 10,600 metros de profundidad, en el llamado Yacimiento Tíber.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en las explotaciones petroleras del Golfo. Su antecedente es el pozo Ixtoc que, del 3 de junio de 1979 —cuando se salió de control— y el 24 de mayo de 1980 —cuando fue finalmente sellado— vertió a las aguas unos 3.3 millones de barriles, que equivalen a la producción petrolera de un día del país. Del total tirado al mar sólo se recolectó menos del 6%; la mayoría se quemó y finalmente se calcula que alrededor del 30% se dispersó en las aguas del Golfo de México.

La magnitud del desastre del Deep Horizon es descomunal, quizá mucho más grave que el del Ixtoc. Las previsiones de seguridad fallaron; desde el 22 de abril se vierten a las aguas del Golfo alrededor de 60 mil barriles diarios de petróleo. Los alardes de tecnología avanzada poco han logrado: ni el pozo ha sido sellado ni se ha podido recolectar más que una pequeña parte del petróleo vertido a las aguas. Mientras, los humedales y pantanos de Luisiana, las costas de Florida y, potencialmente los estados mexicanos del Golfo de México, están amenazados.

La decisión de un juez norteamericano de levantar la moratoria de 6 meses para las actividades de perforación en aguas profundas norteamericanas dictada por el gobierno de Obama, favorece a las compañías petroleras, que muestran una vez más su poder por encima de los intereses generales.

Como la crisis económica actual, la crisis ambiental se generó fuera de las fronteras de México. Pero aquí pagamos sus consecuencias. ¿Qué podemos hacer? En lo inmediato, demandar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda que, a la mayor brevedad, autoricen los modestos tres millones y medio de pesos que solicitan los científicos del Cinvestav para poder muestrear el agua en altamar, cerca del vórtice generado por la Corriente del Lazo. Imagínense que el petróleo puede llegar a una gigantesca licuadora que lo disperse e impulse hasta nuestras costas. Ya no lo podemos evitar, pero sí prever sus efectos más directos, si tenemos información oportuna y exacta.

En el mediano plazo, tendríamos que revisar las formas de extracción de petróleo en nuestras propias aguas profundas, esas del “tesoro en el fondo del mar”. No se puede irrumpir en los abismos insondables del espacio exterior sin prepararse tecnológica y humanamente; tampoco en las profundidades de los mares y océanos sin pensar que puede haber consecuencias. Una de ellas la estamos sufriendo ahora.

Las aguas del planeta han soportado la contaminación de la acción humana: basura de todo tipo, drenaje en las costas, detergentes y fertilizantes en los ríos. ¿Hasta cuánto y hasta cuándo? No sea que los “Yrr” inteligentes de El Quinto Día comiencen a actuar para aniquilar a la especie humana.— Mérida, Yucatán

jueves, 17 de junio de 2010

Para ejercer el presupuesto, Justicia y un poco de gracia.

Dulce María Sauri Riancho

Desde que se inició el actual gobierno del Estado era evidente que uno de sus mayores retos estaba configurado por su futura relación con el Ejecutivo federal. Se trataba de la administración central, de las secretarías y delegaciones en el Estado, y de la misma comunicación con el presidente de la República.

Lo que hacía especial y única la experiencia del gobierno 2007-2012 era que por vez primera, el Ejecutivo de Yucatán y el federal tenían procedencias partidistas distintas (PRI y PAN). Víctor Cervera sólo convivió unos meses, los últimos de su gobierno, con la nueva administración de Vicente Fox; después, Estado y Federación fueron gobernados por el PAN. Pero Ivonne Ortega tendría que compartir responsabilidades de gobierno con Felipe Calderón durante todo su mandato, poco más de cinco años.

Aunque ayudan, no son sólo las cualidades individuales de un gobernante las que determinan su capacidad de gestión ante la Federación. Estamos en presencia de un cambio en las formas políticas de relación entre el Presidente y los gobernadores, parte esencial de un sistema que entró a su fase terminal con la alternancia en 2000.

Durante muchos años, la comunicación del Presidente con los gobernadores era directa. El único intermediario reconocido era el secretario de Gobernación, en cumplimiento de órdenes específicas de su jefe, el Presidente. El margen de maniobra de que disponían los gobernadores en sus estados era amplio; a cambio, aseguraban a la Federación el mantenimiento de la paz y la armonía en sus entidades. Cuando por alguna razón esta situación era alterada, por desórdenes sociales, por incompetencia, corrupción o abuso de los gobernantes, un mecanismo político de corrección era activado; a las llamadas de advertencia les sucedía la remoción, si éstas eran desatendidas.

Esta situación comenzó a cambiar a raíz de la descentralización administrativa que llevó a transferir a los estados parte creciente del presupuesto de los programas de obras y servicios de interés local. A la descentralización de los servicios de salud, siguió la muy importante “federalización” de los servicios educativos en 1992. Antes, en 1989, había llegado al gobierno de Baja California un panista, primer mandatario estatal de un partido distinto al PRI.

Pero la “piedra de toque” de los cambios en la naturaleza de la relación Federación-estados, se dio en 1997, cuando por vez primera el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la que se discute y aprueba cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que la presión de la oposición unida permitió arrebatarle al PRI la negociación presupuestal, iniciar un nuevo ramo, el 33, dedicado a transferir recursos federales a estados y municipios para la realización de obras de infraestructura, apoyos y ayudas a la población.

El cambio definitivo de las formas de relación entre el Presidente y los gobernadores aconteció en 2000. El gobierno de Vicente Fox se inició con 20 gobernadores priistas y 12 de otros partidos, incluyendo el Distrito Federal. Era claro que los viejos contrapesos y mecanismos políticos de corrección de abusos habían quedado sepultados. Pero estaba pendiente —y aún lo está— su sustitución por otros nuevos, de naturaleza distinta.

Lo cierto es que desde hace 13 años, en las comisiones de la Cámara de Diputados se realiza la negociación presupuestal, cada vez con participación más clara y directa de los gobernadores. En esa etapa, la otrora poderosa Secretaría de Hacienda se ha vuelto “chiquita”, pues ha sido sustituida por los cabilderos de grupos de interés, de los gobernadores y de algunos presidentes municipales de las grandes ciudades. El problema está en que el presupuesto anual es aprobado por los diputados con un número creciente de programas que responden a necesidades y presiones políticas. Se incluyen obras que no cuentan con un estudio de factibilidad, menos aún con un expediente técnico. Autorizados, los proyectos no logran salvar en la Secretaría de Hacienda la primera etapa de aprobación que les permita iniciar su ejecución; muchas veces el dinero se pierde, pues no logran los estados concluir con los requisitos para arrancar la obra antes que se acabe el año.

Con el “Ramo 33”, que es de transferencia directa a los estados y municipios, hay otro problema, el de las participaciones. La mayoría de sus programas se realiza con lo que se llama “mezcla de recursos”; es decir, el gobierno federal pone una parte, otra el estado o el municipio y, dependiendo del programa, los presuntos beneficiados. Pero, ¿qué sucede cuando el estado no pone su parte porque no dispone de los fondos necesarios? De nuevo, no se hacen las obras ni se cumple con los servicios comprometidos. Aparentemente eso ha estado sucediendo en Yucatán.

Dos diputados federales yucatecos (del PRI y el PAN) han estado refiriéndose a este tema. Ambos tienen razones y argumentos. Sí, hay importantes autorizaciones para Yucatán (PRI), pero también se registran subejercicios (PAN), es decir, que no se ha podido aprovechar plenamente el dinero federal transferido al estado.

Se le atribuye a don Benito Juárez la frase de “…a los amigos, justicia y gracia; a los demás, simplemente justicia…”. La “justicia” estribaría en aplicar la ley de Coordinación Fiscal y sus reglamentos para entregar los recursos; la “gracia”, estaría en ayudar a solucionar los errores y las omisiones de los funcionarios estatales. Las estridencias y las descalificaciones mutuas a nada conducen. Mientras, en el pantano de la ineficiencia naufraga la obra pública, siempre importante, más ahora ante la situación económica que enfrentamos. Y los ciudadanos seguimos esperando.— Mérida, Yucatán

miércoles, 9 de junio de 2010

Los órganos reguladores. ¿Quién nos cuida?

Dulce María Sauri Riancho

Tres noticias han ocupado a los medios de comunicación en los últimos días. La primera, el enorme derrame de petróleo en el Golfo de México; la segunda, la crítica situación económica de Grecia, país miembro fundador de la Unión Europea, nueva víctima de una crisis que amenaza con extenderse a otros países, como España, Portugal e Italia. La tercera es la presentación del proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso del incendio de la guardería ABC, donde 49 menores de 4 años perdieron la vida hace poco más de 12 meses.

¿Qué tienen en común estos tres sucesos? En dos de ellos, hay consecuencias trágicas de pérdida de vidas humanas —los niños de la guardería, los trabajadores de la plataforma petrolera hundida en altamar—; en otro —Grecia y los otros miembros de la Unión Europea—, los resultados han impactado la vida de millones de personas que han perdido su trabajo o han visto reducidos sus salarios, como consecuencia de la crisis económica que se inició hace casi dos años en los Estados Unidos. En el derrame, contaminación de flora y fauna; amenaza a las actividades turísticas y pesqueras del extenso litoral norteamericano del Golfo de México, con posible irradiación hasta las costas mexicanas, es decir hasta la Península de Yucatán.

Los tres casos tienen un elemento común que debiera ser objeto de profunda reflexión: una falla monumental en los mecanismos de supervisión y en los órganos reguladores que tendrían que haber estado vigilantes del desempeño de las instituciones y de sus operaciones; esos mismos órganos que hubieran podido prevenir el desastre, la pérdida de vidas que apenas se iniciaban, de los ahorros y del empleo de muchos años.

Conforme avanzó el conocimiento de las causas de la crisis financiera que se inició con la quiebra de una importante compañía de inversiones de Wall Street (Lehman Brothers) en el otoño de 2008, la indignación invadió al pueblo norteamericano y después a su nuevo gobierno. El propio presidente Obama ha denunciado la codicia de los banqueros que ocasionaron con sus manejos irresponsables la incertidumbre financiera que pronto se transformó en crisis económica mundial, que ha afectado a todo el planeta en mayor o menor grado. ¿Dónde estaban las instituciones responsables de vigilar y supervisar el funcionamiento de los bancos? ¿Dónde quedaron las “sabias” calificadoras de los fondos de inversión? Se había confundido la desregulación y la eliminación de obstáculos burocráticos para los inversionistas y las empresas, con el “dejar hacer, dejar pasar” de los reguladores del gobierno, que mostraron claramente su incompetencia ante la magnitud del problema que no pudieron prever y menos evitar.

Entre las víctimas de la crisis económica mundial no sólo se cuentan gobiernos que han caído —el más reciente, Japón—, sino países enteros como Islandia y, en menor medida, los llamados despectivamente “PIG” (Portugal, Irlanda, Grecia).

La explotación petrolera en aguas profundas entraña riesgos de todo tipo no sólo económicos, sino tecnológicos, ambientales y de seguridad. Producto de un accidente insuficientemente explicado a la opinión pública, una plataforma petrolera propiedad de la poderosa British Petroleum (BPC), se hundió y el pozo que perforaba se salió de control, ocasionando un enorme derrame del hidrocarburo, que ya fue calificado como la peor tragedia ecológica de los EE.UU.

Ahora nos enteramos que las grandes operaciones petroleras norteamericanas de “vanguardia” en el Golfo de México, como una y otra vez las calificaron los panegiristas de la privatización mexicana, estaban supervisadas por una oscura oficina de “Gestión de Minerales”, y que sus funcionarios habían sucumbido al poder de las empresas que supuestamente regulaban, aceptando regalos y viajes. En pocas palabras, se habían corrompido.

La guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, estaba supervisada por el IMSS, por el gobierno del estado y por el gobierno municipal. No funcionó la supervisión de la seguridad del entorno —tabique de por medio funcionaba un almacén gubernamental donde comenzó el incendio—, ni del recinto donde se encontraban los menores ni de los mecanismos de Protección Civil. El Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, en su proyecto de resolución señala la inobservancia por parte de las autoridades de sus deberes constitucionales, legales “y aun infralegales” de las autoridades del IMSS y de los gobiernos de Sonora y Hermosillo.

El gobierno, sea federal, estatal o municipal, es responsable de regular y supervisar la operación de cualquier local, empresa o actividad que represente un riesgo para el bienestar público. ¿Cuánto delega en sus subordinados quien gobierna? ¿Sólo tareas o también responsabilidades: legales, políticas, morales? El debate en la SCJN sobre la tragedia de la guardería ABC arrojará luces sobre los límites de responsabilidad de las autoridades en éste y en otros casos que pongan en peligro el bienestar colectivo por sus deficiencias y fallas.

Los tres casos —Grecia, derrame petrolero, tragedia del ABC— muestran un grave problema: la debilidad de los órganos supervisores producto de la complacencia, el miedo o la corrupción. ¿Quién vigila a los vigilantes, quién detecta sus fallas, sus errores y vicios oportunamente, a tiempo para evitar las catástrofes? En breve comenzará el debate en el Congreso del estado sobre la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria. Independientemente de la paternidad o maternidad del proyecto, la discusión tendría que estar animada por el propósito de eliminar trámites molestos y burocráticos que obstaculizan las actividades de la sociedad. Autoridades capaces de ejercer a plenitud su función reguladora, de supervisar para que nadie se exceda o aproveche, eso es lo que necesitamos. Que para eso sirva la nueva ley.— Mérida, Yucatán.

jueves, 3 de junio de 2010

Continuidad y Cambio. El ejemplo de la basura en Mérida.

Dulce María Sauri Riancho

En menos de un mes habrá una nueva administración municipal en Mérida. Las autoridades electas afinan sus programas; saben que el plazo es corto, por lo que no hay tiempo que perder. En la reflexión de estos días, la pregunta que debe surgir constantemente es: ¿qué cambiar, qué conservar, qué iniciar? Algunas obras y servicios empiezan en una administración que puede inaugurarlos y entregarlos funcionando. Son los más numerosos, pero generalmente también los más sencillos, muchos de ellos sólo de ornato.

Otras obras se pueden iniciar. El proceso de arranque es difícil. Muchas veces, el tiempo de la administración sólo alcanza para esbozar la idea, comenzar a convencer a los ciudadanos, conseguir los recursos, formular el proyecto de inversión. Y hasta allá.

Unos cuantos servicios, quizá los más importantes para mantener y elevar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, son los que exigen continuidad de estrategias de gobierno; no importa el partido político de procedencia, las autoridades tienen ante sí el reto de fortalecer los programas y reorientar algunas acciones para mejorarlos. Es el caso de la basura.

Desde que tengo memoria, los meridanos pagan directamente por la recolección de su basura. Eso denota una corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno en un tema especialmente sensible para todos. A principios de los años 80 la ciudad había crecido hasta superar el medio millón de habitantes; la basura era ya un tema de interés y de preocupación colectiva. Los hábitos de consumo habían cambiado, más plástico y menos bolsas de papel y botellas de vidrio. De quemar en los patios de las casas lo poco que no se había podido reutilizar pasamos a las casas sin espacio, ni siquiera para guardar la basura de los nuevos fraccionamientos. En mi casa, mi abuela juntaba los papeles y los cartones, limpiaba las botellas de vidrio y las latas de leche en polvo; luego, hacía que la llevaran al mercado a los puestos donde compraban el material recuperado —“reciclado” se llama ahora— por unos cuantos pesos que se volvían caramelos para los nietos. Nosotros ni entendíamos ni aquilatábamos el esfuerzo de mi abuela; como ella, a fines de los años 70, los yucatecos “recicladores” entraron en retirada. Pero la basura ya no podía quemarse como antes, ni en las casas ni en el basurero municipal que, cuando ardía, invadía con sus humos buena parte del noroeste de la ciudad. Además, surgía la preocupación por los llamados “residuos peligrosos” para la salud y el medio ambiente, como los desechos de los hospitales y los aceites de motor gastados o quemados.

Aparte estaban los “lodos”, que así se les dice a los residuos de la limpieza de las fosas sépticas —nuestro drenaje— y de la preparación del nixtamal en los molinos.

En 1985, el presidente municipal Herbé Rodríguez (PRI) inició los estudios para ubicar un nuevo basurero. Inicialmente se pretendió utilizar una antigua “sascabera”, lo que no fue aceptado por las autoridades ambientales; pero en 1987, el proyecto permitió la expropiación por parte de Víctor Cervera, de las tierras donde diez años después funcionaría el “relleno sanitario”.

En 1990, Carlos Ceballos (PRI) solicitó el préstamo y comenzó la construcción de la planta de composta para producir tierra a partir de la descomposición de los restos orgánicos: comida, frutas, carnes.

El ayuntamiento encabezado por Ana Rosa Payán (PAN) inauguró la planta de composta, parte de un proyecto integral, que incluyó la rehabilitación del sistema de recolección y la primera experiencia piloto en la colonia Jesús Carranza para separar la basura orgánica e inorgánica. Pero lo más importante fue la aprobación del proyecto de “relleno sanitario”, a donde iría todo aquello que no pudiera volverse tierra —composta— o no pudiese recuperarse, como el cartón, los metales y el vidrio.

En 1997 se inicia la operación del “relleno”, con una vida útil de 15 años, hasta 2012. Por cierto, anticipadamente llegará este año a su punto de saturación.

La recolección por separado de la basura orgánica e inorgánica había vuelto a intentarse en la administración 2001-2004 (PAN). Fue su sucesora la que la aplicó a toda la ciudad: las bolsas verdes y naranjas llenaban alternativamente las calles de la ciudad. Al mismo tiempo, se instalaba una moderna planta de separación de inorgánicos y el “relleno sanitario” recibía basura procedente de otros municipios.

En 2008, el gobierno del estado (PRI) y el del municipio (PAN), se coordinaron para acelerar la reubicación de las lagunas donde se vertía el producto de la limpieza de las fosas sépticas y del nixtamal, ante la construcción del CRIT (Teletón).

Es cierto que tiene que reorientarse la recolección, hacerla más eficiente. Dos veces a la semana pasan los camiones recolectores por los productos orgánicos, lo que se pudre, y una, por los inorgánicos, que aguantan. Sin embargo, la frustración de las amas de casa es grande cuando ven que en los propios camiones todo se revuelve, ante el relajamiento que ha habido en los últimos meses.

También tendrán las nuevas autoridades (PRI) que revisar el funcionamiento de la planta de separación. Su costosa y avanzada maquinaria tropieza ante las bolsas de plástico, cuando tendrían que operar a partir de contenedores con la basura “a granel”.

Hay nuevos retos: cómo producir electricidad a partir de la descomposición de la materia orgánica; cómo aumentar la recuperación de papel, vidrio, metales y principalmente PET, envases de plástico que duran siglos antes de desaparecer.

Pero sobretodo, autoridades municipales y ciudadanos tendremos que trabajar para desarrollar una nueva cultura de consumo responsable. Incidir en la educación ambiental, en la recuperación de la tradición de nuestras abuelas de reutilizar al máximo. Comencemos, por lo pronto, con llevar al supermercado nuestras propias bolsas o vayamos“… con canasta y con rebozo de bolitas...”.

Hasta ahora, la política municipal sobre la basura ha sido ejemplo de continuidad y cambio. Que así siga.— Mérida, Yucatán.