miércoles, 25 de noviembre de 2009

No basta decir “¡Ya no!”

Tengo derecho a vivir en paz

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán.

La violencia contra las mujeres no es natural; padecerla y tolerarla tampoco es parte de la condición de género. Al ser un abuso de poder, la violencia contra las mujeres es una vulneración de un derecho humano fundamental: vivir en paz. Para recordarnos esto se estableció el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre.

Dentro y fuera del hogar, las situaciones de violencia son comunes a la vida de muchas mujeres. Pero es en el ámbito de la familia donde las mujeres viven las más duras violaciones al derecho fundamental a la paz.

Hace algunos años, en 1996, el gobierno mexicano reconoció que la violencia en el seno de los hogares era un asunto de interés público. Hasta entonces, se había negado a interferir en lo que consideraba como ámbito privado, es decir, en la vida familiar.

Ahora existe una legislación nacional, tanto federal como en la mayoría de los estados, incluido Yucatán, que protege el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Estas leyes consideran diversos tipos de violencia. Concentraré mis comentarios en aquellos más frecuentes en el ámbito familiar.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), publicada en 2004 con un volumen especial para Yucatán, dirige poderosos reflectores sobre la condición de las mujeres yucatecas que viven en pareja. A pesar de que han transcurrido seis años desde su levantamiento, las situaciones que describen continúan prevaleciendo: violencia emocional, económica, física y sexual.

Casi cuatro de cada 10 yucatecas había sufrido al menos un incidente de violencia en el último año. El más frecuente, de tipo emocional, seguido del económico. Alarma el dato que dos de cada 10 mujeres de esta tierra han padecido violencia física y un poco menos, sexual en el seno de sus hogares.

Una lamentable igualdad parece rodear a las situaciones de violencia intrafamiliar en Yucatán: sin importar posición social, nivel de ingreso o grado de preparación, las yucatecas tienen en común haberse enfrentado a un acto de violencia en el año anterior a la encuesta.

No obstante, hay una diferencia significativa entre las mujeres que viven en unión libre con sus parejas y las que están casadas por el matrimonio civil y el religioso. Casi cinco de cada 10 de las primeras reportan violencia en sus relaciones de pareja, frente a un poco más de tres de las casadas “por las dos leyes”.

No es mi intención llenar de números este espacio. Quien desee abundar sobre la información estadística del Endireh puede hacerlo a través de Inmujeres (www.inmujeres.gob.mx). Sólo quisiera reflexionar con ustedes, mujeres y hombres yucatecos lectores de estas páginas, qué significan las distintas formas de violencia y las consecuencias que tienen en la vida de las mujeres que las padecen y de las familias que las viven.

La violencia emocional, por ejemplo, es dejar de hablarle a la esposa; avergonzarla o menospreciarla con comentarios como que es fea o gorda; decirle “tonta” o “incapaz” cuando no puede realizar alguna tarea de esas que están reservadas culturalmente a los hombres, como manejar aparatos electrónicos. Las amenazas de que se va de la casa, que le quitará a los hijos o más aún, que la correrá a ella son también formas violentas lamentablemente comunes en las relaciones familiares.

Gastarse el dinero de la quincena y dejar a la mujer a la buena de Dios con el encargo de los gastos y de los hijos, reclamarle acremente cómo y en qué gastó su dinero, ser tacaño, hacer de cada pago una negociación acompañada de lágrimas de humillación son formas de violencia económica.

Empujar a la pareja, jalarle el pelo, patearla o amarrarla, aventarle algún objeto o golpearla con las manos o con un palo son acciones de violencia física que, al tolerarlas, se intensifican a lo largo de los años, hasta llegar a causarles la muerte.

La violencia sexual fundamentalmente consiste en obligar a la mujer a tener relaciones cuando no quiere, imponiéndose por la fuerza. De esta forma de violencia, así como la que resulta en daños a la integridad física de las mujeres, se habla poco, con vergüenza, como si ellas fueran las culpables. Y cuando se denuncia, la presión de los hijos o la necesidad económica hacen que “perdone” al agresor.

Algunas veces los actos de violencia contra las mujeres en una relación de pareja en proceso de divorcio trascienden por su perversa imaginación o por la crueldad de la persecución. Es el caso de una residencia demolida en un día para no entregarla a la futura ex esposa. O lo sucedido con una mujer sometida por su todavía marido a un proceso penal por el robo ¡de la recámara de sus hijos y el viejo horno de microondas! (María Isabel Silveira Bolio silveira11@hotmail.com). Lo más grave en este proceso es que la orden de aprehensión fue expedida por otra mujer, la jueza, y la acusada se encuentra recluida en el domicilio de sus padres esperando el milagro de la justicia federal.

Además de la tristeza y la depresión, los problemas nerviosos y los moretones o hinchazón que provocan los golpes; de las hemorragias y de los abortos, la consecuencia más lacerante es la pérdida de la autoestima de las mujeres sometidas a la violencia cotidiana en el lugar que debería ser el cálido centro de amor y respeto entre miembros de la familia.

Existen instituciones creadas para atender los problemas de violencia contra las mujeres, incluyendo la intrafamiliar. Confiar en su capacidad de respuesta, de protección a las víctimas y de castigo y tratamiento a los agresores es un largo proceso en el que estamos inmersos.

Se corrige un grave error.— Se fue el secretario de Fomento Económico, agresor de su esposa. Ningún hombre debe serlo, menos un servidor público, sin que haya consecuencias inmediatas de relevo de su responsabilidad. Más vale tarde que nunca.— Mérida, Yucatán.

domingo, 22 de noviembre de 2009

Entrevista con canal 6 de Yucatán. Presupuesto 2010.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

En crisis de valores

Tiempo de emergencia moral

Columna publicada hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Hace unos días caminaba por las calles de Siracusa, la ciudad de Arquímedes, hoy un próspero puerto de la isla de Sicilia, en Italia. De pronto me topé con un llamativo carro de bomberos antiguo, bien pintado de rojo, con su escalera y mangueras para combatir el fuego y una provocativa leyenda que dominaba el conjunto: “Es Tiempo de Emergencia Moral”. Era, como podríamos suponer, un vehículo de campaña electoral de un candidato que en el lema que eligió para llamar la atención de sus conciudadanos expresaba su diagnóstico y proponía la solución al problema más grave que enfrenta su país: la crisis de valores morales.

Al ver esa llamativa frase no pude evitar referirme de inmediato a lo que sucede en nuestro país: me pregunté si al igual que Italia no estamos los mexicanos enfrentados a una verdadera “emergencia moral”. Quizá sus raíces sean un tanto distintas a las de ese país, pero sus síntomas y sus consecuencias parecen ser similares.

La impunidad es el primero de los vicios sociales. Saber que el riesgo de enfrentar el castigo cuando se viola la ley es mínimo o inexistente alienta la delincuencia de todo tipo, incluido el peculado, el soborno y el tráfico de influencias. De una u otra manera el funcionario recién llegado a un cargo se pregunta si una actuación correcta de su parte no representará la pérdida de una oportunidad única para enriquecerse, sin que haya ninguna consecuencia; más cuando ha podido constatar a través de conspicuos personajes que el manto del tiempo cubre la memoria del origen de la fortuna mal habida, pues “poderoso caballero es don Dinero”.

La frontera entre la vida pública y la vida privada de un funcionario es una tenue línea, algunas veces imperceptible. Desde luego que las relaciones personales y familiares corresponden a la esfera privada de los servidores públicos, pero la forma como se conduzcan los funcionarios y sus parientes influye en la percepción ciudadana sobre la actuación de sus autoridades. Si además miembros de la familia inmediata, tíos, primos y parientes políticos, obtienen o gestionan contratos de obra, muestran signos ostensibles de cambio en su condición económica, compran cosas y se comportan acorde con su nueva riqueza, entonces se refuerza la imagen de corrupción que deslegitima a las autoridades.

En este primer esbozo de los vicios sociales la simulación tiene un destacado papel. Hacer como que se cumple; cuidar sólo las formas, el cascarón, pero vaciarlo del contenido, finalmente viene a reforzar la sensación de impotencia de la sociedad que, después de haber luchado por la creación de las instituciones, las encuentra convertidas en organismos burocráticos, que nada resuelven. Es el peligro que viven instancias como los institutos de acceso a la información, las comisiones de derechos humanos, las procuradurías especializadas o las diversas instituciones electorales.

Asociado a los males de la impunidad y la simulación está el olvido. La receta parece haberse patentado: todo es cuestión de aguantar el mal momento, sabiendo que las molestas preguntas e incluso el proceso legal que se pudiera instaurar pasarán, más temprano que tarde, al olvido de los grupos de la sociedad escandalizados momentáneamente. “Un clavo saca a otro clavo”, refrán válido en el amor parece que también en el escrutinio de la sociedad sobre la conducta de los funcionarios.

Pero ¿qué opción tiene la sociedad cuando no olvida? ¿Operan las instituciones responsables de fiscalizar la actuación de los servidores públicos y auditar sus actos? ¿Cómo y ante quién pueden acudir los ciudadanos agraviados por la actuación de sus autoridades en cuanto al incumplimiento de obras y servicios comprometidos? La agenda de la democracia en materia de participación ciudadana es muy amplia e imprescindible de desarrollar: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, sólo para comenzar. Y el punto medular: la rendición de cuentas. El remate, el juicio popular y la revocación de mandato.

Me preocupa la información que rodea la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, por los llamados “candados institucionales” para el ejercicio del gasto. Bajo el argumento de los excesivos requisitos para liberar los recursos y ejercer el gasto en las entidades federativas, los diputados decidieron reducir los controles de la Secretaría de Hacienda y la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Se trataría, de ser cierto, de un grave retroceso en la fiscalización de la actuación gubernamental que alentará el dispendio y la corrupción en mucha mayor medida que lo que actualmente conocemos, ya de por sí grave.

El carrito de bomberos de Siracusa tenía mangueras y una escalera. Para responder a la emergencia moral tendremos que habilitar las bombas de nuestra reserva de valores, subir audazmente por la escalera y echar el agua hasta las alturas del gobierno —Presidente, gobernadores, diputados y alcaldes— para apagar el fuego que amenaza con consumirnos.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

A cambiar para mejorar

Único camino
Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

En estos días la Cámara de Diputados y el Congreso de Yucatán tomarán importantes decisiones sobre el gasto: cuánto y en qué gastar, cuáles son las prioridades y lo que se llama “los irreductibles del presupuesto”, que no son otra cosa que los programas intocables porque representan los sueldos y salarios de maestros, médicos y enfermeras, burócratas y policías, así como los subsidios y apoyos que se canalizan a través de Procampo y Oportunidades.

Un monto considerable de recursos es aplicado para desarrollar las llamadas “capacidades humanas”, es decir educación, salud, capacitación para el trabajo, entre otras. Pero simultáneamente se reducen, año tras año, las asignaciones para obras materiales y, dentro de éstas, las dedicadas a la infraestructura.

¿Qué es la infraestructura? Son las obras de agua potable y drenaje, carreteras, avenidas, puentes o túneles, redes de electricidad, parques y espacios arbolados, entre muchas otras. Si no existen o son deficientes, el desarrollo económico y la calidad de vida se deterioran. No son fáciles de hacer, tampoco gestionar los recursos para su realización. Lleva tiempo concebirlas y realizarlas, pero son indispensables para el desarrollo.

Recuerdo la introducción del agua potable en Mérida. A mediados de los años 60 se emprendió la magna obra que significó prácticamente excavar todas las calles de la ciudad, introducir tubería y hacer las conexiones en cada una de las casas. Durante muchos meses nuestra ciudad se vio como un campo devastado por las bombas que se escuchaban detonar por todas partes. Fue difícil. Era indispensable por la salud y se hizo.

Quedó pendiente el drenaje. La experiencia de la Colonia Alemán no pudo ser extendida a toda la ciudad. La limitación del desarrollo tecnológico de entonces representaba problemas para dotar a Mérida de un sistema de drenaje convencional, además de un sistema eficiente de desahogo del agua de la lluvia. A las dificultades técnicas se sumaron la falta de voluntad política y la escasez de recursos económicos.

Ahora existen soluciones técnicas que hacen factible dotar de drenaje a la Mérida tradicional, a sus colonias populares y residenciales. Pero siguen faltando los recursos económicos cuantiosos y, sobre todo, la voluntad política para acometer una obra indispensable para cualquier ciudad.

¿Y qué decir de las avenidas de sur a norte de nuestra ciudad capital? Mucho se habló a principios de los años 70 de la prolongación hacia el sur del Paseo de Montejo, de su importancia para la integración de la ciudad no sólo desde el punto de vista urbanístico, sino también social. El Remate de Montejo es testigo mudo del primer y único paso que se dio en ese sentido. La Avenida 128 se quedó en intento incompleto de hacer el “par vial” de la Itzáes y paremos de contar.

Otras ciudades del mundo con un número de habitantes equivalente al de Mérida o incluso mucho menor han construido su sistema de transporte subterráneo —Metro—, pasos elevados o túneles que ayuden a distribuir mejor el tránsito vehicular. El centro de esas ciudades se ha vuelto peatonal en su mayor parte, por lo que sus habitantes pueden disfrutarlo a plenitud. Se han creado grandes estacionamientos bajo sus plazas. Pero sobre todo se cuenta con un sistema de transporte público eficiente, confortable, económico, para desalentar el uso de los vehículos particulares.

El tránsito fluido por las calles de Mérida, a ciertas horas, es cosa del pasado. ¿Cómo podría ser de otra manera si en menos de 10 años casi se ha duplicado el número de vehículos que circulan en la ciudad y las avenidas son prácticamente las mismas? Desde luego que esta situación afecta la calidad de vida de todos los meridanos, de los que conducen un coche y de los que se trasladan en camión, que tardan cada vez más en hacer el mismo trayecto.

A todos nos enorgullece que Mérida se distinga por sus avances, como la digitalización de sus espacios públicos. Disfrutamos la paz y la tranquilidad que caracteriza a nuestra ciudad. Pero todos somos responsables de mantener y mejorar esa calidad de vida que aún tenemos, a pesar de las deficiencias y rezagos. Las autoridades, de establecer la coordinación entre los niveles de gobierno —federal, estatal, municipal— para acometer los grandes proyectos que necesita Mérida. Y de nosotros los ciudadanos, de organizarnos para demandarlos y acompañar en su realización. Cambiar para mejorar. No hay otro camino.— Mérida, Yucatán.

martes, 3 de noviembre de 2009

Una ventana que se cerró

Candidatos ciudadanos

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Corría el inicio de 2006. Los consejeros electorales recién elegidos habían perdido la confianza de importantes sectores de la población por la cuestionada conducta de algunos de ellos; por otra parte, las organizaciones empresariales impulsaban la revisión de la legislación electoral del Estado —la que habría de regir la elección de gobernador en 2007— para que las actividades políticas costaran a la sociedad menos recursos, en tiempo y dinero.

Ese fue el marco de la reforma electoral. Los diputados del PAN y del PRI, entonces en la oposición, fueron receptores de las demandas ciudadanas para dar un nuevo marco constitucional a los procesos electorales. Entre esos legisladores estuvieron Rolando Zapata, Jorge Carlos Ramírez —actuales diputados federales— y Federico Granja. El nuevo Código Electoral unificó la fecha de las elecciones yucatecas con las federales (2010 será el último proceso separado), creó el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), estableció las figuras del referéndum y del plebiscito, y legisló sobre las candidaturas Independientes, es decir que los ciudadanos pudieran ser electos sin ser postulados necesariamente por un partido político.

Por un breve periodo, Yucatán pareció volver a la vanguardia de las reformas innovadoras y visionarias: las de Manuel Crescencio Rejón y el Juicio de Amparo; las de Salvador Alvarado y sus códigos Civil y del Trabajo. Se volvió polémica nacional el tema de las candidaturas independientes, cuya constitucionalidad fue resuelta, después de un largo debate, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió una ventana por la que comenzó a correr un aire vivificante al interior de un sistema político que se asfixiaba por la cerrazón de sus instituciones a la participación directa.

La opción de las candidaturas ciudadanas es también una respuesta a la decepción de un creciente número de personas de los partidos políticos, que los lleva a cuestionar la legitimidad de la representación de las autoridades y, en consecuencia, del sistema político que nos rige.

Así se llegó al proceso de mayo de 2007. Pese a las dificultades que representaron los requisitos impuestos por las autoridades electorales a los ciudadanos que intentaron postularse al margen de un partido político, en cuatro municipios finalmente se registraron planillas ciudadanas y en uno de ellos, Yobaín, triunfó el candidato independiente.

Unos meses después, en septiembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma electoral de largo alcance, que aspiraba a controlar los gastos en publicidad y propaganda en medios electrónicos, a compactar en una sola fecha —julio de cada año— las elecciones locales y a reforzar el papel fiscalizador del IFE. Pero también hizo explícito que sólo los partidos políticos podrían postular candidatos.

Para Yucatán había dos asuntos pendientes: uno, la fecha de las elecciones que de acuerdo con la reforma federal no tendrían que realizarse en mayo sino en julio del próximo año. La otra cuestión era la relativa a las candidaturas independientes.

El Congreso yucateco reformó la Constitución local para adecuarla a la Federal. Sin embargo, mantuvo la fecha de la elección e intentando quedar bien con Dios y con el Diablo mantuvo la figura de las candidaturas independientes, aunque con la salvedad de que sólo se harían efectivas cuando se modificara la legislación federal. ¿Cuándo? Quién sabe... Y hace unas semanas, el Ipepac le puso el último clavo al ataúd al sepultarlas por decisión propia, no por mandato de la ley electoral yucateca que las conserva vivitas y coleando.

¿Qué hubiera pasado si se mantenía la opción de las candidaturas ciudadanas por parte de las autoridades electorales? ¿Habría recurrido algún partido político a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar su inconstitucionalidad, si ésta ya la había discutido y resuelto? ¿Vale la retroactividad para las candidaturas ciudadanas y no para la fecha de las elecciones? En el fondo, ¿a qué le temen los partidos políticos yucatecos y las autoridades electorales? ¿A los ciudadanos decepcionados? ¿Rige en la política la ley “del mínimo riesgo”, que hay que evitar a toda costa? No creo que ni el PRI, el PAN o el PRD pierdan el sueño porque algunos de los descontentos de sus próximos procesos internos pudieran haber optado por postularse por la vía ciudadana, por cierto, mucho más compleja y dura que la de otro partido político que los acepte.

Entonces, ¿por qué cerrar esa pequeña ventana que se había abierto? La estabilidad política que por largos años caracterizó a México tuvo como base la capacidad para reformar instituciones y crear nuevas, cuando hizo falta. Esa vocación reformadora parece aletargada a nivel federal, pero en el caso de Yucatán se bloqueó por miedo. Ojalá no nos arrepintamos muy pronto.— Mérida, Yucatán.