martes, 29 de septiembre de 2009

Camino al siglo XXI

Para salir de la exclusión.

Columna publicada en el Diario de Yucatán
Dulce María

Entre el 1 y el 2 de octubre se realizará en Mérida el Foro Mundial de Logística organizado por la UADY, el gobierno del Estado y diversas agrupaciones empresariales, como la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones e Información (Canieti) y el Centro Ejecutivo de Logística (Celogis).

Para la mayoría de los yucatecos quizá pase inadvertida esta reunión, concentrados unos en el delicado debate sobre el megacrédito y encantados otros por los concursos nacionales de belleza y la grabación de la telenovela “Sortilegio”. Además, por el nombre, puede parecer que logística es asunto de militares, que nada tiene que ver con las actividades económicas y mucho menos con la economía de nuestros hogares. Sin embargo, Logística es el conjunto de medios y métodos para la distribución óptima de los productos y los servicios, y para el desplazamiento de las personas.

Para el país en su conjunto, la logística es fundamental para competir con otras naciones en condiciones de igualdad. Para Yucatán es vital para entender y aplicar la estrategia que permita al estado “ponerse en el mapa” del mundo actual. La organización, el precio y la disponibilidad del transporte y de las comunicaciones hacen posible competir exitosamente o de plano quedar excluidos de la nueva economía.

Hasta ahora, todo apunta a la exclusión de Yucatán. La supuesta o real lejanía de las zonas donde se producen los insumos —acero, productos químicos, telas e hilos, granos básicos como maíz y sorgo, entre otros— nos ha marginado de ser considerados para la ubicación de una planta armadora de automóviles, por ejemplo. Los productos de consumo que ofrecen las cadenas nacionales de tiendas departamentales y supermercados tienen un sobreprecio en Mérida, el precio de operaciones de la carga en contenedores es mayor que en otras terminales portuarias, como la de Seybaplaya. Cuesta mucho más volar a Mérida desde Miami, o Nueva York o incluso de la ciudad de México, que hacerlo a Cancún, además de las escalas y las horas de espera en los aeropuertos que desalientan a posibles inversionistas y a turistas de llegar a visitarnos.

Las deficiencias en la logística afectan también directamente a miles de yucatecos en su ingreso y en su tiempo. Me refiero al costo del transporte de pasajeros desde el lugar de residencia hasta su centro de trabajo, de estudios o sencillamente para hacer las compras del hogar.

Abatir las deficiencias de logística para que fluyan a tiempo y barato los servicios y las mercancías demanda ciertamente obras materiales, infraestructura nueva, pero principalmente requiere decisiones políticas para corregir vicios y desviaciones, para superar intereses sectarios o de grupo y para multiplicar oportunidades para las empresas y las personas.

Por ejemplo, construir la espuela de ferrocarril para la Terminal remota del Puerto de Altura de Progreso significaría reducir el costo de maniobra de la carga y disminuir el tiempo de los barcos atracados, lo que se traduciría en mayor posibilidad de llegar a tiempo y a precios competitivos al mercado.

Sin utilizar eufemismos (que pueden sonar bien) o medias verdades, debemos enfrentar la virtual inexistencia del transporte ferroviario y la reducción de las alternativas de comunicación aérea directa con Estados Unidos y Centroamérica. Mientras no haya capacidad para garantizar la operación diaria —o con la mayor frecuencia posible— de vuelos directos desde los principales destinos de la Unión Americana y con los países de Centroamérica, perderá viabilidad cualquier propuesta para incrementar el turismo, la inversión externa y las exportaciones.

Aún está pendiente la entrega del programa integral de reestructuración del transporte que el gobierno del Estado comprometió ante la Comisión del Pacto Económico por Yucatán. Espero que incluya una visión moderna, de avanzada, con soluciones que acerquen al estado y particularmente a Mérida, al siglo XXI. ¿Por qué no pensar en un metrobús que le dé la vuelta a los más de 50 kilómetros del Periférico, con sus correspondientes estaciones de transbordo hacia el centro de Mérida o a los municipios circunvecinos de Kanasín, Conkal, Umán, Ucú, Progreso? ¿Qué impide hacer realidad los tantas veces anunciados boletos electrónicos para pagar el autobús, cuyo precio incluya la posibilidad de transbordo con otras rutas dentro de cierto tiempo y con costo reducido? No son sueños, y si así lo fueran, ¿no es Yucatán el lugar donde los sueños se hacen realidad?— Mérida, Yucatán.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

El megacrédito y el futuro

(Columna publicada el 22 de septiembre en el Diario de Yucatán)
Dulce María

El pasado 18 de septiembre el Congreso del Estado autorizó a la gobernadora a contratar créditos hasta por $1,870 millones, a liquidar en los próximos 25 años. Es muy difícil dar una opinión informada sobre esta importante medida cuyo pago gravitará sobre los próximos cuatro gobiernos estatales y toda una generación de yucatecos. La razón está en la falta de información accesible a la sociedad que vaya más allá de las declaraciones a favor por parte de los funcionarios del gobierno del Estado o de los diputados priistas y, en contra, de los legisladores panistas, incluidos los federales.

Ni en el sitio web del Congreso de Yucatán ni en el portal del gobierno del Estado se pueden conocer la iniciativa de decreto, menos aún la transcripción del debate en las Comisiones que antecedió a su aprobación por mayoría. No comparecieron los secretarios de Planeación y Finanzas para explicar a los legisladores el alcance de la propuesta; no se conocen las obras o proyectos que serían financiados con el crédito y, a pesar del énfasis en que no se utilizarán esos recursos para solventar gasto corriente, nos enteramos por la prensa que servirá, en primera instancia, ¡para pagar 500 millones de pesos que el gobierno estatal adeuda a proveedores! Con un mínimo costo y esfuerzo se pudo introducir la información a internet para ponerla a disposición de la ciudadanía. Así ocurre, en el ámbito federal, con el debate sobre el controvertido “paquete fiscal” 2010, que se puede consultar con amplitud y detalle tanto en la página web de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx), como en el sitio de la Secretaría de Hacienda (www.shcp.gob.mx), que incluye la versión de toda la comparecencia del secretario Carstens ante el Pleno de la Cámara.

La falta de información del megacrédito yucateco proyecta una confusión de origen: una cosa es la austeridad para sobrevivir un año con problemas en las finanzas públicas y otra, muy distinta, es la superación del estancamiento que nos aprisiona desde hace años y que agravó la crisis económica.

Si la motivación central del gobierno fue “brincar” 2009 como fuera, asegurar que en lo que resta de la administración (tres años) se contará con un periodo de gracia para pagar sólo intereses ($200 millones al año aproximadamente) y contar con que el nuevo gobierno en 2012 será el que comience a pagar el capital, mal estamos y peor estaremos en el futuro.

A oscuras del destino de este cuantioso préstamo —o cuando menos en la penumbra—, parece que su efecto inmediato ha sido el abandono de nuevas medidas de austeridad, como la reducción inmediata de salarios de los altos funcionarios decidida en Quintana Roo, o los ajustes al aparato administrativo que pretende realizar el gobierno federal con la desaparición de tres secretarías en 2010.

Por eso es tan relevante conocer la selección de las obras en que se invertirán los recursos de este enorme crédito, que ya se han visto reducidos a $1,370 millones. Las obras de relumbrón, candidatas a “elefantes blancos”, no ayudarían a salir del estancamiento producto de la crisis; sólo serían útiles para proporcionar empleo durante su construcción a un número limitado de trabajadores y para generar ganancias a algunas empresas, quizá ni siquiera yucatecas.

Contamos con una pista sobre los proyectos que dispondrían de parte del dinero del megacrédito; asumo que son los que fueron mencionados en el II informe ciudadano por la gobernadora: tren rápido; museos de la cultura maya en Mérida y Valladolid; plataforma logística en Mérida; centro logístico en Valladolid; carretera costera; teatro Mayapán; nuevo centro de convenciones, así como el parque científico y tecnológico de Sierra Papacal y el malecón internacional de Progreso, estos dos últimos porque se quedaron sin los recursos que previamente se les habían autorizado.

La pregunta central es si estas obras responden a la necesidad de abrir a Yucatán a la globalización y la sociedad de la información; si las inversiones representan nuevas alternativas productivas para nuestro estado y si son generadoras de empleo más allá de la etapa de su construcción.

No creo que sea mucho pedir que el gobierno del Estado informe con detalle a la ciudadanía del destino del megacrédito. Si se están comprometiendo las finanzas públicas yucatecas por los próximos 25 años, tenemos el derecho y la obligación de conocer y calificar los proyectos; de analizarlos cuidadosamente, de evaluarlos en sus méritos, más allá del acto inaugural. Al fin y al cabo, todos habremos de pagarlos.— Mérida, Yucatán.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Frutos de la participación social

Columna publicada el día 10 de septiembre en el Diario de Yucatán
Dulce María.

¿Cómo participa la sociedad en la solución de los problemas colectivos? ¿Tiene alguna utilidad para la ciudadanía que se integren los llamados “representantes de la sociedad civil” a las numerosas comisiones y comités que acostumbra conformar el Gobierno cuando necesita ganar legitimidad? La respuesta políticamente correcta es “sí, indudablemente”. Empero, la sentencia bíblica (Mateo, 7.16) “Por sus frutos los conoceréis”, me hace ser cautelosa.

La Ley de Planeación obliga al Gobierno (en todas sus instancias) a abrir la participación a la sociedad en las tareas del desarrollo. En la práctica se ha privilegiado la forma más que la efectividad. Así, han proliferado los foros de consulta sobre cantidad de temas, convocados por el Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial, donde se recogen los planteamientos y puntos de vista de diversas organizaciones que acuden a la convocatoria. Pero, ¿alguien realiza un balance, una vez aprobada la ley o el programa, de lo que verdaderamente se incorporó? Eso sí, se toman muchas fotos de la instalación, se pronuncian discursos y así se llena el expediente de la consulta.

Firmado el 22 de enero, el Pacto Económico por Yucatán (PEY) es el compromiso del Gobierno y de organizaciones yucatecas para enfrentar la crisis económica. Contiene acciones, plazos y hasta fechas de ejecución, claramente precisadas para sus 52 objetivos, divididos en tres grandes apartados: 1) Apoyos al Consumo y al Presupuesto Familiar; 2) Apoyos a Empresas y Sectores Productivos en el Campo y la Ciudad, y 3) Inversión y Eficiencia Pública para Incentivar la Dinámica Económica.

El PEY (www.pey.yucatan.gob.mx) considera además la formación de un Comité de Evaluación y Seguimiento (Cesepey), integrado por 5 representantes del Gobierno, 3 del sector productivo (Canacintra, CMIC y Canacome), 3 del sector social (CTM, CROC y el presidente de la Juguera de Akil), todos ellos a invitación de la gobernadora.

Con mucho ímpetu inició el Cesepey sus funciones. Tras su instalación (el 6 de marzo) sólo se reunió en una ocasión (el 2 de abril), a pesar del compromiso de sesionar cada dos semanas durante los primeros tres meses y, después, una por mes. Parece que un manto de silencio fue tendido en torno al PEY y a su Comité de Evaluación, que evaluó muy poco, a juzgar por los resultados. La inconformidad general entre los usuarios del transporte público por el incremento de 20 por ciento en las tarifas resucitó el compromiso 4 del Pacto que a la letra dice: “…no se autorizarán aumentos en las tarifas de transporte…”. Ya sabemos lo sucedido.

Pero también está el punto 8, que compromete al gobierno a impulsar el establecimiento de acuerdos con colegios y universidades particulares en lo relativo a las colegiaturas. También podemos leer el punto 12, que incluye la constitución de un Fondo de Garantía Líquida con Nafinsa para contar con 225 millones de pesos de recursos garantizados para las empresas yucatecas. O el Fondo de Garantía Líquida para los productores rurales, incluido en el punto 39. O el sugerente punto 21, que compromete a otorgar licencias de trabajo a profesionistas “…que pudieran perder su empleo…” para realizar estudios financiados de manera tripartita por las empresas, la banca y las universidades. Del Pacto Económico por Yucatán, de su Comité de Evaluación y Seguimiento sólo se sabe que no cumplieron con sesionar cada dos semanas, que no lo han hecho desde el 2 de abril. La representación de la sociedad, depositada en las organizaciones empresariales y de trabajadores, tampoco ha rendido cuentas en un asunto que es de interés colectivo.

La rendición de cuentas es una obligación de todo representante, sea gobernador, legislador, presidente de una cámara empresarial o de alguna organización social, sociedad de padres de familia o de alumnos de una escuela. Le debe dar cuenta a quienes le brindaron su confianza para representarlos. Los integrantes del Comité de Evaluación tienen una responsabilidad compartida ante la sociedad yucateca. Deben dar cuenta de ella. No sólo se trata de los cinco funcionarios de gobierno, sino del conjunto de representantes que se comprometieron a vigilar las acciones públicas para enfrentar la crisis económica.

Los frutos de la participación social en las tareas de conducción de la vida pública tendrían que reflejarse sobre todo en la información veraz, clara y sin disimulo sobre el estado de cumplimiento de los compromisos. No es una tarea placentera, sobre todo cuando molesta a quien gobierna, que quizá preferiría que todo se olvide el mismo día que se firmó. Pero es indispensable hacerlo y exigir que se haga.— Mérida, Yucatán

sábado, 5 de septiembre de 2009

¿Vientres de alquiler en la Cámara?

Lamento profundamente lo sucedido con las solicitudes de licencia de 8 diputadas federales recientemente electas.

martes, 1 de septiembre de 2009

En el Día del Presidente.

Columna publicada el día de 1 de septiembre en el Diario de Yucatán.
Dulce María.

Durante muchos años, el 1 de septiembre fue el Día del Presidente: los burócratas tenían asueto, los bancos cerraban ese día, el calendario escolar se iniciaba después de la fecha señalada por la Constitución para que el titular del Ejecutivo Federal rindiera el Informe de sus actividades ante el Congreso de la Unión.

En un recinto construido ex profeso, con un enorme Salón de Plenos, ante legisladores e invitados de las élites políticas y empresariales de todo el país, el Presidente leía un largo discurso, casi siempre sin interrupción alguna. Una breve respuesta del Presidente del Congreso y el recorrido hacia el Palacio Nacional para la salutación —conocida también como el “besamanos”— rubricaban el día.

La forma es fondo. La parafernalia que acompañó por tantos años el cumplimiento de una obligación constitucional cobijaba la reafirmación del poder presidencial frente a un congreso dominado por su propio partido, con una oposición que sólo podía manifestar su descontento absteniéndose de aplaudir.

1988 marcó un parteaguas en la ceremonia del 1 de septiembre. Ese año, ante una oposición casi mayoría en la Cámara de Diputados, Miguel De la Madrid rindió su VI Informe en medio de constantes interrupciones e intentos de interpelación, que culminaron en una accidentada salida con intercambio de golpes incluido, entre un legislador y el gobernador de Baja California. A partir de entonces, el día del Informe fue el único del calendario en que la oposición tenía al Ejecutivo en condiciones para negociar diversos asuntos, que poco tenían que ver con la agenda legislativa, pero mucho con las necesidades y demandas de amplios grupos sociales. Plantones en el Zócalo, marchas y manifestaciones invariablemente lo prologaron.

La pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados se vio reflejada de inmediato en el III Informe de Ernesto Zedillo, en 1997. Ya no era más el Poder Legislativo un subordinado político al Ejecutivo, sino un poder que exigía trato en condiciones de igualdad. La cita de su Presidente, Porfirio Muñoz Ledo, así lo refleja: “... Nosotros, que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos sabemos más que vos...”.

La oposición se volvió gobierno en 2000. El PAN que durante muchos años demandó trato respetuoso al Poder Legislativo, inauguró la nueva era política con una ceremonia en el Auditorio Nacional, donde el Presidente Fox fue rabiosamente aplaudido por sus correligionarios y simpatizantes.

Una vez que fueron despojados de su esencia —instancia por excelencia de rendición de cuentas—, los informes derivaron en eventos mediáticos, con publicidad y propaganda desbordadas, días antes y después de la fecha. Menudeó entre los gobernadores la práctica de la rápida entrega del documento, en una ceremonia protocolaria ante su Congreso, seguida de una concentración multitudinaria para recibir los aplausos y el calor del pueblo que supuestamente se le negaban en el recinto legislativo.

Ayer inició una nueva legislatura, la LXI, dominada por la oposición priista. El gobierno decidió celebrar, en la sede del Ejecutivo, un evento en la mañana del 1 de septiembre, previo a la sesión de Congreso General convocada a las 5 de la tarde. La gota que colmó el vaso fue la invitación a los mismos legisladores para acompañar al Presidente en la lectura de su “III Informe de Gobierno”, lo que fue tajantemente rechazado por el PRI y el PRD, por lo que calificaron como “una falta de respeto” al Congreso. Finalmente, el acto fue cancelado.

Como ex legisladora me sorprendió sobremanera la intención del Ejecutivo de crear un foro a modo para presentar anticipadamente su Informe. Sin embargo, como yucateca sentí que ya conocía la historia. ¿Qué hubiéramos pensado si Felipe Calderón decidiera seguir el ejemplo de la Gobernadora de Yucatán para realizar su Informe Ciudadano el 1 de diciembre, cuando inició su gobierno, convocando a una gran fiesta en el Zócalo? ¿Qué hubiera dicho entonces mi partido, el PRI, y los otros? En uno —el Presidente— y en otra —la Gobernadora— hay un elemento común: el propósito de “darle la vuelta al Congreso” en su función de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, volverla “chiquita”, intrascendente.

La fuerza de la oposición mayoritaria frustró el intento del Gobierno Federal. En Yucatán, sólo la fortaleza de la sociedad puede reconducir el camino de la rendición de cuentas a la que está obligada la titular del Poder Ejecutivo.— Mérida, Yucatán.